Con declaraciones de intenciones inequívocas o fórmulas sibilinas y de lenguaje alambiacado. Todo vale para trufar las más de 40 páginas del pacto de investidura alcanzado por el Partido Popular y Ciudadanos de ideología de género.
Entre los ‘150 compromisos para mejorar España’, tanto la formación liderada por Mariano Rajoy como la encabezada por Albert Rivera, han acordado algunas disposiciones contrarias a la naturaleza de la familia, la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos, o la libertad de pensamiento y de conciencia.
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Suscríbete ahoraRecrudecer la Ley de Violencia de Género
El pacto prevé reforzar la cuestionada Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fomenta el uso de denuncias instrumentales (el 87% de las presentadas no acaba en condena) y alimenta una multimillonaria industria vinculada a partidos políticos, en especial con el PSOE.
Además, prevé la incorporación de los preceptos del Convenio de Estambul, aprobado por el Consejo de Europa en 2011, en vigor en España desde hace dos años y que asegura que «la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer está basada en el género».
Cuando la violencia no tiene género, ni es consustancial al varón como se desprende de la Ley de Violencia de Género española.
No en vano, ambas formaciones acuerdan dotar de más recursos económicos a los “Observatorios de Violencia de Género”, formados por las mismas asociaciones que deciden los programas a realizar, los ejecutan y por tanto, reciben las subvenciones, a imagen del Observatorio Estatal de Violencia de Género.
Beneficios sin denuncia ni juicio
Si bien en la actualidad la mera presentación de denuncia ya desencadena numerosas consecuencias jurídicas, legales, económicas y sociales antes de que se pronuncie un juez, ahora el PP y Ciudadanos se proponen dar un paso más.
Entre las medidas relativas a la llamada violencia de género contenidas en el pacto, destaca la que prevé asegurar “garantía habitacional para las víctimas no supeditada a la existencia de una denuncia previa”.
Discriminación y adoctrinamiento
El acuerdo suscrito propone “igualdad en todos los ámbitos y lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, orientación sexual y/o de identidad de género”. Aunque es comprensible que en un pacto de esta naturaleza no se entre a detallar qué entienden los firmantes por “discriminación”, es fácil colegir a tenor, por ejemplo, de la ley de adoctrinamiento sexual aprobada recientemente en la Comunidad de Madrid con el apoyo de estas dos formaciones junto a Podemos y el PSOE.
No en vano, se propone “mejorar la Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género”, lo que en la práctica supondrá la aplicación a nivel nacional del adoctrinamiento que en esta materia prevé leyes autonómicas como la madrileña.
El pacto contempla el impulso de políticas de adoctrinamiento escolar a través de programas de formación del profesorado inspirados en la ideología de género
Además, el pacto contempla en su punto número 73 el impulso de políticas de adoctrinamiento escolar a través de programas de formación del profesorado inspirados por la ideología de género, lo que choca con lo acordado en el punto 86 del pacto: “Facilitaremos que los padres puedan ejercer eficazmente su derecho a elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos”.
Por otro lado, desprecian el discurso de la meritocracia que han abanderado en alguna ocasión para justificar otras medidas políticas, para imponer medidas coercitivas que fomenten la contratación laboral de mujeres, así como su inclusión en órganos de dirección empresarial, no en atención a su valía profesional, si no a su sexo.
“Familias de todo tipo”
En el punto 66 del pacto, se propone un Ley Integral de Apoyo a las Familias “de todo tipo”, ignorando el carácter específico de la institución familiar que no puede ser equiparado con otros modelos de convivencia.
Algunas luces: custodia compartida
A pesar de contener un buen número de medidas inspiradas en el pensamiento impulsado por Simone de Beauvoir, el pacto también recoge algunas medidas que pueden tener un alcance positivo respecto a políticas familiares.
Entre las luces del acuerdo destaca la propuesta de «incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio»
El punto 68 del acuerdo pretende «impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en el caso de separación o divorcio».
Se trata de una importante reivindicación, que no en vano ya ha recibido el apoyo de más de 100.000 ciudadanos en el curso de una Iniciativa Legislativa Popular que puede ser respaldada online cumpliendo todos los trámites legales sin necesidad de DNI electrónico.
Por otro lado, en otro orden de cosas, el pacto suscrito por Ciudadanos y Partido Popular, prevé (punto 53) avanzar en la regulación del proceso final de la vida en el Sistema Nacional de Salud, subrayando el derecho a que las personas «sean ayudadas con cuidados paliativos (…) pero sin abordar en esta norma la eutanasia activa o sedación final inadecuada».
