En los últimos días, se ha difundido con profusión las palabras y argumentos de uno de esos padres, el conocido Mago More, pero son muchos otros los mensajes que han sido dirigidos a la ministra. Los de algunos de los niños que se benefician de esta escolaridad.
Estos son algunos de ellos.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEstas peticiones, tan emotivas como sinceras, necesitan de una explicación más abundante.
Ante la llamada de alarma de los partidarios de mantener los centros de educación especial la pasada semana, cuando parecía que se agotaba el plazo de enmiendas a la nueva ley educativa que incluye la intención de desmantelarlos en 10 años, el Ministerio de Educación se apresuró a negar la mayor. Sin embargo, la ministra Isabel Celaá ha dejado rastro evidente de sus intenciones tanto en el Senado como en el Congreso, hace más de un año.
«Segregación»
En diciembre de 2018, aseguró en el Senado: «El objetivo del Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesarios para que el alumnado que actualmente está escolarizado en los centros en esos centros específicos pueda incorporarse progresivamente en centros ordinarios».
En dicha comparecencia, añadía: «Somos conscientes de que este proceso es muy complejo y muy costoso porque implica la transformación no sólo de los centros de educación especial, sino también de los centros ordinarios».
Una semana después, en el Congreso de los Diputados, Celaá tildó de «segregación» la situación de los alumnos de centros de educación especial y reiteró su intención de «hacer una transformación significativa» de estos centros. Y añadió: «un 17% de nuestro alumnado todavía está escolarizado en centros de educación especial cuando, según los equipos técnicos, podría estar en centros ordinarios».
La plataforma ‘Inclusiva sí, especial también’, refiere que la ministra aseguró durante una reunión mantenida el pasado 29 de enero que «no hay ninguna intención del Gobierno de cerrar los colegios de Educación Especial» y que «no hay ninguna intención de transformarlos en centros de referencia». Al tiempo, Celaá aseguró que «la prioridad del Gobierno es reducir el porcentaje de alumnos en educación especial».
Por otro lado, la plataforma denuncia que las intenciones de desmantelamiento de los centros de educación especial queda aún más claro si se tiene en cuenta que en la memoria económica que acompaña al proyecto de ley de la LOMLOE «no se prevé incremento de gasto» para ejecutar la disposición adicional cuarta de la ley en la que se apunta al desmantelamiento de los centros de educación especial en diez años.
Estos y otros argumentos son planteados por los padres de alumnos y profesionales que atienden la educación especial y que la ministra Isabel Celaá parece ignorar a tenor de lo reflejado en el proyecto de ley.
