El diario oficial El Peruano anunció que, a partir del 23 de agosto y para más de millón y medio de funcionarios públicos, será obligatorio recibir 24 horas de clases de “capacitación en enfoque de género”. Más allá de estar o no de acuerdo con el concepto de “género”, una capacitación obligatoria por parte del Estado en determinado tema ideológico constituye un paso firme hacia el totalitarismo y la destrucción del Estado de Derecho.
Aun con las mejores intenciones en las que un Estado quiera promover un supuesto derecho, las capacitaciones obligatorias no son las formas democráticas. Independientemente de cuál sea el tema, el Estado no puede obligar o imponer una forma de pensar.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEn un sistema político democrático, no se puede proteger un derecho fundamental afectando otro derecho fundamental. Si, por ejemplo, se desea proteger la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, se debe respetar la libertad de conciencia también. El camino de la democracia es el respeto absoluto a la libertad de las personas y específicamente es la educación con libertad de conciencia. Definitivamente, no es imponer ideología.
Históricamente, los estados modernos adoptaron el Estado de Derecho para evitar el totalitarismo de los monarcas. El Estado renunció a ser un poder omnímodo para transformarse en una organización política y administrativa regida por formas jurídicas establecidas con principios constitucionales que la sociedad avale.
Actualmente y por extensión, el Estado de Derecho protege a sus ciudadanos de la posibilidad de un poder totalitario del gobernante de turno. Basta ver las dictaduras totalitarias de hoy, China o Cuba solo por citar dos ejemplos, en las cuales el Estado controla todo aspecto social e invade los fueros más íntimos de las personas para regir lo que deben pensar, lo que deben sentir y lo que deben hacer.
Hoy, con las tecnologías digitales, un Estado totalitario puede ejercer un control absoluto 24/7 de cada ciudadano. Sin límites morales, jurídicos o políticos, puede ser capaz de saber todo lo que cada ciudadano hace, lo que consume y hasta lo que opina en redes sociales. Puede también establecer premios y castigos según se alineen a sus políticas de gobierno como, por ejemplo, conseguir un puesto en el sector público o tener acceso a servicios públicos o privados. Ya lo hacen en China que bien puede considerarse un paradigma hacia el cual caminan otros países que se autodenominan democráticos.
Y por supuesto, las formas de imposición más peligrosas son las más sutiles. Aquellas donde a las personas se les presenta un relato político muy bonito, adornado de muchos supuestos derechos y libertades, pero que esconden la condición única de someterse al poder totalitario del Estado como fuente y garante de todo lo que se concede.
Para que haya una capacitación con respeto de libertad de conciencia en un auténtico Estado de Derecho debe haber 3 elementos básicos: Primero, que las personas sepan de qué se trata la capacitación y cuáles son sus contenidos. Segundo, que expresen libremente su voluntad de tomarla. Y finalmente, que exista siempre la posibilidad de pensar diferente.
Por lo dicho, una capacitación obligatoria de este tipo es moralmente incorrecta y jurídicamente inválida. Pero además es políticamente inconveniente. La imposición siempre genera rechazo, por lo menos en un parte de la población. Cuanto más ideológica, mayor rechazo. Genera una polarización política y favorece una cultura de mayor violencia. La historia nos enseña que, tarde o temprano, conduce a la rebelión que la destruye.
Cuando el Estado obliga a adoptar una sola ideología y no deja la posibilidad de pensar distinto, afecta la libertad de conciencia y se vuelve totalitario. Esto es válido tanto si uno está de acuerdo o no con el concepto de “género” o con cualquier otro concepto de tipo ideológico.
Si se preguntara a los peruanos, se comprobaría que una capacitación en género es polémica, por decir lo menos. Para muchos como Aldo Mariátegui, se trata de “un absurdo circo costoso” por el cual deberían censurar a la Ministra de la Mujer.
La coyuntura política, social y económica exige atender tantísimas otras necesidades más básicas y urgentes para los peruanos y para el gobierno de Dina Boluarte.
No es momento de pelearse entre peruanos, sino de unirse.
Carlos Polo es Director de la Oficina para Iberoamérica de Population Research Institute y co-autor del libro “Que Otros No decidan por Ti. Hacer política en la era de la posverdad”