Organizaciones ciudadanas de los veinte países que reconocen la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su repudio a la actuación del tribunal que instó a Costar Rica y a los demás Estados de la región a garantizar el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo y el cambio de nombre por cuestiones de ‘género’.
En declaraciones a este corresponsal representantes de más de treinta entidades coincidieron en que la Corte sobrepasó sus competencias y violó el Estado de derecho con la ‘opinión consultiva’ divulgada el pasado 9 de enero.
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Suscríbete ahora«La Corte esta erigiéndose indebidamente en legislador del continente, ella no puede interferir en un campo que sólo le compete al Poder Legislativo de cada país. Es activismo judicial puro«, apuntan.
Consideran que el tribunal es instrumentalizado para imponer «desde arriba» una agenda ideológica a todo el continente. «Es una tentativa autoritaria que viola nuestra soberanía, se trata de un acto de neocolonialismo ideológico«, subrayan.
La manifestación de la Corte hiere el derecho a la libre determinación de los pueblos y viola el orden constitucional de varios países
Aunque técnicamente la ‘opinión consultiva’ sólo tiene valor vinculante para quien la solicitó, en este caso Costa Rica, los magistrados solicitaron a los gobiernos «vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo», pues según su interpretación el Pacto de San José contempla las categorías de ‘orientación sexual’ e ‘identidad sexual’, aunque no haga mención alguna a ellas.
Para todos los líderes ciudadanos consultados la manifestación de la Corte hiere el derecho a la libre determinación de los pueblos, viola el orden constitucional interno de varios países, esta en contradicción con la propia letra del Pacto de San José y supera la competencia dada originalmente al tribunal.
Son veinte los Estados que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Estas son las posiciones de los representantes de algunas de las organizaciones consultadas por este corresponsal.
Argentina: la Corte actua como legislador para toda América
María Inés Franck, del Centro de Bioética, Persona y Familia, considera que la Corte Interamericana claramente se propasó en el ejercicio de sus atribuciones. «No es una novedad, esta actitud ha sido cada vez más frecuente en los temas de la vida y la familia, actuando como instrumento de una ideología minoritaria que pretende imponerse hegemónicamente en nuestra región«.
«Los órganos legislativos de nuestros países deben tener muy en claro que se trata de una opinión de la Corte, que técnicamente no es vinculante. Cada país debe manejar soberanamente sus propios procesos para decidir estos temas considerando los valores de sus ciudadanos y el bien común», incide.
María de los Ángeles Mainardi, miembro de la junta ejecutiva de la Red Federal de Familias y del consejo directivo del Movimiento Cívico de Mujeres, afirma que «lamentablemente en la Argentina los criterios emitidos por la Corte Interamericana ya han sido incorporado en nuestras leyes, pero en los demás países latinoamericanos esta agenda ha enfrentado una fuerte resistencia popular, por eso ahora la quieren imponer desde arriba».
Ruth Montaño: «Es clarísimo que la pretensión de la Corte Interamericana es influir a los tribunales constitucionales nacionales y presionar a los gobernantes y parlamentarios»
Bolivia: es activismo judicial puro
Ruth Montaño, portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia, califica como totalmente arbitrario el pronunciamiento de la Corte. «Lo único que refleja esa opinión consultiva es el abierto apoyo a la agenda de género que va imponiéndose en Latinoamérica a través de los tribunales bajo el pretexto de la igualdad y la no discriminación. Se trata de activismo judicial puro».
«Es clarísimo que la pretensión de la Corte Interamericana es influir a los tribunales constitucionales nacionales y presionar a los gobernantes y parlamentarios. Estamos ante el gran riesgo de que se convierta en Legislador fáctico de cuestiones polémicas en Latinoamérica, vulnerando la voluntad del pueblo».
«En nuestro país la Corte Constitucional determinó que los llamados derechos de la ‘género’ no son absolutos y tienen sus límites en la Carta Magna que protege el matrimonio como institución natural derivada del vínculo conyugal de un hombre y una mujer. Bolivia y los Estados que reconocen la autoridad de la Corte Interamericana deben emitir un pronunciamiento de rechazo a tal injerencia para que su orden constitucional y el derecho a la libre determinación no se vean comprometidos».
Petinelli: «La Corte reinterpretó de forma grosera la concepción de familia que esta presente en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es explicitamente la de la familia natural»
Brasil: no es la visión original del Pacto de San José
Viviane Petinelli, vocera de la Red Estatal de Acción por la Familia, advierte que los magistrados realizaron una interpretación de «derechos humanos extendidos», que aunque polémica es común entre algunos juristas; esa perspectiva relativizó ampliamente los conceptos de ‘matrimonio’ y ‘familia’; sin embargo, no era esa la visión que tenían quienes redactaron el Pacto de San José ni de los países que la suscribieron.
