A lo largo del año 2018, se ha desarrollado en Inglatera y Gales un proyecto piloto para la resolución de divorcios exprés a través de una aplicación en línea, lo que ha reducido el tiempo de los trámites desde los 12 meses a sólo 8 semanas.
El Gobierno ha destinado 1.000 millones de libras esterlinas (1.124 millones de euros) que permite a los abogados completar todo el proceso desde un ordenador en nombre de su cliente.
El director de The Christian Institute, Ciarán Kelly, ha denunciado que «acelerar el proceso de divorcio les roba a las parejas cualquier posibilidad de reconciliación» y de preservación del vínculo matrimonial con el que se inicia una familia, base de la sociedad, con los consecuentes problemas sociales que eso conlleva.
Asímismo, Kelly denuncia que «permitir que las personas se divorcien desde la ‘comodidad’ de sus propios hogares socava completamente la seriedad de este triste proceso«. En el Reino Unido se produce un promedio de 100.000 divorcios al año.
Entre los efectos más perniciosos de las leyes que facilitan el divorcio se encuentran la eliminación del periodo de reflexión en el que algunas parejas logran superar sus diferencias; el aumento de la conflictividad intrafamiliar; y el aumento de hijos en familias desestructuradas, que ven afectado su desarrollo normal.
En España y en otras muchas naciones en las que también se han aprobado leyes de género, la consideración del varón como presunto culpable y la utilización de las denuncias instrumentales de maltrato suponen un riesgo añadido que aumenta la conflictividad.
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