El arzobispo de la Iglesia Católica panameña, José Domingo Ulloa, alzó su voz contra el proyecto de Ley 61 que busca regular la educación sexual y la elaboración de guías por parte del Ministerio de Educación. Este plan se impartirá en los colegios y advirtió que la ley debe ser acorde a los valores del pueblo panameño.
«Hay problemática, hay algo en la educación sexual que corre gran peligro y es la ideología de género», expresó el obispo en televisión nacional. Para el prelado está claro que el pueblo panameño quiere otra cosa pues «el joven la instrucción la tiene, pero le hace falta tocar por dentro el tema de la persona, ese despertar de las hormonas”.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahora“Y es allí donde los padres, el colegio, la sociedad, las iglesias tendríamos que ir acompañando a la juventud”, recalcó.
No es la primera vez que un proyecto como este llega a la Asamblea Nacional. Esta misma ley se presentó en 2014 y en 2008, y en ambas ocasiones fue rechazada por la presión ciudadana y eclesial.
Para este caso, los puntos álgidos se basan en el hecho de que se da distribución de métodos anticonceptivos a menores de edad sin permiso paterno, se da derecho a la esterilización a cualquier adulto y el hecho de que se prohíbe a los colegios confesionales o privados objetar las cátedras de educación sexual, basadas en la ideología de género.
La iglesia se opone a una “educación sexual secularizada y antinatalista, que no resuelve los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual»
«La experiencia de otros países nos dicen que cuando se recurre a la palabra ‘alerta’, esta puede traer otras cosas», señaló el obispo e hizo un llamado a los padres para que cumplan su rol al educar a sus hijos y que busquen los consensos para esta ley y se legisle apoyando a la familia.
«Hay que deponer intereses y pensar en nuestros jovenes. Es necesaria la Educación Sexual sana pero aquí no es imponer», indicó.
La Iglesia se opone firmemente a un sistema de información sexual, separada de los principios morales, por lo que rechaza una “educación sexual secularizada y antinatalista, que no resuelve de manera responsable los embarazos precoces y las enfermedades de transmisión sexual».
Además, ninguno de los artículos del citado proyecto de ley hacen partícipes a los padres como titulares del derecho y el deber de ofrecer educación a sus hijos ni les da garantía a opinar sobre qué clase de educación sexual recibirán sus hijos.
