El caso de Susana Guerrero ha saltado en los últimos meses a la luz pública de forma intensa debido a que la Audiencia Provincial de Toledo debe pronunciarse sobre la ejecución de una sentencia en la que el juez dictaminó que se le quitara la guarda y custodia de su hija en favor del hombre al que ha denunciado por delitos relacionados con la Ley de Violencia contra la Violencia de Género aprobada en 2004.
Guerrero, que ya ha sido condenada por falsa denuncia por malos tratos contra la actual pareja del padre de su hija, recibe ahora un nuevo revés, por parte del Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, según ha conocido en exclusiva Actuall.
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Suscríbete ahoraEl Colegio de Psicólogos de las Palmas ha decididop la inhabilitación por falta grave al vulnerar el deber de «fundamentación objetiva» y de «responsabilidad»
La Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas ha propuesto la inhabilitación por falta grave durante un mes al psicólogo que firmó un informe en el que se aseguraba, de forma categórica que el padre de la niña y su actual pareja, habían cometido sobre ella abuso sexual y maltrato físico, respectivamente.
En concreto, sostiene en su resolución, notificada este jueves a las partes, que “hay vulneración del artículo 6 [del Código Deontológico] por lo referido al sentido de la responsabilidad, así como fundamentación objetiva”.
Contra dicha resolución cabe recurso, que deberá ser resulto por la Junta de Gobierno del colegio profesional, según se establece en sus estatutos.
En la propuesta de la comisión deontológica se subraya que “no se ha evaluado” a los presuntos causantes de las huellas psicológicas detectadas
En el fallo de la comisión deontológica se subraya que “no se ha evaluado” a los presuntos causantes de las huellas psicológicas detectadas y que, según el informe ahora cuestionado, provendrían de episodios de maltrato físico y abuso sexual sufridos por la menor.
La Fiscalía pide una prórroga
Se da la circunstancia de que este informe se refiere a una denuncia interpuesta por Susana Guerrero contra el padre de su hija en el año 2014, en el municipio canario de Aruca, respecto a la que la Fiscalía, el pasado 26 de mayo ha reclamado la declaración de “especial complejidad de la causa”, de tal forma que el proceso pueda alargarse sin incumplir la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El pasado mes de diciembre, entró en vigor la reforma de esta ley, que desde entonces prevé un periodo ordinario de instrucción de seis meses y de 18 para las complejas, ampliable hasta los 36 meses.
Por otro lado, tanto la propuesta de inhabilitación del psicólogo como la petición del fiscal canario, ha coincidido con el hecho de que la Audiencia Provincial de Toledo se reunió esta semana para determinar si debe ejecutarse la sentencia del Juzgado de Talavera de la Reina que determinó en un fallo en mayo de 2015 que la guardia y custodia de la niña debe pasar a manos del padre, limitando los encuentros de Susana Guerrero con su hija a «sábados y domingos alternos durante una hora», en un Punto de Encuentro Familiar.
