Los defensores de la libertad educativa en España se han enfrentadoen los últimos tiempos a una serie de retos cuya magnitud sólo es comparable – y tal vez se queda corta- con la batalla social librada ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía años atrás.
En losúltimos tiempos, en especial a través de las leyes de género y los ataques a la enseñanza de iniciativa social, hallevado a padres, profesores, alumnos y otras entidades relacionadas con la defensa de este derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española a movilizarse.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLo han hecho con especial fuerza en la Comunidad Valenciana, donde se han producido varias manifestaciones y campañas. En las últimas semanas ha cobrado especial relevancia la iniciativa #YoElijo, que pretende la difusión de un manifiesto en el que se defienden la libertad educativa como un pilar fundamental de la democracia que beneficia a todos.
Actuall ha conversado con el portavoz de la iniciativa, Vicente Morro.
¿En qué consiste la campaña #YoElijo?
La campaña parte de un manifiesto que publicamos el 31 de octubre del año pasado unas cuantas entidades del ámbito educativo, que aprovechando el 40 aniversario de la Constitución Española y el 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, queríamos recordar que la libertad de educación es un derecho fundamental, que no se trata de ningún privilegio ni de ningún capricho, sino que lo que estamos reclamando es el ejercicio de unos derechos reconocidos en estas normas y otras muchas y además ratificados por sentencias de diversos tribunales.
Este manifiesto acababa con un llamamiento a una concienciación social. Una participación, una defensa de estos principios y la puesta en práctica de este llamamiento final es la campaña #YoElijo que tiene un triple ámbito: centros educativos, con la recogida de fotos que se están subiendo a las redes sociales; las propias redes sociales para generar debate y concienciación social y un conocimiento sobre estas reivindicaciones; y el ámbito de los medios de comunicación para que llegue al mayor número de gente y para que se genere un debate más de contenidos, más profundo con artículos de opinión.
¿Cuántas personas se han adherido al manifiesto?
Estamos ahora en torno a unas 18.000, entre firmas en la web y en papel. Tiene esta doble vía porque hay mucha gente que no tiene acceso fácil a rellenar un formulario en internet. No tiene ningún objetivo concreto puesto que no se trata de una iniciativa legislativa, ni tiene unos parámetros específicos. Simplemente se trata de sumar cuantas más adhesiones mejor, pero no hay ninguna preocupación de cuantía en este sentido.
En todo caso, ¿las van a entregar en algún sitio ahora que se acercan numerosas elecciones?
La campaña estaba pensada en principio para unos tres meses. Empezó el 5 de febrero y nos habíamos planificado en febrero, marzo, abril… En mayo ya empieza en la Comunidad Valenciana, que es de donde parte la campaña, el proceso de admisiones y nuestro calendario era este: hacer una movilización, una concienciación antes de que empezara el proceso de admisiones con independencia de las cuestiones políticas.
Cuando ya habíamos lanzado la campaña se convocaron las elecciones generales y después las autonómicas. Probablemente la alarguemos un poco o la acortemos un poco, pero en cualquier caso el objetivo es la concienciación con independencia de cualquier tipo de campaña política. Valoraremos lo que procede. Al final probablemente habrá un acto público, pero no una entrega específica de las firmas. La Administración ya sabe que esto está en marcha. De hecho el Consejero ya ha criticado cuando quería criticar. En ese sentido el “acuse de recibo» ya lo han hecho.
¿Qué tiene la Comunidad Valenciana para ser el epicentro de este movimiento?
Pues todos los ingredientes negativos que se pueden concitar en esta cuestión. Tiene por una parte el aspecto común a todas las Comunidades Autónomas y a todo el conjunto de España, de las políticas trasnochadas en educación del Partido Socialista y de otros partidos y sus mantras: escuela única, escuela pública, escuela laica, el dinero público para la pública, etc.
Mantras que le sirvieron al Partido Socialista para levantarse de la mesa del pacto educativo tres o cuatro veces a lo largo de la legislatura. Al final lo que se plasmaba en el proyecto de ley de la ministra Celáa es esa concepción estatalista y casi decimonónica de la educación.
«La comunidad educativa es un poco reacia a las grandes movilizaciones salvo cuando no hay más remedio»
En la Comunidad Valenciana además se suma la cuestión del nacionalismo de Compromís y de otros, Partido Socialista incluido. Esto ha hecho que las políticas educativas aquí hayan sido más radicales. No sabemos si por miedo a estar sólo una legislatura y que no les dé tiempo a hacer cambios. Pero la verdad es que ha habido una serie de cambios muy radicales en los que no se ha querido ningún tipo de diálogo con determinados sectores de la comunidad educativa y por lo tanto han sido políticas impuestas, muchas de ellas con precipitación. Luego les ha tocado rectificarse a ellos mismos y otras veces por las sentencias de los tribunales que señalaban que no era ajustado a derecho.
