Alejandro Ordoñez Maldonado, exprocurador de la República es, junto a los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, uno de los líderes del vasto movimiento ciudadano que rechazó el falso paz con la guerrilla de las FARC.
Ordoñez fue procurador general de la República de Colombia de 2009 a 2016, y es conocido en Colombia por su combate intransigente contra la corrupción y el narcotráfico. Destituyó, suspendió e inhabilitó a diversos altos funcionarios, ministros, gobernadores, alcaldes y congresistas de diversos partidos durante su gestión como procurador.
En esta entrevista analiza el “No” de los colombianos a la falsa paz de las FARC, señala que el “nuevo acuerdo”, firmado en Bogotá por el presidente Santos y por Timoleón Jiménez, por parte de las FARC, es una farsa, y cree que al pueblo no le queda otra alternativa que salir a la called y pedir un referéndum.
¿Le parecen satisfactorios los nuevos acuerdos del gobierno colombiano y las FARC?
No. Infelizmente no. El presidente Santos afirma que las reivindicaciones de los críticos a los acuerdos originales fueron integradas, pero no es así. Son unos acuerdos maquillados. Pocas cosas fueron integradas, en general las más periféricas. Algunas fueron colocadas de forma explícita, otras de forma ambigua quedando fragilizadas. Los aspectos esenciales quedaron fuera.
Por ejemplo ¿qué quedó fuera?
Las líneas rojas que señaló el pueblo colombiano en el plebiscito del pasado 2 de octubre, son las razones por las que la mayoría votó por el “no”.
Primero, quedó fuera la garantía de justicia. La nueva redacción de los acuerdos sigue ofreciendo impunidad a los criminales de guerra, a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidios. Tal como el texto fue firmado no tendrán pena de reclusión, no pagarán un solo día de cárcel. Esto es injusto y muy grave.
Después, no queremos que el narcotráfico se presente como conexo con los delitos políticos cometidos por las FARC.
¿Por qué?
Porque los acuerdos permiten que las actividades de cultivo y tráfico de drogas ilícitas realizadas por los guerrilleros durante décadas sean amenizadas al considerarlas una herramienta que usaron para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada. Esto es impunidad y abre un precedente peligroso. Además, la fortuna de las FARC financiada por actividades criminales no será entregada a sus víctimas.
¿Y la ideologia de género fue retirada?
No. La ideología de género continua apareciendo en los nuevos acuerdos, aunque se modificaron o se suprimieron algunas expresiones, se trata solo de cambios superficiales. A mi como padre, así como a la mayoría de los colombianos, nos preocupa como el Gobierno desde hace varios años ha pretendido utilizar las políticas públicas para imponer esa ideología y adoctrinar a nuestros ninos. Lo ha hecho de forma insistente y sistemática. Ahora, pretende aprovechar los acuerdos con las FARC para elevar a norma constitucional los principios de esa perspectiva ideológica impactando en la familia, el matrimonio, la niñez, la filiación, la adopción, la autonomía y libertad de los padres da familia.
¿Por qué Santos y ahora las FARC insisten en este punto? Podrían haber retirado el tema y ganar el apoyo de un amplio sector de la poblacion.
La intención es clara. Pretenden desarrollar una amplia reingeniería social a partir de una nueva antropología, es todo un proceso de revolución cultural con el que desean darle la vuelta a la sociedad como se le da vuelta a un calcetín. Es la conocida la propuesta de revolución cultural de Antonio Gramsci: primero la cultura y lo demás viene por añadidura.
Usted dijo que esto implicaria hacer cambios en la Constitución…
Si. Este es otro punto que no ha sido retirado de los nuevos acuerdos. Tanto para insertar la ideologia de género como para hacer efectivas otras propuestas de los acuerdos son necesarias reformas profundas en la Carta Magna. Nosotros no queremos que la Constitución sea modificada. Tenemos la firme convicción de que para establecer un acuerdo de paz no es necesario modificar la ley fundamental del país. Y menos de la forma que lo quieren hacer.
Santos no trata de someter los criminales al imperio de la ley, sino someter la ley y la sociedad a los criminales
Al leer los acuerdos uno se queda con la impresión de que abren el camino a se que las FARC sean una fuerza política con goce de privilegios.
