Michelle Bachelet, ante la previsible pérdida de las elecciones presidenciales de finales de 2017, puso en marcha varias medidas legislativas que minarían al Gobierno de Sebastián Piñera: la ley del aborto y la Ley de Identidad de Género.
Ambas leyes quieren cambiar el rostro social de Chile, y parece que con la llegada al gobierno de Piñera, ocurrirá como en España con los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Cuando la izquierda propone esas leyes, levantan la voz, critican esas leyes, pero cuando llegan al Gobierno las dejan como están. Y en el PP, como en Chile Vamos, muchos de los diputados se declaran católicos, pero no hacen nada para echar para atrás leyes que van contra el hombre.
Pero durante las próximas semanas todo estará en vilo. Pese a los esfuerzos de la presidenta Bachelet por dejar ya aprobada de manera definitiva la Ley de Identidad de Género, la guinda del pastel para la el lobby LGTBI, no se han podido cumplir los plazos y todavía está en trámites. Tanto el Senado como el Congreso se encuentran en un período inhábil por las vacaciones y volverán a trabajar el 1 y el 5 de marzo respectivamente, a la espera de que el 11 de marzo tome posesión Sebastián Piñera. En ese tiempo habrá dos sesiones pero se tratarán otros temas.
¿Qué ocurrirá con la Ley de Identidad de Género? Pues que, como en el caso español, lo más probable es que seguirá adelante. La ley se encuentra en su tercera tramitación tras aprobarse la proposición de ley en el Congreso y el Senado. Ahora tiene que volver al Congreso, pero se encontrará con una composición distinta: Chile Vamos, el partido de Piñera tendrá 19 de los 43 senadores y 72 de los 155 diputados.
De esta manera, Piñera tendrá varias opciones: bloquear la ley -lo que no se dará-, o tratar de quitarle fuerza -que puede ser lo más probable-. Hasta llegar a la situación actual la presión social logró que se introdujeran ciertas modificaciones como que los menores de 18 años no podrán ser hormonizados ni cambiar su sexo, dando también blindaje a la patria potestad; y los mayores de 18 tampoco podrán hacerlo si tienen vínculos matrimoniales no disueltos.
Si el Congreso rechaza parcial o totalmente el proyecto, se creará una comisión mixta que emite un informe que deben discutir y votar las dos cámaras. Y ese informe una vez aprobado, se integra en el proyecto aprobado. Y como último recurso, el Tribunal Constitucional -¿recuerdan el recurso a la ley del aborto que presentó el PP ante el Tribunal Constitucional?
Pese a todo, una aprobación, aunque sea aguada, ya es abrir la puerta a futuras ampliaciones.
Para generar todavía más dudas sobre las intenciones, Sebastián Piñera nombró como ministra de Igualdad y Equidad de Género a Isabel Pla Jarufe, firme detractora del aborto y que ha publicado declaraciones como «rechazo el aborto, con la absoluta convicción de que es una de las mayores injusticias de la humanidad (como fue antes la esclavitud, considerada legítima durante siglos; y como sigue siendo, a mi juicio, la pena de muerte)» o «Lo que de verdad no puedo admitir, es que el Gobierno se dé el gusto de impulsar una ley originada en un engaño y se ampare en una falsa compasión, todo para evadir su obligación de exponer con transparencia a los chilenos su real propósito: establecer el derecho a interrumpir la vida del que está por nacer, hoy por tres causales, las que -se los doy firmado-, irán ampliándose progresivamente».
Ese nombramiento podría dar la impresión de que se pretende frenar las recientemente aprobadas leyes de los tres supuestos o de Identidad de Género, pero ya Sebastián Piñera afirmó que su Gobierno realizaría «mejoras» a la ley del aborto -pero no dijo nada de derogarla-; y sobre la ley de Identidad de Género, aunque manifestó su rechazo durante el proceso de aprobación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel afirmó hace unos días que «el Congreso tiene la potestad de seguir tramitando todas las iniciativas que no son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo».
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