La eutanasia al banquillo: ¿quién debería responsabilizarse?

Ángel era técnico de imagen, amaba su trabajo, pero más amaba a Maria José, su mujer. Ella era secretaria judicial, pero tuvo que dejarlo tan pronto como le detectaron esclerosis múltiple, 15 años atrás. Su vida era complicada, imposible negarlo, pero bastante llevadera gracias a los constantes cuidados de su madre y su marido.

Todos sabían que la enfermedad iría a peor, pero acababan de aprobar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y parecía que gran parte de sus problemas no tardarían mucho en remitir, tan pronto como pudieran hacer uso de las nuevas prestaciones asistenciales y económicas que el Estado se comprometía a garantizar. Estaban ilusionados, había lugar para la esperanza.

El año siguiente a la aprobación de la Ley de Dependencia, la cruda realidad cortó las alas de este matrimonio. A la madre de Maria José le detectaron Párkinson, y poco a poco pasó de ser una ayuda, a una complicación añadida a su situación ya de por sí delicada. Las ayudas a la dependencia aún no estaban del todo reguladas ni preparadas para el aluvión de solicitudes, y el Centro para Esclerosis Múltiple en el que habían pedido plaza rechazó su petición hasta nuevo aviso. Ángel tuvo que solicitar la reducción de jornada en el trabajo, con las desventajas económicas que ello suponía, pero la situación realmente lo requería.

Con la llegada de la crisis inmobiliaria la cosa no mejoró precisamente. Las ayudas a la dependencia se congelaron (como casi todo en aquel entonces) mientras la esclerosis múltiple de María José seguía adelante, con su respectivo empeoramiento progresivo. Ángel hacía lo que podía, pero la situación comenzaba a resentir hasta su propio cuerpo. Solicitaron una nueva plaza para otra residencia, por si hubiera más suerte ahora que la enfermedad se recrudecía.

Veintisiete años después de que le diagnosticaron a María José la esclerosis múltiple, doce desde la aprobación de la ley de dependencia, nueve desde que entró en la lista de espera, la espalda de Ángel da un ultimátum

Septiembre de 2009. La Dirección General de Dependencia de la Comunidad de Madrid reconoce a Maria José un grado de dependencia III que justifica una atención prioritaria y garantiza una plaza en una residencia asistida. Vítores por un momento, decepción rotunda con la vuelta a la realidad. La plaza no puede hacerse efectiva y Maria José debe permanecer en su casa mientras llora la repentina muerte de su madre. Ahora solo le queda Ángel y la esperanza de llegar algún día a la cima de esa infinita lista de espera.

Pasa un año entero y todo permanece igual -o peor aún si cabe-. Ángel se ve obligado a solicitar la jubilación anticipada con 61 años para poder cuidar a su mujer. La reducción de jornada ya no es suficiente y la Administración no parece que vaya a poner de su parte para evitarlo. El tiempo pasa y este matrimonio permanece resignado en el anonimato. Intentan que su historia se haga pública, para poder denunciar la injusta situación, pero como ellos hay miles de casos repartidos por toda España, y lo habitual, por muy injusto que sea, no vende. No son más que un número en una lista de espera. Nadie se preocupa por ellos y la situación no hace sino empeorar.

Veintisiete años después de que le diagnosticaron a María José la esclerosis múltiple, doce desde la aprobación de la ley de dependencia, nueve desde que entró en la lista de espera, la espalda de Ángel da un ultimátum. Esto no puede seguir así. Le diagnostican espondilolistesis degenerativa, debido a unos esfuerzos físicos excesivos para su edad. Tiene que operarse cuanto antes, y de hecho le agendan una cita para la intervención, pero Ángel tiene que retrasarla, una y otra y otra vez. Nadie puede quedarse con María José durante su convalecencia. Presentan una nueva solicitud para una acogida temporal en una residencia. La situación apremia una pronta respuesta de la Administración y, lo crean o no, ésta no tarda en llegar. El Gobierno regional rechaza la petición, considerando que disponen ya de una plaza desde 2009 para ella ¿aquella que nunca pudieron hacer efectiva? Esa misma. Le dan un papel que pone “derechos”, pero nadie hace por comprobar si efectivamente puede ejercerlos.

Se enzarzan en una cadena de recursos administrativos donde debían “confiar” en la Administración y desistir de los procedimientos judiciales para tener acceso a la oferta de una plaza temporal. Regateo de derechos. No tiene otra descripción. Le piden que renuncie a la plaza permanente que le concedieron 9 años atrás – y aún no habían podido disfrutar -, para poder solicitar la temporal que Ángel necesita para su operación. No hay garantías, así que no aceptan. El tiempo pasa y la Administración acude al vergonzoso silencio negativo, para justificar que no hay derecho a una “nueva” plaza, por el supuesto disfrute de una plaza anterior. Descoordinación administrativa en su máximo esplendor. La única resolución clara viene de parte del hospital, Ángel está fuera de la lista de espera para su operación de espalda por posponerla en exceso desde hace más de un año.

Llega el 2019 y con este nuevo año el principio del fin. La enfermedad ha llegado a un punto de no retorno. El médico de Maria José le ofrece la posibilidad de cuidados paliativos en casa, lo cubriría todo la Seguridad Social. No se creen nada (como para hacerlo a estas alturas). Una asociación proeutanasia les ofrece la posibilidad de dejar de ser sujetos pasivos para tomar la iniciativa hasta las últimas consecuencias. Y así lo hacen. Están desesperados. En una grabación de 11 minutos queda constancia de cómo Ángel termina esta historia de la peor manera posible. “Si lo hubiera hecho un médico, la duermen y no sufre y tampoco sufre la persona que está con ella” afirma ante los medios. Claro que ha sido doloroso para él. Ella era el amor de su vida y la falta de ayuda le ha obligado a matarla. Lo que no entiende es que para un médico tampoco sería plato de buen gusto matar a otra persona, por muy mal que se encuentre. No se trata de quién puede o debe hacerlo, sino de quién puede y debe evitarlo.

Ángel no tardó mucho en terminar en los Juzgados de Violencia contra la Mujer, pero yo me pregunto: ¿Era él quien debería estar ahí? ¿Por qué las administraciones no son responsables de su falta de coordinación? ¿Por qué los políticos no son responsables de sus incumplimientos legislativos? ¿Por qué los medios de comunicación no son responsables de dar la espalda a este tipo de noticias cuando no hay un titular sensacionalista? ¿Por qué las asociaciones pro-eutanasia no son responsables de incitar a la comisión de lo que hasta la fecha era un delito? ¿por qué la ciudadanía no es responsable de permitir que una mala gestión de nuestros recursos sea tapada con un parche llamado “muerte digna”?

Y seguirán aplaudiendo al Gobierno por permitir a la ciudadanía que se maten entre ellos “cuando las circunstancias lo justifiquen”, porque claro, es mucho más progresista gastar 450 millones de euros en un Ministerio de Igualdad y aprobar la eutanasia, que invertir ese mismo dinero en Seguridad Social y reformar el sistema de ayudas a la dependencia.

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