«La decisión de la Corte se excedió claramente en sus atribuciones y reinterpretó de forma grosera la concepción de familia que esta presente en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es explicitamente la de la familia natural. Creo que habrá presiones en nuestros países para imponer esta reinterpretación que hasta el momento, por lo menos en Brasil, ha sido derrotada en las casas legislativas».
Elisabet Bunster: «Hasta hace poco esto sería llamado corrupción de menores. Es muy grave lo que la Corte está avalando, pues trastoca el desarrollo natural biológico, afectivo, psicológico y familiar del niño»
Chile: la decisión atenta contra el desarrollo natural de los niños
Elisabet Bunster, directora del Proyecto Esperanza y vocera de la plataforma Chile es Vida, apunta que el pronunciamiento de la Corte, aunque no es técnicamente vinculante, sí marca un grave precedente que favorece a que los tribunales nacionales emitan fallos en sintonía con éste y los parlamentarios respalden iniciativas de ley que vulneran la familia, los derechos de los padres y el bienestar de los niños.
«La opinión consultiva de la Corte afecta a los niños porque podrán ser adoptados por parejas del mismo sexo, privándoseles del derecho de tener un padre y una madre. También serán capaces legalmente de decidir qué sexo desean tener, para proceder o no al cambio de nombre en el registro civil. Hasta hace poco esto sería llamado corrupción de menores. Es muy grave lo que la Corte está avalando, pues trastoca el desarrollo natural biológico, afectivo, psicológico y familiar del niño».
Carmen Croxatto, de la Red por la Vida y Familia, explica que cada vez se ve con más claridad que este grupo de siete jueces se autoproclama legislador de hecho, «convirtiéndose en una instancia supranacional que amenaza la estabilidad de las decisiones de gobiernos democráticamente electos».
«Nunca hemos visto que con el mismo énfasis la Corte Interamericana salvaguarde los derechos de los seres humanos que están por nacer. Todo lo contrario. Consideran el aborto como un ‘derecho’. Sin duda, la maniobra de Costa Rica fue creada justamente para introducir verticalmente la unión homosexual como un ‘derecho’ en todo el continente».
«En Chile tenemos algo parecido con el Acuerdo de Solución Amistosa que Bachelet firmó entregándole a una organización LGBT todo lo que ese lobby quiere, a cambio de que retiraran una demanda en contra del Estado de Chile en la Corte, porque dos parejas de homosexuales no se podían ‘casar’ dentro de nuestro país».
Colombia: quieren sujetarnos al capricho de siete jueces
Jesús Magaña, de la plataforma ciudadana Unidos por la Vida, califica el pronunciamiento del tribunal como un abuso. «Es un intento de imponer una ideología que es ampliamente rechazada por nuestro pueblo; además este organismo se ha erigido por cuenta propia en legislador continental, sin tener mandato alguno para ello».
«Con este tipo de pronunciamientos la Corte esta caminando para crear un poder superior, integrado por siete magistrados que resuelven conforme capricho que pretenden imponer dictatorialmente su ideología a pueblos enteros; sin ningún tipo de contrapeso o freno, eso no existe en ningún sistema democrático».
Luis F. Calvo: «No aceptaremos esta forma de neocolonialismo que quiere imponer modelos de vida que no son aceptados por los costarricenses»
Costa Rica: El gobierno pagará en la próxima elección su abuso
Luis Fernando Calvo, de Voto Provida, asegura que, aunque el gobierno de su país solicitó la opinión consultiva de la Corte Interamericana y en teoría estaría obligado a acatar la decisión, el pueblo de Costar Rica no aceptará ni la violación a su soberanía ni la imposición de una agenda ideológica.
«Es una afrenta al princípio de autodeterminación como país; nosotros no elegimos a los jueces de la Corte ni les pedimos que definieran lo que debemos considerar ‘matrimonio’ y ‘familia’. No aceptaremos esta forma de neocolonialismo que quiere imponer modelos de vida que no son aceptados por los costarricenses. Si el actual gobierno cede al capricho de la Corte, le recordamos que este año tenemos elecciones nacionales y allí pagará el costo de su abuso».
