El pasado 19 de diciembre aconteció un hecho singular en la Cámara de los Diputados de la Nación Argentina. Una iniciativa de ley que contaba con todo el respaldo del gobierno, partidos políticos y medios de comunicación fue aprobada de forma casi unánime. Y este “casi” generó profundo malestar.
Hubo un voto disidente y sobre su autor se descargó la ira del poder establecido.
La denominada Ley Micaela Garcia, que combatirá la “violencia de género” y que lleva ese nombre debido a una joven de 21 años que fue violada y brutalmente asesinada en 2017, tuvo 171 votos a favor y uno en contra. Solo uno… el de un hombre, el diputado Alfredo Olmedo.
Inmediatamente, el parlamentario fue linchado en los medios de comunicación y en las redes sociales: retrogrado, fundamentalista, fascista, machista, misógino, violento. Las criticas y ofensas le llovieron durante días.
La iniciativa de ley tuvo una inusual tramitación, ágil, rápida, con aprobación el mismo día en la Cámara de Diputados y en el Senado, en sesiones extraordinarias de fin de año. Al cierre de caja
Olmedo es un empresario del interior del país, tiene 53 años, es evangélico, polémico y enemigo de lo políticamente correcto, no tiene la lengua presa para confrontar en la Cámara la “agenda progre” que se le viene imponiendo al país desde hace algunos años.
Pero esta vez, las críticas a su posicionamiento también salieron de algunos ambientes conservadores: ¿Por qué oponerse a una ley que tiene como objeto explicito proteger a las mujeres y que se impulsa en honor a una víctima?
Olmedo explicó, a través de su cuenta de Twitter, que votó “en contra de la ideología de género” y que va a “seguir sosteniendo que Dios creó al hombre y a la mujer”.
He sido el único diputado nacional que he votado en contra de la Ideología de Género, voy a seguir sosteniendo que Dios creó al hombre y a la Mujer
— olmedopresidente (@olmedopresident) December 19, 2018
Y a la prensa, que pidió más explicaciones, dijo: “Yo soy el primero que exige endurecer las penas para los violadores, defiendo la dignidad de la mujer y soy enemigo de los violentos, pero en la ley se está colando la ideología de género; y eso no lo voy a convalidar”.
La iniciativa de ley tuvo una inusual tramitación, ágil, rápida, con aprobación el mismo día en la Cámara de Diputados y en el Senado, en sesiones extraordinarias de fin de año. Al cierre de caja.
En el Congreso faltaron 84 legisladores a la sesión donde se votó la media sanción durante la madrugada; inmediatamente, fue enviada al Senado donde fue aprobada el mismo día por los 59 senadores presentes. Faltaban 13.
La Ley Micaela
Pero ¿qué dice la Ley Micaela? La nueva ley, que recibió el apoyo e impulso del presidente Mauricio Macri, tiene como destinatarios a trabajadores del Estado porque Micaela García sufrió y murió en manos de un hombre que debería haber estado preso por dos violaciones y fue colocado en libertad por un juez.
Establece la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de formar y “sensibilizar” en materia de “perspectiva de género” a todos los funcionarios públicos.
Todas las personas que trabajan los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como organismos descentralizados, sin importar su jerarquía o forma de contratación deberán pasar por procesos de “capacitación y sensibilización” en temas de “género”.
La elaboración de los contenidos y su implementación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INM), que dirige Fabiana Tuñez, una conocida activista de lo que ella denomina el “feminismo popular”
Pero lo singular de esta ley viene aquí: es obligatoria, los agentes del Estado deberán cursar y aprobar todos los años la capacitación y su incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
Este último aspecto especialmente sensible, donde queda de manifiesto el tipo de control que se pretende ejercer: más que “capacitar y sensibilizar” se determinará para el funcionario una única forma de pensar sobre “género”. No habrá libertad y su desarrollo profesional dependerá de ello.
Además, la elaboración de los contenidos y su implementación estará a cargo el Instituto Nacional de la Mujeres (INM), que dirige Fabiana Tuñez, una conocida activista de lo que ella denomina el “feminismo popular”.
Tuñez es lesbiana, ferviente defensora de las agendas abortista y elegebeté y fue fundadora de la Casa del Encuentro que trabaja con mujeres, niños y adolescentes y que mantiene “como único objetivo desconstruir la cultura patriarcal”.
Si hubiera duda de como serán tratados los temas de género en el programa impuesto por la nueva ley basta ver la Guía para la Prevención e Intervención de Situaciones de Violencia contra las Mujeres en las Organizaciones, elaborada por el INM.
En el documento se afirma, con todas las palabras, que el “género” es una construcción cultural radicalmente independiente del sexo biológico, “una categoría que rompe con la noción de ‘lo natural’; ya que lo femenino y lo masculino no se refieren al sexo de los individuos sino a las conductas consideradas femeninas o masculinas”.
Para el INM la violencia contra las mujeres surge como “consecuencia del patriarcado, popularmente llamado ‘machismo’, y la división sexual del trabajo como la conocemos, la división simbólica del espacio público y el privado, son otras de sus manifestaciones”.
También expresiones del “sistema de dominación patriarcal” – dice el texto – “la misoginia, la mercantilización de los cuerpos, la transfobia, la lesbofobia, la homofobia, la idea del amor romántico, el abuso infantil, entre muchos otros”. Feminismo radical, puro y duro.
La “heteronormatividad compulsiva” debe ser combatida y la diversidad de las identidades de género aceptadas bajo riesgo de cometer violencia simbólica y crimen de discriminación.
Durante las discusiones en el Legislativo, algunos parlamentares aseguraron que al hablar de “género” esta ley se refería específicamente a las mujeres y acusaron al diputado Olmedo de deformar la realidad.
Sin embargo, parece que el “fundamentalista” Olmedo fue el único que en realidad defendía la libertad frente a una maniobra autoritaria para imponer una ideología a través de una causa noble.
En vez de “capacitar y sensibilizar” la Ley Micaela adoctrinará y definirá un nuevo dogma del que ningún servidor público podrá disentir, so pena de ser penalizado y colocar en riesgo su desarrollo profesional. Olmedo, el único voto disidente, tenía razón. La “inquisición feminista” esta llegando.
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