La batalla judicial por la custodia de Valeria, la hija menor de Juan Carlos Quer y Diana López, padres de Diana Quer, desaparecida este verano en La Puebla del Caramiñal, está pasando en estos días por uno de sus momentos cruciales, con la práctica de las exploraciones a cargo de los equipos psicosociales.
La disputa viene de largo. Como ya adelantó Actuall.com en exclusiva, durante el proceso de divorcio del matrimonio Quer, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pozuelo de Alarcón, Mónica Gómez Ferrer, ignoró la existencia de un informe que detectaba la concurrencia del Síndrome de Alienación Parental (SAP) por parte de la ex mujer de Quer.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEntonces, se decidió que la custodia recayera en la madre de las dos menores, Diana y Valeria, decisión en la que tuvo importancia el criterio del equipo psicosocial adscrito a dichos juzgados.
Los equipos psicosociales, que llevan treinta años en la justicia española, han tomado una relevancia especial desde la aprobación hace más de una década de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Pese a ello, no hay ni una norma en el ordenamiento jurídico español en la que queden reguladas sus funciones, los requisitos para la contratación de su personal, los criterios para la validez legal de sus informes y la forma en que su labor es fiscalizable.
Muñoz Vicente «sesga la información, oculta datos relevantes y hace interpretaciones sin suficiente solvencia ni sujección a datos objetivos» según la denuncia
Denunciado por incumplir 17 artículos del código deontológico
Por si esto no creara un suficiente grado de inseguridad sobre la decisión que se adopte, la persona responsable de las exploraciones psicosociales en estos días a la familia Quer es José Manuel Muñoz Vicente, también es coordinador de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que está siendo investigado por la Comisión Deontológica de dicha organización profesional.
Según ha podido saber en exclusiva Actuall.com, está previsto que antes de que acabe el mes de noviembre, la Comisión Deontológica emitirá un dictamen en el que, de acuerdo a las fuentes consultadas, es muy probable que se concluya con una propuesta de sanción que podría llegar a la inhabilitación.
El órgano encargado de realizar «informes y propuestas referentes a los actos que se someten a su valoración e instruir los procedimientos disciplinarios» previstos en sus estatutos está valorando al menos una denuncia (ampliación de otra anterior) en la que se le señala como responsable de haber vulnerado 17 artículos del Código Deontológico del Psicólogo. En concreto, se trata de los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 29, 42 y 48.
Entre otras irregularidades, destacan las acusaciones contra José Manuel Muñoz Vicente por «establecer etiquetas devaluadoras y discriminatorias», «obviar resultados objetivos sin explicar por qué no los incluye en sus conclusiones», «ocultación de datos relevantes y asunción de ‘errores’ de informes anteriores».
El Colegio de Psicólogos debe examinar si Muñoz Vicente «obvia voluntariamente» que un menor le dijera que «papá es bueno» y que «mamá y los yayos dicen cosas malas de papá»
En la denuncia interpuesta contra Muñoz Vicente, se sostiene que el psicólogo «sesga la información, oculta datos relevantes y hace interpretaciones sin suficiente solvencia ni sujección a datos objetivos».
La denuncia va acompañada de 16 documentos entre los que se encuentran informes realizados por el denunciado; tres informes realizados por otros psicólogos; dos informes médico forenses; un requerimiento del pediatra social a la madre del nino para realizar una entrevista a la que nunca acude; y grabaciones de exploraciones periciales.
Informes obviados o adulterados
Del mismo modo, se sostiene que José Manuel Muñoz «obvia voluntariamente» que existen dos psicólogas que acreditan tras sus exploraciones que el menor en cuestión asegura con naturalidad que «mamá y los yayos dicen cosas malas de papá», que «mamá me dice que es tonto, que no le quiera, que no le hable, que no le obedezca, que es idiota», pero que «papá es bueno».
Por otro lado, también se denuncia que Muñoz no toma en consideración que una de estas psicólogas, en una entrega del menor en casa de la madre, certifica cómo éste «reacciona contra el padre en presencia de la madre y cómo una vez que la misma desaparece de su campo visual cambia a una actitud claramente afectiva hacia el padre».
De esta manera, prosigue la denuncia, Muñoz «sólo integra los informes favorables a la madre y no integra lo favorable al padre. Es más, como el informe de un médico forense no le queda más remedio que integrarlo, lo hace adulterando conscientemente las fechas para atribuir al padre un claro maltrato por desasistencia sanitaria o higiénica al menor, sabiendo que las fechas correctas obligaban a atribuir esa responsabilidad a la madre«, tal y como refleja el informe del médico forense.
José Manuel Muñoz Vicente es el coordinador de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Falta de cualificación profesional
Según la denuncia que debe dirimir la Comisión Deontológica del Colegio de Psicólogos de Madrid, José Manuel Muñoz Vicente no cumple «los requisitos de la convocatoria oficial, pues no tiene la especialidad clínica».
Además, durante una de las exploraciones que está grabada, Muñoz reconoce que carece de conocimientos sobre veracidad de testimonio de menores, lo que se presupone como de capital experiencia cuando se trata de dirimir asuntos relativos a la custodia de un menor.
Por otra parte, se cuestiona la capacitacion de quien coordina el área de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, dada su calificación «extremadamente baja, a pesar de haber sumado puntos por su antigüedad» en las convocatorias de la Comunidad de Madrid.
Querella criminal
Debido a los mismo hechos denunciados ante el Colegio de Psicólogos, Juan Manuel Muñoz Vicente también se enfrenta a una querella criminal por posible encubrimiento de un caso de maltrato infantil al obviar el informe forense en el que se recoge la declaración del menor que señala a la madre como autora.
En concreto, el médico forense señala, respecto a una marca de zapatilla, «cuanto menos la talla 31», que parcialmente abarca la mitad del glúteo y la parte superior del muslo derecho, que es «compatible con acción de traumatismo directo sobre la nalga-muslo por calzado».
Al preguntarle al menor, según se sigue en el informe del médico forense, finalmente relata que el golpe fue realizado «con una zapatilla deportiva y que fue mamá».
