El caso de Esperanza, la niña argentina que fue sacada del vientre materno a través de una cesárea con tan solo seis meses de gestación, porque el Gobierno y el lobby verde no pudieron abortarla, y que falleció cuatro días después, puede configurarse en un caso de homicidio simple.
Los responsables serían, en diversos grados, desde el gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, su ministro de Salud, una jueza de familia y el director del Hospital Materno Infantil donde se realizó la operación.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa evaluación es de Ángel Javier Romero, abogado de la Fundación Más Vida, que acompañó de cerca el caso de Esperanza coordinando a un equipo jurídico que interpuso dos recursos legales. El segundo fue el que impidió que se realizara el aborto. Actuall conversó con él, este es nuestro diálogo:
El 22 de enero falleció Esperanza. El comunicado del Hospital es breve y no indica la causa de la muerte. ¿Sabe usted de qué murió?
No. No sabemos la causa de su muerte y eso porque el hospital, desde un princípio, se encargó de armar un blindaje para que nadie pudiera tener información de lo que estaba ocurriendo.
¿Porque?
En primer lugar, porque fue una ‘bajada de línea’ del gobierno de la Provincia de Jujuy que intervino inadecuadamente en el caso. Luego, porque es una consecuencia generada por el fallo F.A.L., sobre el aborto no punible, emitido por la Corte Suprema en 2012.
Es un fallo desajustado a Derecho, totalmente arbitrario, ilegal, contrario a los derechos humanos y las garantias constitucionales; en él, se plantea la no judialización de estos casos y dispone preservar a rajatabla la identidad de las personas involucradas no dando ningún tipo de información.
Y el ministerio de Salud de la Provincia envió un comunicado al hospital ordenando no dar información sobre el estado de salud ni de la madre ni de la niña, ni dato alguno relacionado con el procedimiento; y anuncia duras sanciones para médicos o empleados del nosocomio que lo hagan.
¿Esto facilita que se pueda actuar con cierta impunidad?
Así es.
Usted dice que el gobierno de la Provincia intervino de forma inadecuada ¿por qué?
El gobernador Gerardo Morales entró en escena ordenando que se abortara a Esperanza. En Argentina existen los protocolos de abortos no punibles para casos de violación y el gobernador dispuso que se cumplieran a como diera lugar.
Al margen de que estos protocolos son ilegales, inconstitucionales y contrarios a los derechos humanos, independientemente de ello, establecen que se puede realizar el aborto hasta la semana 22 de gestación y Esperanza tenía 26 semanas.
O sea, el caso de Esperanza no se encuadraba en el protocolo que las ‘verdes’ y el gobierno provincial querían aplicar.
¿Era incorrecta su aplicación desde el punto de vista legal?
Totalmente. Y el gobierno lo sabía. También las ‘verdes’ lo sabían, pues ellas hicieron el protocolo, pero no les importaba. Querían un aborto a como diera lugar.
No se abortó a la bebé Esperanza «porque interpusimos un habeas corpus ante la Justicia Penal»
¿Y los médicos?
Los médicos en un principio se negaron a realizar el aborto en virtud del avanzado grado de gestación de la bebé y además por las condiciones de la madre, una menor de 12 años; esa combinación determinó que desde el primer momento los médicos se negaran a practicar el aborto.
Pero al gobierno y a las ‘verdes’ no les importó; éstas intensificaron las presiones para que se abortara a la bebé y aquel informó de que llevaría adelante el protocolo porque -según ellos- así lo exigía la ley.
Pero no era así…
No. Al caso de Esperanza no se podía aplicar porque el protocolo contempla el aborto solo hasta las 22 semanas. Fue un error gravísimo.
¿ El gobernador tenía autoridad para ordenar el aborto?
Ninguna. El gobernador no tenia ningún tipo de autoridad para decidir lo que decidió. La Justicia era quien tenía competencia para decidir si era un caso de aborto no punible o no, si se encuadraba o no en el protocolo.
Morales no tenia ninguna autoridad, pero quiso imponerse y dió una ‘bajada de línea’ muy, muy fuerte.
¿Por qué no se practicó el aborto?
Porque interpusimos un habeas corpus ante la Justicia Penal el 17 de enero y con ello se evitó el aborto directo, que ya estaba programado por la presión del gobernador.
El juez tomó conocimiento del caso y ese mismo dia, a las 18:30 horas, fijó una audiencia en el propio hospital. Fueron citados el ministro de Salud de la Provincia, las autoridades del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, y nosotros como parte.
En la audiencia el juez prohibió que se hiciera un aborto.
«La cesárea anticipada terminó siendo la sentencia de muerte para Esperanza»
¿Por qué se realizó la cesárea anticipada?
En esa misma audiencia el equipo interdisciplinario que atendía el caso presentó al juez diversas constancias, certificados médicos y estudios; y entre ellos había un informe psicológico que mostraban que la madre estaba pasando por un estado depresivo.
