Jesús Muñoz de Priego Alvear, Premio HO 2004, es abogado y asesor jurídico de congregaciones religiosas, titulares de centros educativos concertados y fundaciones y entidades sociales, a través de su despacho profesional.
Coordinador y portavoz del Observatorio por la Libertad de Enseñanza en Andalucía (OLEA), es también autor de múltiples ponencias y artículos en revistas especializadas y obras colectivas sobre temas educativos.
Tras sus obras Libertad de enseñanza y concierto educativos (FERE-CECA, 2009) o Procesos de ruptura matrimonial y su incidencia jurídica en los centros educativos (Fundacion Edebé, 2013), presenta ahora su último libro, En defensa de la libertad de enseñanza. Nuevos (y antiguos) fundamentos para su reconocimiento jurídico y social (Escuelas Católicas, 2015).
¿Existe de hecho libertad educativa en España?
Existe su reconocimiento constitucional en el artículo 27 de la Constitución Española que la recoge de forma genérica e incluso en acepciones más concretas, como la libertad de creación de centros o la libertad de elección de la formación religiosa y moral de los hijos, de acuerdo con las convicciones de los padres. Esto es un buen punto de partida.
Otra cosa es que en la práctica se esté atendiendo suficientemente o que su tratamiento sea absolutamente dispar dependiendo de la comunidad autónoma o, incluso, que haya quien empiece a cuestionar el consenso que supuso este artículo del texto constitucional y que fue tan complicado obtener.
«El sistema educativo siempre está en el juego ideológico porque ha sido un instrumento privilegiado de control social»
¿Qué urge para acabar con las amenazas y violaciones a este derecho fundamental de los padres a decidir libremente sobre la educación de sus hijos?
Hay un elemento básico y previo que es el fundamental: reconocer y respetar que los primeros responsables de los hijos son los padres y, por tanto, también de su educación. Nadie debe sustituirlos en eso. Menos el Estado o las administraciones públicas, gobierne quien gobierne.
Fíjese, la educación siempre tiene un marcado componente ideológico. Es más, cuando a la escuela se le viene pidiendo que se implique en la formación integral del alumno, cuando la propia Constitución dice que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad, parece que incluso es bueno que ese aspecto axiológico se dé en la escuela, en lugar de dejarlo en manos más descontroladas, como los medios de comunicación y las redes sociales.
Entonces, ¿dónde reside el problema?
El problema no está en que la escuela sea ideológica, porque siempre lo es, lo ha sido y lo será. Toda la escuela tiene un ideario, ofrece una cosmovisión.
El problema está cuando este aspecto se oculta. Los hijos acaban yendo a una escuela con ideario, como todas, pero en la que éste no es explícito y, por tanto, no escogido libremente por los padres, sino impuesto por los poderes públicos.
¿Es misión imposible tratar de sustraer la educación del juego ideológico y del baile de leyes según el gobierno de turno, para centrarnos en la calidad y en la libertad?
El sistema educativo siempre está en el juego ideológico porque ha sido un instrumento privilegiado de control social y de reproducción o de transformación del sistema. Por ello es normal que el Estado, al igual que cualquier otra institución, quiera participar y hasta dominar el sistema educativo. No tiene sentido negarlo.
Ahora bien, en un sistema democrático lo que no cabe es que las administraciones educativas se aprovechen de su función de fijar las reglas del juego para imponer su ideología, por mucho que pretenda hacerlo quien ha ganado legítimamente en las urnas.
El Estado nunca debe sustituir a los ciudadanos.
Muñoz de Priego denuncia que el problema existe cuando el componente ideológico inherente a la educación «no es escogido libremente por los padres»
¿Cuáles son las grandes carencias o ausencias que impiden actualmente un gran pacto nacional por la educación?
Ojalá pudiera decirle que el problema está en la existencia de dos modelos educativos claramente diferenciados en cuanto a la libertad de enseñanza. Pero no es así.
En realidad sí que hubo dos modelos hasta 1985, cuando se publicó la LODE, y ambos respondían, para explicarnos de forma básica, a una diferente concepción del principio de subsidiariedad.
Así, existía un modelo basado en una interpretación del principio de subsidiariedad original o inicial, en el que la Administración sólo debía actuar en la prestación del servicio esencial allí donde no llegara la sociedad, a fin de garantizar el derecho a la educación.
Frente a esta propuesta, que primaba a la sociedad frente al Estado, surge el modelo en el que los poderes públicos deben prestar la actividad y, allí donde no lleguen, se tolera la actuación de la sociedad.
Con la LODE ganó esta interpretación que ya no ha vuelto a ser cuestionada. De hecho, la LODE sigue en vigor.
La diferencia entre las distintas leyes no ha sido tanto ideológica como en temas más pragmáticos: materias del currículum, evaluación y promoción del alumnado, sistema de control externo…
¿Qué se requiere entonces para lograr este Pacto de Estado estable por la Educación?
Lo primero es que nuestros políticos tengan altura de miras, sean hombres de Estado y lo demuestren. Para ello deben prescindir de sus intereses electoralistas a corto plazo en beneficio del interés público.
Lo segundo es que las leyes se hagan contando, escuchando y dialogando con los profesionales de la educación que son quienes deben implantar las reformas.
Y lo tercero es la búsqueda del consenso con los otros grupos políticos. En un sistema de democracia representativa la estabilidad la va a dar el pacto con los otros, al menos en los mínimos. En este sentido, me preocuparía que el pacto no partiera del consenso previo que supone el artículo 27 de la CE.
Cheque escolar: «Es interesante, pero para ser empleado requiere aún de un estudio previo de aplicación y concreción en nuestro sistema educativo»
Con el panorama político actual, ¿es posible este Pacto?