Efectivamente, ese fue siempre uno de los propósitos explícitos del Gobierno cuando inició las conversaciones para el proceso de paz. El presidente Santos no trata de someter los criminales al imperio de la ley, sino someter la ley y la sociedad a los criminales. La versión que el Gobierno ha dado en el concierto internacional es muy diferente a la realidad que vivimos en el país.
¿Y las víctimas y sus familias?
En este proceso se privilegió al victimario y se sacrificó a la víctima.
¿A qué atribuye la decisión de Santos de firmar los acuerdos de forma tan rápida?
Santos nunca quiso aceptar los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Nunca se resignó a que el primer acuerdo haya sido rechazado integralmente por los colombianos. Su gobierno es cada vez más autoritario, no le interesa respetar las normas y las leyes de la democracia. Con la firma de los acuerdos, Santos prefirió proteger a las FARC y no a los colombianos. El primer acuerdo lo hizo sin los colombianos y el segundo acuerdo lo hizo contra los colombianos.
Esta es una afirmación muy fuerte…
Pero verdadera.
Santos dice que ha apostado por el diálogo como instrumento político ¿Dialoga con algunos e ignora a otros?
El presidente Santos es un gobernante muy atípico porque con los únicos que dialoga es con los que están de acuerdo con él, durante todo su gobierno. En este proceso, se ha caracterizado por ser sordo a las críticas de cualquier sector social o político.
El Gobierno de Santos usurpa el legítimo derecho del pueblo a refrendar para entregárselo a un Congreso incompetente para ello
El presidente afirma que no habrá otro plebiscito, que será el Congreso quien sancione los acuerdos. ¿Es esa una vía adecuada?
No. Los únicos que podrían refrendar los acuerdos serían los propios colombianos, el pueblo, mediante un plebiscito, un referendo o una asamblea constituyente. El Congreso no tiene ni la competencia constitucional ni la legitimidad política para hacerlo. El Congreso fue uno de los derrotados el pasado 2 de octubre, 90% de los senadores fueron derrotados, 80% de los representantes fueron derrotados. Lo que hace el gobierno es usurpar el legítimo derecho del pueblo a refrendar para entregárselo a un Congreso incompetente para ello.
De las tres opciones que me indica ¿cuál considera la forma adecuada de sancionar los acuerdos?
A través del plebiscito o del referéndum.
Si Santos envia los acuerdos al Congreso ¿cree que allí serán aprobados?
Sin duda alguna, porque el Gobierno tiene mayoría en el Congreso. Actualmente en nuestro país el Legislativo es un apéndice del Ejecutivo; desde hace mucho tiempo el sistema de pesos y contrapesos no funciona, nuestros legisladores han sido cooptados por el control presidencial.
¿Y qué pretenden hacer?
El Gobierno de Santos está cerrando los espacios institucionales de diálogo y participación. La firma de los acuerdos sin consultar al pueblo ha quebrado nuestro ordenamiento constitucional al desconocer la regla de oro del sistema democrático.
Hemos demostrado dos veces que no aceptamos imposiciones injustas: cuando millones de padres protestaron con la Ideología de Género y el No del referéndum contra los acuerdos
¿Y al pueblo qué le queda?
Nos corresponde protestar en las calles y recoger firmas para convocar un referéndum.
¿Está vd. convencido de que reaccionará así?
Los colombianos hemos demostrado recientemente en dos oportunidades que no aceptaremos imposiciones injustas del Gobierno. Lo demostramos el pasado 10 de agosto, cuando salieron a las calles millones de padres de familia ante la amenaza de una cartilla que se anunciaba como obligatoria en los colegios y que contenía los princípios de la ideología de género.
Lo demostramos también el 2 de octubre cuando derrotamos los acuerdos, no solamente por razones jurídicas o políticas, sino también por razones morales. Estamos consientes de la amenaza que enfrentamos y hemos pedido a Dios en nuestras oraciones que nos de la fortaleza necesaria para dar estas batallas, totalmente necesarias en la vida publica. Estamos organizados y lo estamos logrando.
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