El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Javier Maroto (Vitoria, 1972), es el mayor valedor de la ideología de género en la formación dirigida por Pablo Casado. En el año 2015, formalizó civilmente su relación con Josema Rodríguez, propiciando una imagen que simboliza la claudicación del Partido Popular frente a los dictados de la fórmula con la que el comunismo se ha reinventado tras el colapso de la Unión Soviética.
El pasado lunes, sin embargo, Maroto reconoció en una sorprendente declaración que «hay asociaciones de mujeres que viven del chiringuito de la subvención». Una denuncia reiterada hasta la saciedad por numerosas organizaciones ciudadanas que ha sido silenciada por los medios de comunicación de manera sistemática.
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Así es la red de grupos vinculados al PSOE que saca provecho de la “industria” de los malos tratos
La irrupción de Vox en el panorama político nacional ha puesto de relieve el debate sobre las injusticias que provocan las leyes de género como la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género.
Un debate que, por otro lado, antes o después debía estallar, pues lleva larvado en la sociedad española desde hace años. Son miles de hombres denunciados de forma reiterada que finalmente no son condenados porque el 87% de las denuncias acaban desestimadas, archivadas o sobreseídas.
Miles de hijos que han sufrido en primera persona las consecuencias de convertir por este medio que sus padres se conviertan en cajeros automáticos para sus exmujeres o visitadores ocasionales. Los hijos se convierten en huérfanos de padre vivo. Miles son también las madres que ven cómo una de estas denuncias arrampla con la fama y la dignidad de sus hijos y les impide mantener una relación normal con sus nietos. Miles las mujeres que, sobreponiéndose al estigma social, se hacen compañeras de estos hombres heridos y sufren las consecuencias del feminismo radical.
En todo caso, las palabras de Maroto son recibidas con escepticismo por algunas de las personas que más se han distinguido en España por combatir las leyes de género y sus consecuencias.
Actuall ha consultado a algunos de ellos. Estas son sus impresiones:
Competencia al homosexualismo
La escritora e investigadora de la ideología de género Alicia Rubio, autora de ‘Cuando nos prohibieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres‘, considera que a Maroto no le ha quedado más remedio que reconocer una obviedad: «Maroto reconoce que hay asociaciones de mujeres que viven del chiringuito feminista y de la subvención pública porque es cierto. Muchas y malversando muchos millones».
Pero a su juicio el secretario general del organización del PP debería dar un paso más: «Ahora sólo falta que reconozca que hay muchas asociaciones homosexualistas que están haciendo lo mismo. Que reciben millones de euros y se están ya terminando de montar unos chiringuitos paralelos a los feministas tanto en subvenciones como en privilegios y empleos públicos».
Rubio sospecha que el hecho de que lo haya denunciado se debe a que ambos grupos de presión, feministas y homosexualistas, «han entrado en competencia y es una forma de tirarle el chiringuito a la ‘empresa’ adversaria».
No en vano, algunos militantes de la rama juvenil del Partido Popular han llegado a asegurar que «el 70% de los chicos de Nuevas Generaciones de Madrid son gais» y son bien conocidas las disputas entre las organizaciones homosexualistas y un amplio sector del feminismo respecto a los vientres de alquiler.
«Un entramado mastodóntico y sin control»
La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción es una de las entidades que más se ha distinguido en los últimos años por denunciar los «chiringuitos» feministas y las tramas político-asociativas por las que transcurre una ingente cantidad de dinero relacionada con las denuncias por violencia de género.
Su tesorero, Eugenio Martín Closas, denuncia a Actuall que «el entramado de asociaciones feministas en España se podría calificar de mastodóntico» nutrido principalmente de subvenciones de provenientes de todos los niveles de la Administración nacional, así como de organismos internacionales.
Asímismo, Martín pone el foco en el descontrol que se ejerce sobre la catarata de subvenciones: «El control sobre el destino para el que posteriormente esas asociaciones feministas destinan los fondos es inexistente, dado que al ser asociaciones supuestamente sin ánimo de lucro nadie controla sus flujos de caja, y aún en el hipotético caso de que fueran asociaciones declaradas de interés público únicamente tendrían obligación de presentar sus cuentas, pero nadie ha cuestionado hasta la fecha el uso y destino final del dinero, el cual en muchas ocasiones raya la legalidad (promoción de denuncias falsas de maltrato…)».
En esta falta de control la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ve un efecto causal directo con el poder que ejercen las organizaciones feministas sobre los órganos administrativos y todo aquél que ose cuestionar la limpieza de las subvenciones y su uso. A su juicio, este control «en todo caso podríamos calificarlo de ‘mudo’, dado que cualquiera que cuestione las acciones de cualquiera de las miles y miles de asociaciones que viven del cuento de la ideología de género, será ferozmente atacado por las hordas feministas apoyadas por los grandes medios de comunicación», igualmente subvencionados para colaborar en la expansión de estos postulados.
Martín añade que han solicitado en reiteradas ocasiones conocer el preceptivo informe de auditoría de los fondos distribuidos desde las instituciones europeas a través del programa Daphne, «a través de los cuales han llegado a España más de 24.000.000 de euros«, sin éxito.
Sólo la Fundación Mujeres, vinculada al PSOE, ha recibido entre el año 2014 y el 2018 6.418.146,24 €, denuncia Eugenio Martín.
