El domingo Lidia Falcón celebró su 85 cumpleaños merendando en casa con algunas amigas, muchas de ellas camaradas del Partido Feminista de España. Este año el cumpleaños de Lidia tenía un significado especial pues al día siguiente tenía que acudir a declarar ante la Fiscalía de Delitos de Odio por una denuncia interpuesta por Mar Cambrollé, en representación de la Federación Plataforma Trans, a la que se adhirió la Generalidad de Cataluña.
Entre otros, los hechos denunciados como delito de incitación al odio eran unas declaraciones en los que la veterana feminista denunciaba la utilización por parte del colectivo transexual de un niño de ocho años, que fue presentado, travestido de niña, en la Asamblea de Extremadura:
Me llamo Elsa y tengo 8 años y no es la primera vez que se habla de mí en este sitio, la asamblea de Extremadura. Hace cuatro años mi madre contó mi historia, soy una chica transexual.
Según los denunciantes, la crítica realizada por Lidia Falcón “estigmatiza al colectivo transexual” y es un intolerable ataque de odio contra un menor, al que “niega su identidad.”
Qué quieren que les diga. Este pobre niño al que su entorno ha accedido a llamar Elsa no es una chica. Por mucho que él o sus padres quieran, biológica y legalmente, su identidad es masculina.
Y quién le está haciendo daño no son las personas que, sin ninguna inquina hacia él, constatan una verdad evidente, sino unos padres irresponsables que exponen a su hijo innecesariamente ante las cámaras de televisión, en vez de proteger su privacidad tal y como harían unos padres de familia responsables.
La ley trans es una sinrazón porque elimina de hecho las categorías antropológicas de hombre y mujer, el macho y la hembra de la especie humana, necesarias para la perpetuación de nuestra propia estirpe
¿Qué pasará si ese niño, dentro de unos años, como tantas veces ha pasado a otros menores, supera su actual, (en el caso de que la tenga), disforia de género? ¿Cómo podrá volver al anonimato del que nunca debió salir?
Increíblemente, los que se enfrentan a un tribunal y, ¡ojo!, a una pena de cárcel no son los que han perpetrado semejante atropello, sino quienes lo ha denunciado.
No es la primera vez que alguien en España es llevada a los tribunales por decir una verdad evidente. HazteOir.org ha sido denunciada en repetidas ocasiones ante los tribunales por decir lo que dicen los libros de biología: que los seres humanos que tienen órganos reproductivos masculinos son hombres y los que tienen órganos reproductivos femeninos son mujeres.
Cierto es que, al final, estas cosas se terminan ganando. Porque en España, por lo menos hasta que Pablo Iglesias consiga controlar la Justicia, existe un Estado de Derecho. Y nuestra Constitución reconoce el derecho a la Libertad de Expresión y la Libertad de Información.
Y en el fondo, el lobby trans lo sabe. Pero con esta especie de pistolerismo legal que emplean lo que buscan es silenciar a todos aquellos que no están de acuerdo con su odiosa ideología y pretenden que las leyes trans que están tratando de imponernos se aprueben sin apenas debate social.
Pero se equivocan. Porque no nos van a callar. Seguiremos denunciando que la Ley de
Transexualidad que Irene Montero pretende sacar adelante es una grave amenaza para las mujeres, que quedarán completamente desprotegidas ya que cualquier hombre podrá ser
considerado mujer por una mera declaración de voluntad. Es una amenaza también contra
nuestros niños y niñas, que podrán ver su sexo alterado irreversiblemente y recibir
tratamiento hormonal antes de llegar a la pubertad. Es una injusticia para todas nuestras
deportistas, ya que tendrán que competir, como de hecho ya pasa en algunos países, con
hombres biológicos que les superan en corpulencia y fuerza.
Pero, sobre todo, es una sinrazón porque elimina de hecho las categorías antropológicas de hombre y mujer, el macho y la hembra de la especie humana, necesarias para la perpetuación de nuestra propia estirpe.
Si por defender la Verdad somos perseguidos por la Justicia, nos sentiremos bienaventurados. Si este es el precio que tenemos que pagar para que la Opinión Pública conozca el contenido de una ley que, de otro modo, sería aprobada de tapadillo, lo pagaremos con gusto.
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