Con 70 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional ha aprobado un proyecto de ley relacionado con la aplicación del artículo 29 de la Constitución ecuatoriana que se refiere al derecho fundamental de los padres y a la libertad para criar y educar a sus hijos, de acuerdo con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
La aprobación de esta resolución se produce tras los polémicos fallos de la Corte Constitucional, como la sentencia No. 003-18-PJO-CC, que quita la «autoridad tuitiva de los padres» o tutores y se las da al Estado como «salvador externo», cuando se considere que se afecten su derecho «a la educación y a la salud sexual y reproductiva».
En el debate legislativo, Sonia Palacios, legisladora de Alianza PAIS, sostuvo que la Asamblea debe ratificar la defensa de la familia y el derechos de los padres a escoger la educación de sus hijos. «Hemos visto como la sociedad ecuatoriana se movilizó en defensa a la familia. La resolución que estamos discutiendo es la respuesta a esa movilización», asegura.
Mientras que César Rohon (PSC) recordó que los niños deben ser protegidos por el Estado y, a su criterio, el fallo no tuvo sustento legal y, por el contrario, atentó a la protección a los menores y el derecho de los padres a educar a sus hijos. «Qué bueno que el Consejo de Participación Ciudadana esté evaluando a la Corte Constitucional (…) ojalá se vayan quienes votaron por esta norma», recalcó.
El derecho de lo padres sobre la crianza y educación de sus hijos debe ser garantizado por la Constitución, el día de hoy votamos por ello y ratificamos nuestro incondicional apoyo a la familia. pic.twitter.com/47sxncesSG
— César Rohon Hervas (@CesarRohon) August 1, 2018
El más crítico fue César Solórzano (Sociedad Patriótica), quien dijo que el fallo constitucional es otro ataque a la sociedad y a los padres que quieren educar a sus hijos. «Primero fue la tabla de consumo de drogas; segundo, nos hablaban de la igualdad de género; tercero, las nuevas masculinidades y las mujeres en su diversidad (…) A mí me preocupa quién está impulsando esta agenda en la Asamblea, en la Presidencia y ahora en la Corte Constiutucional».
Solo Wilma Andrade, representante de la Izquierda Democrática, ha pedido que en la resolución legislativa se garantice el derecho a los adolescentes de recibir información sobre sexualidad, y que desde el Gobierno se promuevan políticas para afrontar los embarazos adolescentes con enfoque integral y de derechos para reducir los casos en los próximos años. Héctor Yépez, quien presentó la resolución, aceptó estas dos propuestas. Al final en la votación 70 asambleístas apoyaron la resolución de garantizar al derecho a los padres a educar a sus hijos y hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional.
Tras la noticia, las reacciones no han tardado en sucederse:
https://twitter.com/LaCristiFranco/status/1024394030199787520
Por qué quieren destruir a la #Familia ? Por q desconocen el derecho de los padres de educar y orientar a los adolescentes en materia sexual? Por q le dan al Estado la condición de “salvador externo”? Se equivocaron los 5 jueces de la #CorteConstitucional ! pic.twitter.com/XTA0VHBvuY
— Luis Fernando Torres (@lftorrest) July 31, 2018
*Esta noticia ha sido publicada originalmente por el Diario EL TELÉGRAFO.
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