Fue defendido por sus autores, psicólogos proaborto, argumentando que la gestante podría manifestar tendencias suicidas o atentar contra la integridad del feto y aconsejaron al juez que, como el aborto no se realizaría, se efectuara una cesárea urgente para evitar en la madre un daño psicológico ‘irreversible’.
¿Aconteció algún hecho concreto que sustentara posible tendencia suicida?
No hubo hecho alguno que pueda dar sospecha de que la madre sufría algún trastorno de ese tipo. Creo que el informe era muy subjetivo, los abogados trataron de rebatirlo, pero el juez lo tomo por cierto. Decidió que el aborto no se hacia pero sí la cesárea.
Esto terminó siendo la sentencia de muerte para Esperanza, la sacaron de forma prematura del seno materno cuando se podría haber esperado por lo menos un mes más, ofreciendo atención y contención adecuadas a la adolescente.
¿Un mes habría hecho diferencia?
Esperanza estaba con 26 semanas. He hablado con especialistas y me dicen que con un mes más las probabilidades de sobrevida de la bebé hubieran aumentado significativamente. Un mes más era determinante. Desgraciadamente se lo negaron. No fue correcto desde el punto de vista médico ni legal.
Desde el punto de vista médico cualquier especialista confirma que no era conveniente para la bebé. Si bien era un feto con viabilidad, o sea, tenía chances de vivir, por lo menos un mes más aumentarían un 40% a más las posibilidades de vida, siendo cercanas al 80%.
¿Y desde el punto de vista legal?
A pesar de haber sido concebida en una violación, el caso de Esperanza ya no podía ser encuadrado en los protocolos de aborto no punible pues tenía más de 22 semanas de gestación.
Lo que procedía entonces era cuidar a la madre y al bebé y solo anticipar el parto si se presentara un riesgo cierto e inminente de vida para la madre. Con esa edad gestacional las posibilidades de la bebé fallecer fuera del vientre materno o de tener graves secuelas eran muy altas.
No hay duda de que esto fue un homicidio, cuando menos un homicidio simple. Estamos evaluando ya la posibilidad de hacer una denuncia penal. El hecho se encuadra, al menos, en el delito de homicidio simple.
«Si el gobernador no se hubiera empeñado inicialmente en un aborto a toda costa y hubiera seguido la recomendación inicial de los médicos, Esperanza estaría viva. Es un asesino»
¿Por qué?
Colocaron a Esperanza en una situación totalmente innecesaria, se basaron en un protocolo que ni siquiera se los permitía, no hay duda de que han actuado con dolo porque tenían pleno conocimiento de que realizar un parto prematuro la colocaba en un estado de total vulnerabilidad, de riesgo a su salud y a su vida.
Los médicos no pueden escapar a esta situación.En esta situación lo más probable era que se muriera, y bueno, así ocurrió. Repito, no tengo la menor duda de que el hecho se encuadra en el delito de homicidio simple.
¿Quién tiene responsabilidad por la muerte de Esperanza?
La responsabilidad inicia con el gobernador Gerardo Morales, pasa por el ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bohuid; por la jueza de familia, Martha Rosemblut, que rechazó un amparo que promovimos sin ni siquiera tomar conocimiento del caso; y llega al director del Hospital Materno Infantil.
En el caso de Morales la responsabilidad que le cabe es la del mal desempeño de sus deberes como funcionario público, e incluso, la responsabilidad del homicidio porque él dió la orden directa para el aborto que solo fue frenada por el habeas corpus.
Si él no se hubiera empeñado inicialmente en un aborto a toda costa y hubiera seguido la recomendación inicial de los médicos, Esperanza estaría viva. Es un asesino.
¿En la legislación argentina los bebés en gestación tienen derechos?
La legislación argentina es muy amplia y contundente sobre esto. El derecho a la vida y la protección al niño por nacer esta amparada por nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22.
La Constitución de 1994 incorporó los tratados internacionales en nuestra legislación otorgándole jerarquiza constitucional, entre ellos está el Pacto de San José de Costa Rica que reconoce el derecho a vida desde la concepción, y la Convención de los Derechos del Niños. Es indiscutible que estas normas fueron violadas.
¿Qué papel jugó el lobby verde?
El lobby verde desde un primer momento quiso que se hiciera el aborto, sin importarles nada, ni respetando el protocolo que ellas tanto defienden. Fue inventado por ellas y ni siquiera respetaron sus propias reglas del juego.
El aborto solo se evitó porque impusimos el recurso de habeas corpus y creo que eso les preocupó. No les importaba ni la vida de la madre ni de Esperanza, el caso tuvo una repercusión nacional y hasta internacional y sólo les importaba imponerse. Marcamos un precedente judicial porque por primera vez en Argentina un juez detuvo un aborto directo, algo que no venía pasando.
¿Qué sigue?
Garantizaremos que se pueda dar cristiana sepultura a Esperanza. Y luego, vamos a tomar medidas judiciales, vamos a iniciar denuncias contra el gobernador, el ministro de Salud, la juez de familia y la directora del hospital, todos ellos tienen responsabilidad penal.
No podemos permitir que funcionarios sigan intentando imponer un ilegal protocolo de muerte.