El pasado 3 de mayo se conoció la resolución del expediente sancionador 1/2017 en el ámbito de los derechos de las personas LGTBI según la ley balear.
El origen del procedimiento civil y administrativo surgió a raíz de unos comentarios publicados en Facebook por Juan José Tenorio el 25 de mayo de 2017 en los que se criticaban las leyes LGTBI aprobadas en las Islas Baleares y que ya existen, con mayor o menor parecido en 13 comunidades autónomas.
El ayuntamiento de Palma instó al fiscal a recurrir a la vía civil, a la vez que abrían un proceso administrativo a expensas de la ley LGTBI de rango autonómico. Tras unos meses, en octubre de 2017, la Fiscalía comunicó al juez instructor el archivo de la diligencia al entender que no había delito de incitación directa al odio, a la discriminación o a la violencia contra tales grupos. Sin embargo en el informe abría la puerta a una posible sanción administrativa, que como tal le fue impuesta a Juan José Tenorio.
La administración consideró que Juan José Tenorio emitió «intencionadamente expresiones vejatorias, de LGTBI-fobia, en los medios de comunicación» e que incurrió en una infracción leve
Pese a la apelación ante tal resolución que le impuso un multa por falta leve de 735,90 euros (o el importe del salario mínimo interprofesional de las Islas Baleares), la Administración ha mantenido la sanción por lo que los abogados de Juan José Tenorio han anunciado que los próximos días presentarán un recurso de alzada ante la consejería de Presidencia, que es el último recurso posible en el campo administrativo y en caso de ser rechazado, han anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional.
La sanción se tramitó de acuerdo a la normativa de la Ley 8/2016 de 30 de mayo para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI-fobia, y se consideró que Juan José Tenorio emitió «intencionadamente expresiones vejatorias, de LGTBI-fobia, en los medios de comunicación, en discursos o intervenciones públicas», y por ello se consideró que incurrió en una infracción leve.
«Estamos ante una batalla política, por defender los derechos civiles», ha manifestado Tenorio. «No soy culpable de nada, soy víctima de un atropello. Esta ley es anticonstitucional», ha insistido. «Y se está tramitando una ley más perniciosa en el ámbito nacional, la ley de Podemos», ha concluido.
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