El Estado peruano será sometido al Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las próximas semanas. El borrador del documento para examinar a Perú recoge 202 “recomendaciones” para corregir “sus deficiencias” en la protección de los derechos humanos. Dichas “recomendaciones” no excluyen proponer que se deroguen leyes correctamente aprobadas por el Congreso o ratificar tratados ya rechazados por el mismo, además de una larguísima lista de aquellas referidas al concepto ideológico de género en detrimento de temas tan necesarios como la erradicación de la pobreza, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, vivienda, entre otros.
El Consejo de Derechos Humanos creado supuestamente solo para monitorear el compromiso internacional del Perú en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ha ido transformando en un juzgado supranacional decidido a eliminar la soberanía nacional y subvertir nuestra leyes y principios constitucionales.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraEfectivamente, este año le ha tocado al Perú estar en el banquillo de acusados para su Examen Periódico Universal (EPU). El EPU es el proceso que ONU utiliza para instalar su agenda ideológica en los estados miembros pobres. Cada 4 años y medio bajo la excusa de “una revisión de los historiales de derechos humanos”, el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, “ofrece la oportunidad para que cada Estado declare qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países” para luego darle “recomendaciones” de lo que considera son “sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
¿En qué consiste el proceso del EPU?
Revisemos el caso de Perú. El Consejo de Derechos Humanos ejecutará el EPU al Estado peruano en su 53er período de sesiones entre el 19 de junio y el 14 de julio de 2023.
El proceso comenzó el 25 de enero de 2023 cuando el Ministro de Justicia, José Tello Alfaro, presentó el informe del Estado peruano. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Perú recibió además informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre el Perú. Estas “partes interesadas” fueron un conjunto de entidades públicas y ONGs locales e internacionales en su mayoría de izquierda y convocadas a dedo.
Ante esta información, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Perú organizó un diálogo interactivo con respuestas del delegado peruano y elaboró un documento preparatorio que recoge tanto los “avances” en materia de derechos humanos como las “recomendaciones” de otros estados.
En total han sido recogidas 202 recomendaciones para que el Estado peruano:
Modifique o derogue leyes aprobadas en el Congreso, por ejemplo, la Ley N° 31498 que garantiza la calidad de los materiales educativos y otorga a los padres de familia el derecho de conocer y opinar sobre el material educativo que reciben sus hijos en el colegio. Esto lo pide Noruega. El Reino Unido de Países Bajos pide lo mismo, pero como “derogación de la Ley num.904-2021” que fue el número con el que se identificaba el proyecto de ley con el cual se aprobó la Ley N° 31498.
Ratifique tratados internacionales, algunos de los cuales el Perú ya rechazó con los mecanismos constitucionales respectivos en el Congreso de la República, como es el caso del Acuerdo de Escazú.
Garantice la permanencia del Jorge Luis Salas Arenas al mando de la autoridad electoral nacional, brindándole protección y garantías. El referido funcionario público ha sido cuestionado por su actuación en las últimas elecciones presidenciales en la que fue elegido Pedro Castillo.
8 recomendaciones para que se despenalice o legalice el aborto bajo cualquier circunstancia (Finlandia, Estonia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Islandia y Alemania).
6 recomendaciones para que se garanticen los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que incluye el aborto. Con lo cual, sumadas a las del punto anterior, son 13 recomendaciones a favor del aborto.
29 recomendaciones referidas al enfoque de género: 21 sobre políticas públicas y 8 sobre aprobar nueva legislación.
Para tener una idea del sesgo ideológico, las recomendaciones que hacen sobre erradicación de la pobreza solo es 1, agua y saneamiento son 4, sobre vivienda 1 y seguridad alimentaria 1.
Como puede apreciarse, un EPU es una puesta en escena de un aparente consenso social y político en torno a temas supuestamente relevantes en materia de derechos humanos. Pero en realidad son una acción sistemática y orquestada por la ONU para adoctrinar, pues solo habrían sido invitados a participar aquellos incondicionales de la agenda ideológica de la ONU dentro y fuera del aparato estatal.
No sorprende, por tanto, que la versión del estado de los derechos humanos en el Perú que unos pocos funcionarios peruanos ofrecen en la ONU, termine siendo muy alejada del sentir de la población y de sus verdaderas necesidades.
