En el Reino Unido la edad mínima para que una persona tenga sexo consentido de manera legal son los 16 años, por lo que aquellos menores que sufran un abuso sexual deben ser indemnizados por parte de un organismo gubernamental.
Se trata de la Autoridad para las Compensaciones Criminales (dependiente del Gobierno británico), y acaba de revisar sus directrices después del escándalo de principios de año cuando salió a la luz que 700 niños no habían cobrado dicha compensación.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraPero la revisión que ha hecho esta entidad ha echado gasolina al fuego. Y es que lo que pretende es que en aquellos casos en los que se considere que la víctima haya consentido la relación, no se la indemnice.
Es decir, que si un niño de 12 años sufre un abuso sexual, pero según las investigaciones la relación fue consentida, ese niño puede no recibir ninguna comprensión aunque su agresor acabe en la cárcel.
Lo cual es una forma de tolerar o relativizar la pedofilia.
ONG y diputados han criticado la reforma que ha hecho esta organización que alega que el «consentimiento de hecho es diferente al «consentimiento de ley», aspecto en el que se escuda para no cumplir la norma escrita, según informa The Guardian.
Sammy Woodhouse, una de las supervivientes de las violaciones en Rotherham: «Es absolutamente repugnante»
Incluso se puede dar el caso de que, si se considera que «la actividad sexual es totalmente de libre albedrío, no se considerará ningún crimen de violencia».
Las alarmas han saltado por parte de algunas víctimas, como Sammy Woodhouse, una de las supervivientes de las violaciones en Rotherham por parte de musulmanes que encubrió el gobierno durante años.
«Es absolutamente repugnante… Estoy indignada, no puedo creer que hagan algo así», asegura Woodhouse.
La mayor preocupación de muchos implicados es que se aprovechen del consentimiento que da el menor para la relación por desconocimiento, por miedo o por cualquier motivo, lo cual no justifica la acción del adulto en ningún caso.
Para la diputada de Rotherham Sarah Champion se trata de algo «despreciable» y ha pedido la intervención del secretario de Jjusticia. «Básicamente están diciendo que la víctima puede ser una mentirosa, que el Estado no te cree y dan un mensaje totalmente equivocado a las víctimas».
