El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha defendido este martes en Twitter la implantación en España del denominado «cheque escolar», un sistema de financiación por el que el Estado abona una cantidad de dinero a las familias por cada hijo en edad escolar para sufragar los gastos de escolarización en el centro que la familia elija.
«El cheque escolar, en Europa, garantiza una educación gratuita, sea de iniciativa privada o pública», ha señalado Omella en la red social.
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Suscríbete ahoraLa implantación del «cheque escolar» es una medida que Vox recogió en su programa electoral de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El partido apostaba por este sistema con el objetivo de «devolver a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio».
El obispo ha hecho, asimismo, una reflexión: «Si todos financiamos la educación con impuestos, ¿por qué limitar la libertad de los padres a escoger el modelo educativo de sus hijos? ¿Por qué penalizar la iniciativa privada?».
El derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos es, desde hace semanas, un asunto que ha soliviantado a la comunidad educativa debido a los ataques al alibertad religiosa que supone la LOMLOE, la reforma educativa también conocida como ‘Ley Celaá’, por ser su impulsora la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá.
La Ley Celaá contiene graves ataques a la libertad, imposiciones ideológicas y aberraciones pedagógicas que la plataforma MásPlurales ha retratado en 10 puntos:
- Supone volver a imponer una ley partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación.
- Pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.
- La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, por tanto, en los de iniciativa social o concertados.
- Vuelve a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación.
- Se crea una nueva asignatura de Educación en valores cívicos y éticos. Otra Educación para la Ciudadanía no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.
- La LOMLOE abre la puerta a la inclusión de un representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros. Supone una interferencia en el ideario y proyecto educativo de los centros y la creación de un “comisario político”.
- La LOMLOE insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Es inevitable que al ver esta insistencia en los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la Ministra Celaá, de que “los hijos no pertenecen a los padres”.
- La LOMLOE abre la posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación educativa.
- La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores, en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad, hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias… sin margen para los centros.
- La LOMLOE cuestiona la supervivencia de los centros específicos de educación especial. Inclusión, Sí… Especial, también. Otro límite a la Libertad de Enseñanza.
Desde su aprobación en el Congreso, el presidente de la CEE y cardenal arzobispo de Barcelona ha utilizado Twitter para reflexionar sobre la LOMLOE y para pedir, de paso, un Pacto Educativo Global.
«Todos los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada, asumen un compromiso social con la educación y llevan una escolarización sin exclusiones. ¿Por qué negar la libertad y eliminar la riqueza de la complementariedad?», escribió este lunes, solicitando un acuerdo por la Educación.
En este sentido, solicitó a los políticos «que no enfrenten a la iniciativa pública y a la privada en el campo de la educación», pues «siempre han trabajado de forma complementaria respetando la libertad de los padres y el bien de los hijos».
Precisamente, sobre la ‘Ley Celaá’ se manifestó la Conferencia Episcopal el pasado viernes en una rueda de prensa ofrecida por el secretario general y portavoz de la institución, Luis Argüello.
En ella, Argüello aseguró que los obispos españoles estarían dispuestos a apoyar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación. «Estamos dispuestos a poder apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de anticonstitucionalidad si definitivamente la ley aprobada tiene estos aspectos anticonstitucionales, pero insisto en el deseo, mientras no se acabe este tramo de elaboración de la ley, en seguir insistiendo en la posibilidad de mejora, de pacto y de diálogo», precisó.
De momento, tanto PP, como Cs y Vox ya han ido anunciando estas semanas atrás que recurrirían la ‘Ley Celaá’ ante el Tribunal Constitucional (TC) en caso de que se apruebe.
