Rodrigo Iván Cortes, portavoz del Frente Nacional por la Familia, ofrece a Actuall un agudo análisis de la nueva Constitución de la Ciudad de México promulgada el 5 de febrero.
Considera que la Carta Magna es estatista, agrede la institución familiar y que, bajo el barniz de los derechos humanos, abre las puertas de la mayor ciudad del país a procesos revolucionarios semejantes a los que fueron implementados en Venezuela y en Cuba para consolidar a un grupo en el poder.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora¿Qué tipo de Constitución han recibido los habitantes de la Ciudad de México?
Nos han dado una Constitución demagógica que, a pesar de usar un lenguaje agradable y políticamente correcto no contempla verdaderamente a todos los que vivimos en esta ciudad. Privilegia minorías creándoles “nuevos derechos”, promueve la cultura del descarte, impone la ideología de género, destruye la subsidiariedad, es estatista y profundamente antidemocrática.
Vamos por partes: ¿es mejor o peor que el texto original propuesto por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera?
El texto original era extremadamente ideologizado. Fue preparado a petición de Mancera por un grupo de “notables”, entre los que estaban Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz , Juan Ramón de la Fuente, Alejandro Encinas, Guadalupe Loaeza, Clara Jusidman, entre otros. O sea, la izquierda mexicana en sus más diversos tonos.
No participaron otras corrientes de pensamiento y presentaba en bloque casi todas las reivindicaciones de su agenda ideológica: aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, legalización de la prostitución, restricciones a la patria potestad, limitaciones al derecho de propiedad y al patrimonio familiar, un ingreso básico universal a costas del erario público, etcétera. No era un documento plural ni contempla a todos los moradores de la Ciudad de México.
¿Y el texto promulgado?
El texto promulgado no es peor gracias a la acción valiente, perseverante y decidida de un reducido grupo de plural de legisladores constituyentes. Conseguimos que hubiera una amplia sinergia entre su acción parlamentaria y la articulación del movimiento ciudadano en favor de una Constitución para todos.
¿Quienes fueron esos constituyentes?
Fundamentalmente Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional (PAN); Lizbeth Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Alejandro Bustos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Aída Arregui, de Partido Encuentro Social (PES).
Ellos fueron los primeros y lograron liderar a sus bancadas en algunos temas introduciendo cambios significativos. Sin embargo, en forma alguna puede decirse que el documento final promulgado sea óptimo.
¿Por qué?
Porque infelizmente entró buena parte de la agenda que ellos llaman “progresista”. Además el texto contiene profundas contradicciones… es un rompecabezas cuyas piezas fueron montadas a la fuerza, sin encaje. Es lo que podríamos llamar en México, un “bodrio”.
La norma contiene, en germen, lo más parecido a los “colectivos bolivarianos”
¿Tiene algún eje conductor?
Sí, hay un elemento muy preocupante que da cierta unidad parte de los artículos constitucionales. Al leer la nueva Constitución puede verse con claridad que, si es aplicada, consolidará un modelo de gobierno generador de dependencia a través del condicionamiento de bienes públicos creando una clientela política para asegurarse la permanencia en el poder.
Esto es antisubsidiario, antidemocrático y fue priorizado con un posicionamiento muy radical por las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
¿Esta afirmando que la nueva Constitución tiene como propósito la continuidad de un proyecto de poder?
Sí, el proyecto de una izquierda radical, que se llama así misma “progresista” pero que en realidad es autoritaria y regresiva. Han creado “nuevos” derechos, en realidad falsos derechos, en detrimento de los verdaderos derechos fundamentales, para poder cooptar con fines políticos diversos sectores de la poblacion otorgándoles prerrogativas o beneficios económicos.
Dice usted que tiene ciertos paralelismos con lo que han hecho los gobiernos autoritarios de Cuba y Venezuela. ¿Cuáles?
El artículo 11, por ejemplo, dice que la ciudad promoverá la creación y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de sus derechos; esto implica financiamiento. Este principio fue aplicado en Venezuela y el resultado fueron los “colectivos bolivarianos”.
Formalmente estos colectivos son grupos con financiación pública dedicados a la promoción de la democracia y la cultura, pero en la práctica operan como un “brazo de la revolución” que comete actos ilícitos y propaga violencia contra quien discorda del régimen gozando de impunidad plena. Estos hechos están ampliamente registrados.
¿Qué más?
También es preocupante que la nueva Constitución otorgue una amplia autonomía a los llamados “pueblos originarios”. Quien conoce la Ciudad de México sabe no hay “pueblos originarios”. Es ridículo, pero cualquier grupo con trazos indigenas podrá ser cooptado con recursos y movilizado en función de los intereses del gobierno.
En la práctica se crearán pequeñas islas urbanas que podrán, por ejemplo, demandar derecho sobre el suelo para presionar a los constructores de la región, que quedarán a merced de eventuales chantajes del grupo en el poder.
Varios artículos de la nueva Constitución consideran familia cualquier tipo de unión afectiva, incluida la homosexual
¿Entró la agenda de género?
Si, como tema transversal que toca todas las áreas. Varios artículos de la nueva Constitución consideran familia cualquier tipo de unión afectiva. No se habla explicitamente de “matrimonio igualitario” ni de adopción por parte de parejas del mismo sexo, pero homologa cualquier unión al matrimonio lo que abre la puerta para que en la legislación secundaria se reglamente.