Hoy todos los grupos políticos y todos los programas electorales hablan de pacto y acuerdo educativo, pero a renglón seguido hay partidos que optan por una escuela pública y única, como modelo excluyente, como hacen Podemos o IU, o que inciden en hacer desaparecer la asignatura de religión, mayoritariamente elegida por los padres, como hace el PSOE.
Es evidente que con estas posturas radicalizadas parece que se autodescalifican para el diálogo y la búsqueda de un acuerdo.
¿Cómo favorecería la implantación del cheque escolar la libertad educativa?
Como concepto es interesante y puede tener sus ventajas, indudablemente, pero tiendo a ser cauteloso y para ser empleado requiere aún de un estudio previo de aplicación y concreción en nuestro sistema educativo. Esto está por hacer y sería bueno para valorar su consistencia como alternativa.
Lo más concreto que he visto al respecto es en el programa electoral de Vox, pero obviamente un programa electoral no puede desarrollar un estudio en profundidad ni puede sustituirlo. No puede improvisarse en estos instrumentos.
¿Qué decir sobre los conciertos?
Yo soy crítico con el régimen de conciertos educativos actual. No con el sistema en sí, sino con su aplicación. Siendo un sistema hecho para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y su elemento nuclear, que es el ideario del centro, en su aplicación normativa se están provocando límites al desarrollo de ese ideario, en una paradoja absoluta.
Tiene su lógica, porque el régimen de conciertos se ha desarrollado por un partido, como el PSOE, que no opta por favorecer la libertad de enseñanza.
Pero el sistema de concierto educativo puede corregirse y ser útil para garantizar principios como la estabilidad de los centros, el sistema educativo y, sobre todo, la equidad y la gratuidad.
Entonces, el cheque escolar y los conciertos ¿son los bastiones fundamentales para el desarrollo la libertad educativa?
Mientras que esté siendo cuestionada la libertad de enseñanza, y créame que lo está, debemos centrar nuestro esfuerzo en defenderla, más que en fijar el instrumento que mejor permita su desarrollo. Esto vendrá después.
Sería nefasto que entre quienes defienden la libertad de enseñanza se produjeran disputas y división sobre el sistema de financiación concreto. Igual mientras debatimos sobre el instrumento de financiación ya no hay qué financiar.
A través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una violación de la libertad religiosa en favor de la imposición de la ideología laicista. ¿Qué cabe hacer ante ello?
Jamás había visto que explícitamente en tantos programas electorales se hablara de una opción por el estado laico y tan semejante en su contenido. Me preocupa además que se plantee como si fuera una evolución natural de nuestro marco constitucional. Como si fuera una consecuencia lógica de la separación Iglesia-Estado. Hoy en día todo el mundo defiende esta separación, pero el estado laico no es su corolario.
Por el contrario, el estado laico que se propone, supone una ruptura con el consenso constitucional. La opción de la Constitución Española no fue por un estado laico al estilo francés, sino por un estado aconfesional y el reconocimiento y tratamiento del hecho religioso de manera particular.
Es lo que se conoce como laicidad moderada. Yo creo que este modelo sigue respondiendo más a la realidad de la sociedad española.
En la educación esto se concreta en que se ha pasado, como si tal cosa, de hablar de una escuela pública neutra (aunque la neutralidad en temas ideológicos o religiosos no es posible) a hablar de una escuela pública y laica.
«Que la sociedad civil asuma protagonismo, que exija, que denuncie, me parece signo de una democracia madura»
¿Cómo valora en este sentido el activismo ciudadano, que ha tomado decididamente un lugar protagonista en la lucha por la libertad educativa, con plataformas como ChequeEscolar.org o Mis Padres Deciden?
Me parece fundamental y un ejercicio de democracia sanísimo. Que la sociedad civil asuma protagonismo, que exija, que denuncie, me parece signo de una democracia madura. Es necesario generar debate social sobre la libertad de enseñanza y que los ciudadanos sepan que nos jugamos el ejercicio de una libertad pública.
La libertad de enseñanza no obliga a nadie, solo posibilita la elección y su vinculación al principio de gratuidad hace que esa elección pueda ser ejercida por cualquiera.
Ante la situación de incertidumbre y difícil gobierno que se abre en España tras las elecciones generales del pasado domingo, ¿qué cabe esperar?
El libro En defensa de la libertad de enseñanza lo empezamos con la frase: “La libertad de enseñanza está cuestionada”.
Y afirmamos que esto sucede no sólo por las leyes restrictivas, por su aplicación práctica y la injerencia de las Administraciones o las campañas de descrédito y desprestigio que a veces se lanzan contra la enseñanza de iniciativa social, sino porque se están olvidando los fundamentos para su defensa. Y en ello el libro pretende hacer una humilde aportación.
Los consensos que hasta ahora hemos tenido, incluido el procedente del marco constitucional, pueden ser contestados y rebatidos: es legítimo. Pero ese debate debe hacerse con conocimiento de los fundamentos contrapuestos y con la presencia de todos.
Finalmente, lo que es más fundamental ante este futuro político incierto: ¿qué cabe hacer, como ciudadanos?
Es fundamental dar la batalla de las ideas. Pero es evidente que eso los lectores de este medio ya lo tienen interiorizado. Esto es venir a predicar a los convencidos.
En educación, pediría que no nos dejemos arrebatar el ejercicio de una libertad de los ciudadanos para que sea la Administración la que decida la educación de nuestros hijos según las convicciones del gobierno de turno y no las nuestras.
Intelectualmente resulta difícil poder justificar que es mejor restringir la posibilidad de elegir o que, sobre todo en democracia, es mejor que otros elijan por uno, imponiendo un modelo único.
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