Sara Larín: «El reconocimiento legal del mal llamado ‘matrimonio’ homosexual, es perjudicial para toda la sociedad, porque redefine la mayor institución de la que se benefician los niños»
El Salvador: una resolución contaminada de activismo político
A Sara Larín, presidente de Jóvenes Provida, la opinión del tribunal regional no le sorprende. «La Corte Interamericana lleva mucho tiempo dedicándose a tiempo completo al activismo judicial en favor de las demandas políticas del lobby LGBT, extralimitando sus funciones y llegando a vulnerar la soberanía de los estados miembros»
«El reconocimiento legal del mal llamado ‘matrimonio’ homosexual, es perjudicial para toda la sociedad, porque redefine la mayor institución de la que se benefician los niños. Nuestro país no debe someterse. Es una decisión invasiva».
Guatemala: es momento de acciones concretas contra los abusos
Elizabeth Quiroa, portavoz de Padres por Justicia, valora que su país no tiene porqué modificar su Constitución a causa de una ‘opinión’ de la Corte Interamericana que, además, excedió su competencia.
«En el caso de Guatemala – y creo que muchos países de la región se encuentran en la misma situación – hay problemas apremiantes que requieren de la atención de nuestros políticos como para que se pierdan en la implementación de una agenda ideológica que es rechazada por la sociedad».
Astrid Ríos: «La sociedad civil será un actor importante en la defensa de la soberanía, de la familia y del matrimonio. Es nuestro deber alzar la voz y exigir que se respete nuestra soberanía»
«La sociedad guatemalteca, y de los demás países latinoamericanos, debe monitorear el desarrollo local de la opinión de la Corte para identificar si llega al Congreso en forma de iniciativa. En la mayoría de nuestros países hay un consenso popular que rechaza la agenda ideológica de género y que apela a las normas constitucionales que brindan una protección especial a la familia natural. ¿Pasarán encima de la voluntad de todo un pueblo?».
Astrid Rios de Marroquín, directora ejecutiva de la Asociación la Familia Importa, no se sorprende, pues «desde hace algún tiempo la Corte se convirtió en un órgano político, apartándose de su mandato y excediendo las facultades que le fueron otorgadas por los Estados parte».
«Guatemala y los demás Estados de la región están llamados a tomar acciones concretas en contra de los abusos de la Corte. Deben reaccionar y denunciar el activismo de los magistrados en instancias clave».
«La sociedad civil será un actor importante los próximos meses en la defensa de la soberanía, de la familia y del matrimonio. Es nuestro deber alzar la voz y exigir a las autoridades tanto nacionales como internacionales, que se respete nuestra soberanía y se recuerde al tribunal en cuestión que es un órgano con funciones y atribuciones específicas a las que debe sujetarse».
Honduras: la Corte se tornó rehén de una agenda ideológica
Martha Lorena de Casco, de ProVida Honduras, destaca que debe frenarse la pretensión de la Corte recordando que su función consultiva tiene una competencia y alcance diferente a la de los casos contenciosos.
«Cuando el expresidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, presidió la Corte Interamericana, entre 1981 y 1983, emitió dos opiniones consultivas de gran relevancia y en ambas precisó su alcance, acorde con lo establecido explicitamente en el propio Pacto de San José, que salvaguarda la soberanía de los países que lo suscriben».
«Reina dejó claramente establecido que los efectos de las opiniones consultivas no son vinculantes y luego agregó que existen menos razones para argumentar que otros Estados deben acatar dicha opinión».
Leonardo G. Camarena: «Las personas homosexuales deben ser respetadas en su dignidad, pero no se puede alegar que bajo este argumento se abandone la protección especial que el Estado debe brindar al matrimonio»
México: cancillerías deben pedir rectificación y defender la soberanía de sus países
Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, considera que las cancillerías deben pedir con valentía una rectificación y debe exigirse que la Corte se ciña a la competencia que le atribuye en el Pacto de San José sin extralimitarse.
«El activismo del tribunal regional es inédito, debe recordarse que órganos como éste deben conducirse respetando la soberanía de los países que reconocen su competencia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, manifestó en una situación similar de 2016 que no existe el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo como un ‘derecho’ y que no se debía imponer su reconocimiento a los países de la región si sus parlamentos locales no lo aprobaban».
«Las personas homosexuales deben ser respetadas en su dignidad, eso esta fuera de discusión, pero no se puede alegar que bajo este argumento se abandone la protección especial que Estado debe brindar al matrimonio y a la familia en su constitución natural, como unión de un hombre y una mujer, ambiente adecuado para el desarrollo integral de los niños».
«La Corte afirma, por ejemplo, que la ‘orientación sexual’ y la ‘identidad de género’ son ‘categorías’ protegidas por el Pacto de San José, lo cual es totalmente falso. Los magistrados actúan con un claro sesgo ideológico».