Además, presenta como nuevos derechos diversas reinvindicaciones de los colectivos LGBT, que son considerados como un grupo de atención prioritaria.
¿Y cómo es tratado el derecho a la vida?
No esta contemplado. Es importante señalar que conseguimos, junto con el grupo ya mencionado de constituyentes, bloquear la tentativa de que el aborto fuera proclamado “derecho” con rango constitucional.
A partir de allí intentamos que la Constitución, que se presenta como “garantista” de derechos, reconociera el más elemental y básico de todos: el derecho a la vida. Pero el bloqueo de la izquierda radical no permitió ni siquiera el sano debate al respecto.
¿Pero si se reconocen derechos a los animales?
Efectivamente. El artículo 13 reconoce a los animales como seres “sintientes”, y por tanto, con derechos. Establece la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, por que – dice el texto -, por su naturaleza son “sujetos de consideración moral”.
Si se aplicara ese mismo artículo a los bebés en gestación reconociéndoles ya no como humanos sino como animales “sintientes” tendrían derecho a que su vida fuera respetada.
Este argumento fue presentado por la legisladora Lizbeth Hernández al presidente de la Asamblea Constituyente, el ‘perredista’ Alejandro Encinas, en una última tentativa para que el derecho a la vida fuera reconocido y se percibiera la grave incoherencia. No tuvo éxito.
¿Y la eutanasia?
Se aprobó con el eufemismo de “muerte digna” como un derecho fundamental.
¿La legalización de la prostitución?
Quedó fuera.
¿Y el uso recreativo de marihuana?
También se consiguió bloquearlo. Sólo fue aceptado su uso medicinal y en conformidad con la legislación vigente.
¿Entraron otros aspectos polémicos?
Sí. La nueva Constitución pretende consolidar un modelo de gobierno generador de dependencia para crear de forma artificial, con recursos del erario, una clientela política que le permita al grupo gobernante la permanencia en el poder.
Todo el texto asume una visión muy estatista donde se debilita la subsidiaridad, no se promueve la economia y se obliga al Estado a dispensar muchísimos servicios a título de garantizar “derechos”.
¿Y hay dinero para ello?
Es evidente que no. No hay ningún cálculo de cómo se financiará con los costos de aquello que se quiere otorgar. Pero la Constitución permite al gobierno endeudarse para “garantizar derechos”.
Un dispositivo a través del cual pretendían recoger recursos era el llamado “impuesto de la plusvalía”, que felizmente fue retirado gracias a la presión ciudadana.
¿En qué consistía?
Si usted invertía en la compra de una casa o departamento para establecer su hogar, o con miras a tener un patrimonio familiar, y después de algunos años decidía vender el inmueble para con ese dinero poder realizar otra inversión, el gobierno de la ciudad se quedaría con parte significativa de lo que hubiera ganado en la venta.
La justificativa era “redistribuir” renta a los más pobres, pero en la práctica, el gobierno estaría arrebatando a una familia parte de su patrimonio, fruto de años de trabajo, para quedarse con ella. Es algo totalmente injusto que afectaba un derecho fundamental sobre la propiedad y vulneraba la certeza jurídica sobre la propiedad. Era un robo en despoblado.
¿El proceso aún no acabó?
No. Los próximos meses son de gran riesgo, pues van a intentar reintroducir todo lo que quedó fuera a través de la adecuación de la legislación secundaria: códigos, reglamentos, etcétera.
Es un hecho que maniobrarán en ese sentido. Ya lo anunciaron públicamente. Y lo más inquietante es que contarán con una configuración de la Asamblea Legislativa de la Ciudad que, de entrada, les brinda ventaja.
¿Y ustedes qué pueden hacer?
Por nuestra parte, consideramos que así como aconteció en la Asamblea Constituyente, donde comenzamos con 4 legisladores y al final había un bloque más amplio de 35 a 40, puede trabajarse buscando neutralizar las posiciones más radicales.
Además interpondremos acciones inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos y tendremos operando de forma sistemática un Observatorio de la Constitución para registrar y denunciar la instrumentalización de sus dispositivos y las violaciones a los verdaderas garantías y libertades fundamentales.
La Constitución trata de intervenir en la familia, siguiendo el modelo de Engels
Se les presenta un cuadro muy complejo
Sí. Como puede ver, el proyecto de constitución política plantea bajo el barniz de respeto a los derechos y con una perspectiva fuertemente estatista un daño muy completo a la família en sus elementos fundamentales y al tejido social como un todo.
¿No le remite a Engels?
Sí, claro. A “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”. Para él el origen de todas las contradicciones sociales está en la família. Por eso hay que regularla, intervenirla.
La nueva Carta Magna tiene elementos sumamente nocivos que atentan contra derechos fundamentales y que afectan a todas las familias de la ciudad, no sólo a algunas. Como podemos ver es una verdadera síntesis del progresismo más irresponsable que pueda verse hoy en día.
Por lo tanto, no podemos bajar la guardia, debemos intensificar la movilización ciudadana, y buscar sinergia con los políticos que se oponen a esta agenda radical, hay mucho colocado en juego.