Uno de los grandes peligros de la ideología de género es el hecho de que cada vez son más los varones condenados por delitos de violencia sexual que declaran autopercibirse como mujeres para ser trasladados a penitenciarías femeninas.
Sin embargo, los defensores de tales teorías anticientíficas no sólo las defienden sino que son capaces de llevar a los tribunales a quien trate de conocer datos de interés sobre la cuestión, sobre los que luego poder debatir y extraer conclusiones.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraAsí le ha sucedido a una mujer estadounidense que ha sido demandada por la conocida organización izquierdista Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) interesada en conocer cuántas personas reclusas del Estado de Washington se identifican como «trans» y cuántas han sido trasladadas de cárcel o internadas conforme a la nueva identidad autopercibida, distinta de la genética.
En concreto a finales de marzo solicitó un recuento completo y preciso de los reclusos que se identifican como trans y el desglose de esa infromación por ubicación penitenciaria desde el 1 de enero de este año.
La Ley de Registros Públicos de Washington garantiza que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros públicos y exige que el gobierno responda a las solicitudes en un plazo de cinco días. Sólo algunos datos están exentos de este ejercicio de transparencia.
Sin embargo, en vez de recibir los datos solicitados conforme a derecho la mujer recibió un correo electrónico de la ACLU en el que se le comunicaba la demanda en nombre de sus particulares clientes: «reclusos transgénero, no binarios e intersexuales actuales y anteriores que están bajo custodia del Departamento Correccional de Washington».
Según detalla The Post Millenial detalla que ACLU también trasladaba a esta mujer, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, que ha presentado «una orden de restricción temporal de emergencia y una moción de orden judicial preliminar para evitar la divulgación de los documentos que ha solicitado».
Cabe preguntarse cómo es posible que ACLU se enterara de la petición de información realizada por esta ciudadana y le presentara una demanda en el plazo de 10 días. ¿Quién y por qué se filtró a ACLU esta petición de información amparada por la ley? ¿Por qué además no ha sido contestada si es legal?
La mujer ha declarado a algunos medios estadounidenses que comenzó sus pesquisas alertada por las noticias de otros países sobre agresiones a mujeres reclusas por parte de hombres condenados por violencia sexual que, declarando que se autoperciben como mujeres fueron trasladados de presidio a uno femenino.
El Frente para la Liberación de la Mujer (Women’s Liberation Front, WoLF) se está haciendo cargo de la defensa de esta mujer. su directora legal, Lauren Adams denuncia que «es preocupante que la ACLU esté tratando de silenciar e intimidar a una persona que está preguntando a su gobierno, así como atacar a la prensa libre».