Panamá: ¿cómo obligarnos a acatar algo que nunca pactamos?
Juan Francisco de la Guardia, presidente de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, afirma que la Corte ha actuado en sentido opuesto a su mandato original.
«Parece que el objetivo de los actuales jueces es contribuir a la imposición de la Ideología de género en toda Latinoamérica. Con esta ‘opinión consultiva’, los magistrados se quitaron la máscara. El pueblo panameño no aceptará pasivo esta tentativa«.
«La Convención Americana sobre Derechos Humanos no dice que los países de la OEA deben adoptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al contrario, afirma explicitamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y pide la especial protección del Estado a la familia».
«Si lo que quieren imponer ahora no está expresa y claramente señalado en la Convención que la República de Panamá y otros países del contiene aprobaron, ¿cómo pretenden ahora obligarnos a acatar como nación algo que nunca pactamos?».
«Esta situación sorprende a los países en su buena fe y avasalla la libertad propia de los estados soberanos pues conlleva una imposición»
Paraguay: no puede ser una cuarta instancia que deja sin efecto nuestras leyes
Gloria Flor de Juilfs, de la Federación por la Vida y la Familia, afirma que la postura de la Corte es preocupante. «Opera avasallando la soberanía de cada Estado que le reconoce competencia y pasa por encima del orden constitucional interno».
«La Corte es un tribunal supranacional que se manifiesta a través de fallos y sentencias, sólo puede dictaminar casos específicos en los cuales se en los cuales se han agotado todas las instancias legales, no puede convertirse en una cuarta instancia que deje sin efecto las leyes internas de los países miembros de la OEA».
«Paraguay no debe someterse al capricho de la Corte, nuestra Constitución ofrece especial protección a la familia y el matrimonio es explicitamente reconocido como unión de un hombre y una mujer».
Mario Fernández, coordinador del Foro de Diálogo Civil de Paraguay, después de consultas con juristas y académicos, indica que la opinión consultiva 24/17 de la Corte Interamericana contiene una interpretación de artículos de la Convención Americana que es presentada como si exigiera una adecuación de legislaciones internas de los Estados a dicha interpretación.
En realidad, «la opinión consultiva no es vinculante. Por eso esta situación sorprende a los países en su buena fe y avasalla la libertad propia de los estados soberanos pues conlleva una imposición. La función legislativa no debe quedar a merced de un tribunal».
Oscar Escalante: «Buscar la imposición del aborto, del ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo… solo son una muestra del activismo judicial y la ideologización de la Corte»
Perú: se invisibilizan los verdaderos desafíos
Oscar Miguel Escalante, coordinador de la sede en Perú del Frente Joven, considera que la ‘opinión consultiva’ de la Corte es una muestra más de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) viene abordando de manera activista temas ajenos a la Convención Americana de Derechos Humanos.
«Abordar temas que contravienen, ya no solo la Convención, sino la identidad cultural de la región y la soberanía de los Estados impide un avance en los reales desafíos en torno a los derechos humanos que afrontamos los latinoamericanos. Buscar la imposición del aborto, del ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo, la subrogación de vientres y otros parecidos solo son una muestra del activismo judicial y la ideologización de la Corte».
«Lo más grave es que los ciudadanos reclaman una sociedad más digna a través de la promoción y el sostenimiento de los derechos fundamentales y el SIDH les da la espalda y los invisibiliza. La Corte olvida que la región es una de las más desiguales del mundo. Esto supone un evidente desafío a los derechos humanos que afectan a niños, jóvenes y mujeres cuya solución no pasa por la agenda ideológica que la Corte prefiere promover».
G. Alloise: «La Convención Americana de Derechos Humanos establece explicitamente lo contrario de lo que los magistrados sostienen en la ‘opinión consultiva'»
Uruguay: han tergiversado el contenido del Pacto de San José
Gianella Aloise, del Instituto Americano de Protección de los Derechos Humanos, advierte que el tribunal ha tergiversado el contenido del Pacto de San José al realizar una reinterpretación arbitraria de los conceptos de ‘identidad’, ‘libertad’, ‘igualdad’, ‘matrimonio’ y ‘familia’.
«Los tratados internacionales sobre derechos humanos –así como nuestra ley nacional- establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La garantía de libertad e igualdad ante la ley se aplica a las personas por su condición de tales».
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus atributos no puede interpretar el concepto de familia. La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 17 numeral 2, establece explicitamente lo contrario a lo que los magistrados sostienen en la ‘opinión consultiva’, pues reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia».