Están recorriendo colegios, dando charlas para compartir sus inquietudes. ¿Cómo está siendo la acogida de la iniciativa por parte de los padres?
Normalmente la comunidad educativa es un poco reacia a las grandes movilizaciones salvo cuando no hay más remedio. De hecho en la Comunidad Valenciana hemos tenido grandes manifestaciones. La gente no es muy proclive a moverse, pero cuando das un mensaje claro y lo que dices son cuestiones que a la gente le interesa y les pueden afectar, la respuestas es positiva.
Sobre todo en las redes sociales está habiendo mucha respuesta de los centros educativos, de los claustros de profesores, etc. Hay una serie de actividades que demuestran que aunque a la gente no le gusta tener que estar todo el rato reivindicando estas cuestiones, sí que sabe que cuando hay una voluntad de restringir estos derechos, ahí está la respuesta ciudadana y está siendo muy positiva.
¿Por qué está en riesgo la libertad educativa en España?
Porque hay dos modelos educativos que se confrontan totalmente. Hay un modelo que es estatalista, que piensa que la educación ha de ser solo patrimonio del Estado y que impone no solo el tipo de centros, sino el tipo de contenidos educativos. Esto restringe la libertad de educación y que los padres puedan elegir un modelo conforme a sus convicciones ya sean religiosas, morales, filosóficas o pedagógicas. Por ejemplo, el modelo de educación diferenciada, que está siendo atacado y criticado.
«Por supuesto. Las leyes de género son un peligro a tener en cuenta de forma especial»
Hay una corriente que pretende que la educación sea patrimonio exclusivo del Estado. Probablemente habría que irse atrás en el tiempo, cuando Mitterrand decía que había que «copar las conciencias de los alumnos para que las nuevas generaciones fueran de otra forma». A lo largo de la historia ha habido varios planteamientos que entienden la educación como una fuente de adoctrinamiento y de una cierta ingeniería social para construir un nuevo tipo de sociedad y de persona a partir de la imposición de determinados criterios en la educación.
Frente a esa concepción tenemos otras que, bien de tipo más liberal, que no aceptan esas imposiciones ideológicas o de tipo religioso, que tiene su propia concepción del hombre y que tampoco acepta que sea impuesto un pensamiento único y una sola visión de la persona y que haciendo uso de ese derecho que se reconoce presenta su oferta educativa a la sociedad.
Al final, en muchos planteamientos políticos subyace una concepción de la sociedad en la que el estado tiene que ser todo y quien más molesta es la familia y quien la apoya, que normalmente suele ser la religión.
¿Las leyes de género son un peligro a tener en cuenta de forma especial?
Por supuesto. Aquí en la Comunidad Valenciana en la medida en que ha sido posible las hemos denunciado, las hemos intentado llevar al Tribunal constitucional, hemos hecho alegaciones en las Cortes, hemos comparecido en las comisiones cuando se han tramitado… Evidentemente cuando hay una mayoría parlamentaria que es la que es note hacen caso pero ha quedado de manifiesto que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con esas concepciones y hemos utilizado todos los medios a nuestro alcance.
Es verdad que en la cuestión de las leyes es más complicado, porque el único recurso ante una ley es de inconstitucionalidad, que sólo lo pueden interponer el presidente del gobierno, 50 diputados o senadores o el defensor del pueblo y en este sentido contra este tipo de leyes de género pues ni antes ni ahora hemos tenido éxito.
De hecho, desde la Federación católica de padres hemos presentado una petición al defensor del pueblo frente a estas leyes y nos la ha desestimado. Pero como ciudadanos hemos ejercido todos los derechos y todas las medias que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición. Consideramos que hay una intromisión ideológica. El cardenal de Valencia se ha pronunciado en muchas ocasiones en relación con estas cuestiones y la verdad es que es una preocupación por lo que tiene de invasión del ámbito educativo que debería estar reservado a la familia.
Algunos podrían alegar que las amenazas a libertad educativa, esas dos concepciones de las que hablaba sólo afectan a los dos millones de alumnos de la escuela de iniciativa social ¿Es así o afecta a todos?
Afecta a todos, evidentemente. De hecho en la campaña #YoElijo no estamos hablando exclusivamente de la educación concertada, sino de libertad de educación para todo el mundo. Y citamos expresamente el deber de neutralidad de la Administración Pública en especial en los centros educativos, que no se cumple. De hecho el artículo 18 de la LODE y sentencias del tribunal Constitucional exigen que haya una neutralidad ideológica en los centros educativos que no se cumple porque en la inmensa mayoría de los públicos tienen un determinado sesgo político o sindical.
