El Consejo General del Poder Judicial subraya en una ponencia preliminar que será debatida a finales del mes de febrero y que constituirá entonces el preceptivo informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsado por el Ministerio de Igualdad, en manos de Irene Montero, pareja del líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Será el próximo 25 de febrero cuando los miembros del órgano de gobierno de los jueces debatan el análisis propuesto por los vocales Roser Bach y Juan Manuel Fernández en colaboración con Pilar Sepúlveda, fundadora de la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales.
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Suscríbete ahoraEl texto denuncia que el anteproyecto consagre la inversión de la carga de la prueba hacia la persona acusada, en vez de hacia la acusadora; que se pueda producir «un efecto de desprotección de la víctima»; la falta de concreción sobre la posible especialización de órganos judiciales; así como la técnica legislativa empleada.
1.-Cómo probar el consentimiento
Los ponentes del texto que debatirán en el Consejo General del Poder Judicial señalan que existe una dificultad en la capacidad de prueba del consentimiento ya que la definición quepropone de consentimiento – y que consideran «innecesaria»- «determina un aparente desplazamiento de la carga probatoria, pues parece configurar un elemento negativo del tipo [penal] cuyas distintas notas características (…) deberían ser probadas por la defensa».
De esta manera, añaden, «se estarían alterando de forma sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia».
La controvertida definición de consentimiento que se pretende introducir en el Código Penal a través de esta ley dice así: «Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias su voluntad expresa de participar en el acto».
Por otro lado,el informe preliminar que será debatido por el CGPJ sostiene que la incorporación de una definición del consentimiento en el Código Penal «no logrará evitar la victimización secundaria, pues hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctimas suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las ‘circunstancias concurrentes'».
Los ponentes también critican que la definición de consentimiento propuesta es contradictoria al admitir que éste puede ser tácito, pero exigir al final que sea expreso.
2.- Contra el principio de proporcionalidad
El anteproyecto de Ley de Libertad Sexual analizado por el Consejo General del Poder Judicial pretende fundir en un único artículo dos tipos penales diferenciados hasta la fecha (agresión sexual y abuso sexual).
A juicio de los ponentes del informe, esto supone «una indiferencia valorativa de los medios comisivos que choca con el principio de proporcionalidad», de dos maneras. Por un lado, parta el autor del delito «no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor». Por otro, se corre el riesgo «de castigar con gran severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad».
Aunque el anteproyecto de ley prevé un tipo atenuado que permite al juez imponer una pena menos grave, los miembros del CGPJ encargados de elaborar el informe preliminar consideran que tal propuesta «adolece de imprecisión y falta de taxatividad, dejando un amplísimo margen interpretativo que podría comprometer el principio constitucional de legalidad penal».
3.- Falta de claridad sobre órganos judiciales especializados
El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual prevé la especialización tanto de órganos judiciales como de sus titulares. Si embargo, de momento no queda claro si serán juzgados diferentes a los de Violencia sobre la Mujer o serán juzgados de nueva creación que desaconsejan los vocales del CGPJ y apoya Pilar Sepúlveda, fundadora de la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales.
En este ámbito el CGPJ también critica la falta de concreción de la propuesta legislativa del Ministerio de Igualdad sobre qué órganos judiciales serán competentes en el caso de que las personas denunciadas sean menores de edad.
Sea cual sea la resolución, se advierte en el informe que en todo caso se requerirá un aumento significativo de órganos judiciales y su organización territorial, con el correspondiente aumento de movilización de medios materiales, edificios y personal.
4.- Técnica legislativa deficiente
Los ponentes del informe estiman que la propuesta legislativa impulsada por Podemos desde el Ministerio de Igualdad está mal plateada desde el punto de vista de la técnica legislativa.
A su juicio, dadas las materias abordadas y las leyes afectadas por la nueva norma que se pretende aprobar, seríamás correcto «regular separadamente mediante una ley orgánica las modificaciones de las distintas leyes que tiene dicho rango o merecen tal carácter, y dejar la regulación del núcleo del texto proyectado a una ley ordinaria».
Por otro lado, se sugiere «reducir el contenido normativo de la ley proyectada a aquellos aspectos, nucleares, troncales y autónmos específicamente referidos a la libertad y a la violencia sexual».
