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Frenazo del Supremo de los EE. UU. a los planes de George Soros por no rechazar la prostitución

El multimillonario George Soros se ha 'desnudado' en una entrevista en The Washington Post / EFE.

El multimillonario George Soros se ha 'desnudado' en una entrevista en The Washington Post / EFE.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que la filial norteamericana de la Open Society Foundation del multimillonario George Soros no puede destinar a sus organizaciones hermanas en el extranjero los fondos federales recibidos para la lucha contra el sida.

En 2003, el Congreso estableció la condena inequívoca de la prostitución y el tráfico sexual como un requisito imprescindible para las organizaciones beneficiarias de estos fondos. Los congresistas tomaron esa decisión al considerar estas actividades como causas adicionales de la expansión del contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome asociado conocido como sida.

En el año 2013, el Tribunal Supremo determinó que esta exigencia no se podía aplicar a la filiar norteamericana de la organización de George Soro sobre la base de la Primera Enmienda a la Constitución, que protege la libertad de expresión.

Lo que ahora prohíbe el máximo órgano judicial norteamericano es que los fondos recibidos por Soros en los Estados Unidos puedan ser desviados a terceros países.

«En resumen, las filiales extranjeras de los demandantes son organizaciones extranjeras y las organizaciones extranjeras que operan en el exterior no tienen ningún derecho bajo la Constitución de los Estados Unidos» ha argumentado el juez Brett Kavanaugh, ponente de la decisión aprobada por 5 votos contra 3, más una abstención.

Para el presidente de la Open Society Foundation, Patrick Gaspard, el compromiso contr ala prostitución responde a «la búsqueda del gobierno de los Estados Unidos de imponer su nocivo programa ideológico».

Según recoge Evangélico digital, la decisión «representa una victoria importante para la protección de las libertades estadounidenses» ya que la decisión confirma «el derecho del gobierno de los Estados Unidos a distribuir ayuda a organizaciones extranjeras de acuerdo con los intereses estadounidenses”.

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