El Gobierno de la Comunidad de Madrid, sostenido en coalición por el Partido Popular y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, seguirá imponiendo multas a las personas y entidades que no se plieguen a las exigencias de la ideología de género y los grupos de presión LGTBI plasmadas en la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la Comunidad de Madrid.
«Se va a seguir aplicando la Ley e imponiendo las sanciones que correspondan con la misma«, ha expresado el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) en una respuesta escrita a una pregunta del diputado neocomunista Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) referida a investigación sobre el acompañamiento que algunos profesionales ofrecen a las personas con atracción hacia el mismo sexo y qué hará para «erradicar las terapias de conversión de la sexualidad».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahoraEl Gobierno de Díaz Ayuso confía en que «el efecto preventivo, debido al potencial disuasorio y pedagógico de todo régimen sancionador aplicado de manera eficaz, debería conducir a la reducción en la frecuencia de conductas que vulneran la ley», pero no se queda ahí.
Describe como la «situación ideal» la «desaparición» de tales conductas entre las que, según la ley, está discrepar de los dogmas de la ideología de género o acompañar a personas insatisfechas con el modo de vida homosexual.
Fernández Rubiño también inquiere al equipo de Díaz Ayuso sobre la investigación emprendida por la Consejería de Políticas Sociales y Familia el pasado mes de abril cuando se inició el preceptivo periodo de información previa con el fin de conocer si los supuesto hechos a los que se refería un reportaje periodístico se produjeron como están descritos y, en su caso, si son constitutivos de alguna infracción y merecedores de sanción.
El Gobierno de Díaz Ayuso explica que el pasado 12 de junio tuvo lugar la comparecencia «de una persona en calidad de denunciada», de la que no se explicita el nombre ni el papel o cargo que desempeñaba en la actividad investigada.
«En la actualidad, se están realizando las actuaciones necesarias para seguir recabando el mayor número de datos posible para poder determinar la procedencia o no de incoar procedimiento sancionador», expone la Comunidad, sin que sean detalladas en ningún caso.
A raíz de la polémica, Actuall publicó los testimonios de decenas de personas que han mostrado su apoyo al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, y a quienes dirigen el servicio de acompañamiento objeto de investigación.
En todos ellos se expresa que acudieron allí de manera libre, sin coacciones y que encontraron un modo de comprender el origen de sus sentimientos y atracciones sexuales, a menudo relacionados con traumas infantiles, distanciamiento con los padres o abusos sexuales durante la infancia.