La Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación Pomelo a 18 personas acusadas de los delitos de denuncia falsa y simulación de delito, amenazas, coacciones, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Los detenidos ponían en contacto a mujeres inmigrantes que aspiraban a regularizar su situación en España con personas residentes en Almería. La trama era la siguiente: los detenidos simulaban tener una relación, y a continuación las mujeres denunciaban a sus parejas por violencia doméstica, obteniendo así la regularización e iniciando la tramitación de una subvención de 400 euros.
Los agentes han detenido a los tres organizadores de la trama, además de otros seis varones y nueve mujeres que participaron en los hechos, practicando también dos registros en los domicilios de algunos de los implicados, donde han intervenido abundante documentación que está siendo analizada.
Hasta el momento, la investigación ha podido determinar la implicación de los detenidos en al menos 14 delitos de denuncias falsas por violencia doméstica, con las que pretendían obtener la regularización de su situación e iniciar la tramitación de una subvención.
La Guardia Civil inició la investigación el pasado verano tras detectar un aumento de denuncias por violencia doméstica entre ciudadanos marroquíes, presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido (Almería), en las que siempre había un patrón común, circunstancia que hizo levantar las sospechas de los agentes.
Pagar hasta 4.000 euros por simular ser pareja
Tras las primeras averiguaciones los investigadores localizaron un grupo organizado compuesto por tres marroquíes que se dedicaban a buscar mujeres de esta misma nacionalidad en situación irregular en España. Les ofrecían poder acceder a regularizar su situación administrativa simulando ser víctimas de violencia doméstica, además de posibilitarles acceder a las ayudas económicas que se conceden en España para las víctimas de estos delitos.
Para ello contactaban con varones marroquíes, con situación administrativa regularizada en España, para evitar su expulsión por aplicación de la Ley de Extranjería, a los cuales les ofrecían una cantidad económica de entre 2.000 y 4.000 euros por simular ser pareja y agresor de la mujer, con la promesa de que cuando ésta consiguiera su residencia legal en España retiraría la denuncia y la causa se archivaría, quedando sin antecedes por dichos delitos.
Una vez interpuesta la denuncia y con la sentencia provisional, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjeros de Almería, donde presentaban una solicitud de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, conforme a su consideración de víctimas de violencia doméstica. En los casos investigados hasta el momento estas ayudas eran concedidas en el plazo de un mes.
Cuando las mujeres conseguían su regularización, abonaban al supuesto autor la cantidad económica acordada, así como a los miembros de la organización la cantidad previamente pactada con ellos por encargarse de todos los trámites.
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