Un amplio bloque fue integrado en la Cámara de Diputados de Brasil con el propósito de promover y defender la vida y la familia y casi la mitad de los parlamentarios de la actual Legislatura estamparon su firma como miembros.
El Frente Parlamentario por la Vida y la Familia (FPVF) fue ‘relanzado’ – ya que opera desde 2015 – el pasado miércoles 27 de marzo con la presencia de Damares Alves, ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia del gobierno de Jair Bolsonaro.
Alves fue desde 1999 asesora jurídica en el Congreso Nacional y colaboró en la fundación y estructuración de otras alianzas que antecedieron a esta, como el Frente Parlamentaria de Defensa de la Vida y Contra el Aborto.
“Desde el gobierno pueden esperar, señores diputados, una abierta colaboración con sus iniciativas, […] pues junto con ustedes estamos construyendo una nación sin aborto y con familias fortalecidas”, dijo.
De todos los ‘colores’
El FPVF lo conforman casi 250 de los 513 diputados, de 23 de los 25 partidos con representación en la Cámara.
Las únicas excepciones son el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la sigla de izquierda más radical y Red Sustentabilidad (Rede), una agremiación de izquierda ‘progresista’. Ambos son escisiones del Partido de los Trabajadores (PT).
Los partidos con mayor número de legisladores en el FPVF son el Social Liberal (PSL), con el que se lanzó Bolsonaro a la presidencia, con 38; seguido por Demócratas, que se autodenomina de centro, con 18
El Frente tiene diputados de todos los ‘colores’ cubriendo casi todo el espectro ideológico.
Cualquiera cabe, basta afirmar el valor de la dignidad humana, de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y de la familia natural fundada en la unión conyugal de un hombre y una mujer.
Hay por lo menos 35 diputados de izquierdas, incluidos 4 del Partido de los Trabajadores y uno del Partido Comunista de Brasil (PCdoB); a pesar de que esas siglas respaldan programaticamente el aborto como un ‘derecho’ de la mujer y las uniones homosexuales equiparadas a ‘matrimonio’.
Los partidos con mayor número de legisladores en el FPVF son el Social Liberal (PSL), con el que se lanzó Bolsonaro a la presidencia, con 38; seguido por Demócratas, que se autodenomina de centro, con 18.
El Frente Parlamentario es coordinado por un ‘colegiado’ integrado por los diputados Diego García, como presidente; y Carla Zambelli, João Campos, Ossesio Silva, Alan Rick y Filipe Barros, como vicepresidentes.
João Campos, primer vicepresidente del FPVF, considera que los magistrados están legislando a través de desiciones judiciales y, así, violan la Constitución, extrapolan sus funciones y confrontan el Estado de derecho
“Este es uno de los mayores frentes parlamentares en el Congreso Nacional y tendrá un papel importantísimo los próximos cuatro años, estaremos organizados y unidos para frenar las sistemáticas agresiones a la vida y la familia que vienen ahora desde el Poder Judicial”, advierte García.
Contra el activismo del Poder Judicial
El Supremo Tribunal Federal (STF) se ha lanzado a fondo en la tentativa de legislar a través de fallos colegiados un conjunto de ‘banderas’ que los propios ministros han llamado de “agenda de costumbres”.
Se trata de la despenalización el aborto, la penalización de opiniones y actitudes opuestas a la ideología de género, limitaciones a la primacía de los padres en el derecho de educar y la legalización de las drogas.
Todas estas materias vienen siendo tratadas en el Legislativo sin obtener la mayoría necesaria para su aprobación: o son rechazadas o archivadas.
Y el STF ha sido provocado, sistemáticamente, a través de recursos propuestos ante la Corte por partidos de izquierda con escasa representación parlamentaria, como el PSOL, o por entidades civiles que reciben recursos del exterior.
Esta maniobra y el activismo ideológico de la Corte, que cuenta incluso con un ministro que fue abogado de lobistas proaborto, ha sido denunciada por organizaciones ciudadanas y por algunos parlamentarios.
João Campos, primer vicepresidente del FPVF, considera que los magistrados están legislando a través de desiciones judiciales y, así, violan la Constitución, extrapolan sus funciones y confrontan el Estado de derecho.
En menos de un año, el STF inició un juicio para criminalizar la ‘homofobia’ ante la supuesta omisión del Legislativo por no “producir ninguna ley específica”; y abrió el proceso de audiencias para otro, en el que se pide el aborto libre durante las primeras 12 semanas de embarazo.
Además, limitaron la práctica del ‘homeschooling’ en el país hasta que el Congreso la reglamente.
En el mes de mayo se espera que se lleve al plenario de la Corte una petición para que pueda realizar un aborto en cualquier mes de gestación para mujeres infectadas con el vírus Zika; y antes de finalizar el semestre se espera que deliberen sobre la legalización del porte de marihuana para uso personal.
“Lo que la Corte está haciendo es usurpando de forma ilegítima las funciones del Poder Legislativo, imponiendo a la fuerza una agenda que no es la del pueblo brasileño”, advierte la diputada Joice Hasselmann, integrante del FPVF y coordinadora de la bancada del PSL en la Cámara.
En 2011 el STF determinó que las uniones entre personas del mismo sexo eran legales y tendrían las mismas garantías de un matrimonio y en 2015 aprobó el asesinato de bebés en gestación con diagnóstico de anencefalia.
Ya con cartas en la mano
Según García, si el STF permite el aborto a mujeres infectadas con Zika, “abrirá una ventana para la legalización del aborto en los casos de personas con deficiencia, todos los deficientes físicos, los bebés con síndrome de Down o con malformaciones fetales estarán en peligro”.
Y el FPVF ya tiene algunas cartas en la mano. Para neutralizar la amenaza, propondrán proyecto de ley que atienda todas las reivindicaciones de los solicitantes de la acción pero excluyendo el aborto.
Así – explica el presidente del bloque – si el STF da un fallo favorable ignorando la iniciativa de ley “tendremos una clara muestra de la usurpación de funciones del Poder Legislativo” y podríamos dar un paso al frente para pedir la inhabilitación de los magistrados.
Una advertencia singular, considerando que el Frente cuenta con casi la mitad de los legisladores de la Cámara. Una fuerza nada despreciable.
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