El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española ha advertido de que la asignatura de religión «no puede ser sustituida por una ética del estado impuesta por los poderes públicos», después del anuncio realizado por la ministra de Educación, Cultura y Deporte, Isabel Celaá, de que esta materia dejará de contar para la nota media y de que habrá una asignatura obligatoria valores éticos y cívicos.
Los prelados españoles, que se han mostrado «profundamente» preocupados por este anuncio y también por los cambios que se quieren acometer en la educación concertada, han subrayado en un comunicado que la asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo. «Es necesaria para una formación integral de la persona, según la libre decisión de los padres, y no puede ser sustituida por una ética del estado impuesta por los poderes públicos», subrayan.
«Son derechos inalienables de la persona humana, reflejados en nuestra constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados internacionales a los que España se ha adherido», advierten en relación a ambas medidas. En este sentido, aseguran que los padres tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos y puntualizan que el sistema educativo, que engloba la educación pública, concertada y privada, es un «sistema consolidado» en el ordenamiento español, que «respeta la libertad de elección de los padres».
Apelan al espíritu de la Transición
Por otro lado, consideran «importante y necesario» en estos momentos, reivindicar el papel de la Transición española que se plasmó en la Constitución de 1978, con el consenso de todas las formaciones políticas y sociales. «Deseamos que el espíritu de la Constitución no sea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social», advierten.
El presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo de Segovia, monseñor César Franco, afirmó este miércoles que las declaraciones de la ministra «contradicen el derecho a la libertad de enseñanza asegurado por la Constitución, y la obligación de los poderes públicos a ayudar a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca».
Así lo advirtió en declaraciones a Europa Press, en las que defendió que «los padres son los principales educadores de sus hijos y tienen derecho a darles la formación religiosa y moral según sus propias convicciones». «De ahí la necesidad de que existan centros educativos diversos», subrayó.
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