Pero las familias que eligen un centro público, porque hay libertad para todos, también deben estar vigilantes para que no sean centros de adoctrinamiento, sino lo que tiene que ser un colegio, un lugar de enseñanza y nada más. Libertad para todos. Elijas el modelo que elijas las familias deben estar pendiente y vigilantes de los contenidos de la educación.
Hablemos en positivo. ¿En qué beneficia la libertad educativa a la sociedad y en concreto la educación concertada que es el modelo alternativo al público que está accesible a todo el mundo?
Beneficia porque los centros concertados son los que ofrecen la posibilidad de que ese derecho constitucional y fundamental, pueda ejercerse. Si sólo hubiera un tipo de centro, los creados por el estado, no habría ninguna posibilidad de elección.
Son necesarios los centros concertados, ya sean religiosos o laicos. Por cierto: un 40% de los centros concertados no son confesionales y a veces se confunde la educación concertada con la educación religiosa. Y son dos cosas que no coinciden al 100%.
«Sin educación en libertad no hay democracia. ¿Quién podría hablar de un partido único o una prensa única? En educación pensamos lo mismo»
Los centros concertados son la posibilidad del ejercicio de ese derecho, tienen un coste inferior para las arcas públicas –aunque esto no sea lo fundamental, aunque sea cierto- y si lo que se pretende es que los ciudadanos puedan desarrollar su libertad, lo primero que debe haber es que se genere desde el principio, desde la educación. No podemos pretender que sean formados en un pensamiento único y que luego sean libres y críticos. Sino que se puedan formar en distintas opciones y concepciones pedagógicas o filosóficas.
Tanto desde el punto de vista teórico de los principios y la libertad, como desde el ámbito de la cuestión económica y material son beneficiosos.
Además, frente al tópico absolutamente falso de que los colegios concertados son elitistas que no deja de ser un mantra, la realidad nos demuestra que los hay en todos los barrios de las ciudades y con todo tipo de estructura social y alumnado en ellos.
En su manifiesto, hay una afirmación muy rotunda: “Sin educación en libertad no hay democracia”. A algunos puede sorprenderles, ¿podría explicarlo?
Este es el resumen de lo que hemos estado hablando. Sin educación en libertad no hay democracia en una doble vía.
Primero, porque si la Administración Pública se arroga el poder de educar y nadie más tiene derecho a ejercer esa función, estás imponiendo un pensamiento único, una enseñanza única; estarían en juego la libertad de cátedra… Si habláramos del ámbito de político y de los medios, ¿quién podría hablar de un partido único o una prensa única? Nadie. Consideraríamos que eso no es un régimen democrático. En Educación pensamos lo mismo. Si sólo se pude enseñar de una manera y sólo se puede en unos determinados centros, se está rompiendo la base de la democracia.
Y a largo plazo, si obligamos a ese pensamiento único, no va a haber ciudadanos que se enfrente en un futuro de forma crítica a su desarrollo en la vida social, en la vida política y en esa hipótesis no habría posibilidades de salir de esa situación de pensamiento único.
«Defenemos principios y derechos. No estamos reclamando privilegios ni un capricho personal»
Por tanto, tanto en el presente como a futuro, es necesario que haya distintas ofertas educativas para que la sociedad democrática pueda funcionar. Se está limitando la capacidad ejercer determinados derechos a una parte de la sociedad y eso también es acabar con la democracia.
Hablando de democracia. Estamos en periodo preelectoral. ¿Tiene intención de trasladar estas inquietudes a los partidos de cara a tener mejor conocimiento de cara al voto de sus propuestas en esta materia?
La campaña en principio no se ha planteado esta posibilidad porque cuando se planteó y se presentó no estaban las elecciones sobre la mesa. No tiene una concreta preocupación política, sino una cuestión de fondo de tipo cívico.
Sí es verdad que después de presentar el manifiesto hicimos una propuesta de presentación a los 9 sindicatos docentes que hay en la Comunidad Valenciana. Respondieron afirmativamente tres que acudieron a la reunión en la que explicamos nuestra posición. También lo hicimos con los cinco grupos políticos de las Cortes Valencianas y sólo respondió el Partido Popular. Los otros cuatro -Podemos, Compromís, Ciudadanos y PSOE- no quisieron aceptar esta oferta de presentación del manifiesto.
En todo caso, animamos a todos los ciudadanos a entrar en la página web, que conozcan el manifiesto y lo difundan en las redes sociales, porque pensamos que es de interés dar a conocer que lo que estamos defendiendo son principios y derechos. No estamos reclamando privilegios ni un capricho personal.