Dime de qué presumes y te diré quién eres, proclama el refranero español. Y viene al pelo para retratar en una de sus múltiples facetas al Gobierno social-comunista de España, cuyos líderes se han proclamado por activa, pasiva y perifrástica -sobre todo, perifrástica- como los mayores defensores de la mujer.
Y sin embargo, pese a los millones de euros con los que riegan estructuras huecas como el Ministerio de Igualdad España, que desde hace años estaba situada entre las naciones que ofrecían mayor seguridad a las mujeres del mundo, ha retrocedido en el referido escalafón.
Así lo certifica el Women, Peace and Security Index, cuyo último informe constituye una enmienda a la totalidad a las políticas impulsadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con la colaboración de lumbreras (teas incendiarias, valdría decir) del feminismo y la ideología de género como Irene Montero o Beatriz Gimeno.
España ha caído desde el quinto país con mejores condiciones para la mujer, al decimoquinto.
Es de suponer cuál será la explicación que el Gobierno dé a este retrato. Factorías Redondo utilizará el dato a modo de confirmación de una profecía autocumplida que justificará un derroche aún mayor en políticas fracasadas: «¿Lo veis? Ya lo dijimos».
Al igual que la Ley Celaá que aboga por dejar pasar de curso con una carretilla de calabazas por notas, el Gobierno se promocionará al siguiente nivel de desvergüenza con un ‘pelillos a la mar’
De no tomar este camino, también podrá aplicarse la fórmula que pretende el Gobierno para arruinar cualquier impulso del esfuerzo, la constancia y el afán de superación en los estudiantes. Y al igual que la Ley Celaá que aboga por dejar pasar de curso con una carretilla de calabazas por notas, el Gobierno se promocionará al siguiente nivel de desvergüenza con un ‘pelillos a la mar’ y calificando, con toda probabilidad, al ordinal 15º por fascista y heteropatriarcal.
En realidad, no hace falta acudir a un informe internacional para constatar el fracaso permanente de las políticas ideológicas destinadas nominalmente a proteger a la mujer, pero que en la práctica no avanzan al ritmo que sus crecientes presupuestos.
Como es sabido, año a año han se han ido incrementando las partidas destinadas a combatir la mal llamada ‘violencia de género’, que en su mayoría han ido a parar a organizaciones del feminismo radical. Ya lo dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: se trata de «unas cuentas feministas».
Y van más o menos así: 450 millones de euros para el Ministerio de Igualdad (400 millones provienen de los impuestos españoles y 50 de la Unión Europea), lo que equivale a un 157% más. A esto sumen otros 200 millones para un plan de «corresponsabilidad», que suponemos que intentará imponer a las familias cómo se organizan en sus quehaceres diarios. Y otros 220 millones de gasolina para el pacto contra la mal llamada violencia de género.
¿Resultados? Escasísimos. A penas se ha conseguido reducir el número de muertes que se encuadran en esta categoría ideológica.
Y a todo esto, el presidente y los ministros se suben el sueldo en los nuevos presupuestos. En efecto, Irene Montero y compañía, es para llorar.
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