El PP ve peligrar los votos
La abogada Yobana Carril (Celtius Abogados) tomó la determinación de poner en juego toda su pericia profesional para defender a hombre denunciados bajo la Ley de Violencia de Género. Desde su experiencia como defensora en estos casos, recibe con escepticismo las palabras del dirigente popular: «Ahora Maroto, en un alarde de inspiración divina reconoce que hay asociaciones de mujeres que viven de las subvenciones; y yo me pregunto, ¿acaso antes no lo veía? ¿O quizás ha visto que miles de personas han perdido el miedo a salir a la calle para gritar lo que era incriticable hasta hace un par de meses?»
Un buen ejemplo de esto es la I Marcha Estatal en defensa de los derechos de los niños celebrada el pasado mes de noviembre, en la que numerosas organizaciones unieron fuerzas contra la Ley Integral de Violencia de Género.
«A Maroto y a su partido le importan bien poco los daños colaterales que la LIVG ha causado en miles de familias, pero sí le importan las papeletas que esas familias depositan en las urnas cada 4 años», denuncia Carril
Yobana Carril lo tiene claro: «Que ahora de repente la cuestión de las denuncias falsas en el ámbito de la Violencia de Género y de las ingentes subvenciones se haya convertido en un debate público ha hecho que algunos partidos políticos vean peligrar miles de votos, y como todos sabemos los políticos se mueven por votos, no por interés social«.
Aún más, insiste, la declaración de Maroto se ciñe a un interés táctico del Partido Popular ante las importantes convocatorias electorales que se avecinan en 2019 en España. «A Maroto y a su partido le importan bien poco los daños colaterales que la LIVG ha causado en miles de familias, pero sí le importan las papeletas que esas familias depositan en las urnas cada 4 años», denuncia Carril, por lo que Maroto «llega tarde y de forma interesada«.
Sin embargo, como aspecto a valorar, la abogada sostiene que «lo único positivo, es que la curia política empieza a poner sobre el mantel la ideología de género y toda la estructura de subvenciones públicas que la sustentan».
«El PP sigue en lo políticamente correcto»
Jesús Muñoz, víctima de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género y autor de la web de referencia en este ámbito malostratosfalsos.com, considera que hasta la fecha, «todo político que se precie, y más siendo de derechas, había defendido la idea de que las denuncias falsas existen. Todos, absolutamente todos se aferraron a la falsedad, manipulada e insustancial, de la cifra del 0,001% de denuncias falsas».
Si se ha dado un cierto cambio con el reconocimiento de Maroto sobre el chiringuito subvencionado de las asociaciones feministas, Muñoz considera que está relacionado con la irrupción de Vox en la política nacional a través del Parlamento de Andalucía.
«Algo ha sucedido con el partido Vox, que tiene asustado a Ciudadanos que se ha escorado a la izquierda, en busca del voto femenino que perderá el PSOE, y al PP que se escora la derecha en busca de la pérdida de votos masiva que se le van a Vox», explica.
Sin embargo, Muñoz también se muestra desconfiado: «El PP no termina de arrancar y se mantiene en lo políticamente correcto, lo que le llevará al desastre», porque las cifras son abrumadoras: «1.750.000 denuncias con un 80% de archivos y absoluciones es decir, apenas 400.000 condenas, de las que casi 300.000 son conformidades sin juicio. El resto son condenas por casos graves, de las que el 33,8% son sentenciadas, según el CGPJ, con la mera declaración de la denunciante la mera declaración de la denunciante, sin aportación de pruebas, partes médicos o testigos», expone con convicción.
A juicio de Jesús Muñoz, la suma del millon de afectados directos más sus familiares, suponen una fuerza electoral de unos 4 millones y medio de votos que pueden ser decisivos en los próximos comicios
Muñoz considera que las noticias que algunos pocos medios han publicado sobre las subvenciones a entidades feministas «han hecho saltar todas las alarmas», de tal forma que el foco se ha colocado en el Tribunal de Cuentas, donde el PSOE ha colocado a una de las históricas dirigentes de las entidades cuestionadas: Enriqueta Chocano, expresidente de la Federación de Mujeres Progresistas.
Muñoz anima a tomar en consideración el que califica como «uno de los estudios más completos» sobre la cuestión, realizado por el tuitero @Absolutexe y que se puede consultar en estos tres artículos: “Subvenciones a la mujer”, “Subvenciones a la mujer II” y “Subvenciones a la mujer III”.
Muñoz coincide con Carril en la cuestión electoral como desencadenante de la «epifanía» de Maroto. A su juicio, la suma del millón de afectados directos más sus familiares, supone una fuerza electoral de unos 4 millones y medio de votos que pueden ser decisivos en los próximos comicios.
«La gente está harta de la corrección política y de la ideología de género que tanto está destrozando esta sociedad. Las apuestas están hechas, ¿quién da más?», concluye.
«La igualdad, incompatible con el feminismo»
La presidente de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), Inmaculada Ocaña, considera que la declaración de Maroto «forma parte de esa visión de la historia que se infiere de la interpretación de la sociedad abierta, como sociedad inclusiva que no se aferra a sus tradiciones y adopta un carácter universal, en la forma deducida de Bergson».
A su juicio, «en España, la red clientelar del feminismo no es más que el pretexto para ampliar la base sociológica del posible votante de izquierdas, como si determinados conceptos como la custodia compartida, no fueran patrimonio también de ésta en la vertiente de igualdad».
Ocaña se muestra convencida de que «la lección sociológica de las elecciones andaluzas es que los padres penalizados por la jurisdicción de excepción de los Juzgados de Violencia de Género es muy posible que puedan decantar el sesgo de quién ganará las próximas generales». Aunque sin garantías, pues considera que en Andalucía, pese a la llegada de Vox y su discurso, todo avance en «auténticas políticas de igualdad incompatibles con el feminismo» han quedado postergadas «por el imperio de la opinión pública y sus medios».
