Natalia Sánchez Dipp, Eulalia Reguant y María Sirvent, miembros de las CUP.
Natalia Sánchez Dipp, Eulalia Reguant y María Sirvent, miembros de las CUP.

Un grupo de violentos embozados para evitar ser identificados por las fuerzas de seguridad, atacó este lunes con violencia en Barcelona el autobús de HazteOir.org que denuncia el feminismo supremacista y llama a los líderes de PP, Ciudadanos y Vox a derogar las leyes de género.

Según ha publicado el diario de inclinación nacionalista Nació.cat, varios cargos de las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) estuvieron entre las personas que violentaron la libertad de circulación del autobús.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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Así, resultan identificadas en el texto de la noticia las diputadas María Sirvent y Natalia Sánchez Dipp.

María Sirvent i Escrig (Barcelona, 1987) es diputada del Parlamento de Cataluña desde el 17 de enero de 2018. Según Wikipedia, es abogada «especializada en temas de género y de vivienda» y formó parte del consistorio de Tarrasa desde 2015.

El pasado 26 de febrero participó en Caracas (Venezuela) en la llamada Asamblea Internacional de los Pueblos, una reunión de agrupaciones de ultraizquierda en apoyo del dictador Nicolás Maduro, donde compartió cartel con Izaskun Goienetxea, membro de Askapena, organización en la órbita de ETA encargada de «internacionalizar el conflicto».

Goienetxea participó en noviembre de 2012 en una conferencia organizada por Contrapoder (la asociación gérmen de Podemos) en la que compartió mesa con el diputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados Sabino Cuadra, conocido por romper un ejemplar de la Constitución Española desde la tribuna de la Cámara Baja.

Natalia Sánchez Dipp (Figueras, 1983) ha sido tesorera de la CUP y fue elegida diputada catalana en las elecciones autonómicas de 2017 fruto del proceso de aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña. Según Wikipedia, fue militante del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI) y, posteriormente, de la Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans (CEPC).

Además de ser parte del grupo de violentos que atacó al autobús de HazteOir.org, ha animado en los últimos días a sumarse a la huelga «feminista y radical» del 8 de marzo a través de su cuenta en Twitter.

También ha difundido un mensaje en la red social que llama a la «guerra feminista y social» y «contra tu machismo criminal, autodefensa y amonal!».

Precisamente es feminismo radical el que pretende criticar el autobús, que lleva la leyenda #StopFeminiazis bajo una parodia de Hitler ataviado con el símbolo feminista y los labios pintados de rosa.

Sobre el ataque al autobús, Sánchez también ha jaleado los actos vandálicos al difundir un mensaje de CUp en La Garriga, que incita a hacer desaparecer a HazteOir.org («@ghazteoir nunca más, en ninguna parte, en contra de nadie») junto a una foto de una feminista arrancando los vinilados del vehículo este lunes en Barcelona.

https://twitter.com/cuplagarriga/status/1102661125861183488

Sánchez fue la encargada de anunciar que la CUP estudia abandonar la comisión de estudio de Derechos Civiles y Politicos del Parlamento de Cataluña en protesta porque los Mozos de Escuadra protegieron al autobús de HazteOir.org de los violentos entre los que se encontraban ambas diputadas.

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Aunque en el cuerpo de la noticia no lo especifica, Nacio.cat sí añade a los nombres de María Sirvent y Natalia Sánchez en el mensaje de Twitter donde enlaza la noticia, el de Eulalia Reguant, concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona.

Se da la circunstancia de que Reguant fue multada a pagar 2.500 euros de multa por negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular en el juicio que se sigue en el Tribuinal Supremo contra los líderes de la intentona golpista en Cataluña a través de la clebración deun referendum ilegal para la independencia.

Los hechos sucedieron el pasado 27 de febrero, cuando Reguant y su compañero Antonio Baños se negaron a responder a las preguntas de los letrados de Vox. El juez Marchena dio cinco días de plazo a ambos para retractarse de su actitud. En caso contrario, se podría poner en marcha un procedimiento de acusación por desobediendia grave por el que podrían ser condenados a penas de prisión que van de 3 meses a un año.

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