Muchos profesores del sur de la Comunidad de Madrid han comunicado a Profesionales por la Ética que están recibiendo ofertas para realizar talleres de educación afectivo-sexual. La Asociación de Planificación Familiar de Madrid (APFM) ofrece actividades de educación afectivo-sexual dirigidos a alumnos de todas las etapas, desde Primaria hasta Bachillerato incluyendo PCPI y otras formaciones profesionales.

Los talleres se imparten por personal de la misma asociación y tienen como objetivo alentar a  «la participación en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos». Esto quiere decir, en el lenguaje de esta asociación, implicarse en la promoción del aborto como derecho.

Algunas personas creen que La Sexta da información.

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La APFM de Madrid pertenece a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y a través de esta última a Internacional Planned Parenthood Federation (IPPF). Esta entidad, conocida por ser la multinacional con más abortos realizados ha tenido que reconocer, después de las múltiples denuncias recibidas, que recibía dinero a cambio de partes de los cuerpos de los bebés abortados.

La Consejería de Sanidad de Madrid confirmó una sanción administrativa, según la Ley General de Sanidad, a la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) que puede llegar hasta los 600.000 euros por financiación ilegal.

Los padres pueden impedir se den estos cursos

La portavoz de Libres para Educar, Alicia Rubio, opina que es fundamental que los padres conozcan qué asociaciones e instituciones forman a sus hijos en educación afectivo-sexual «porque los cursos y talleres generalmente no son neutrales desde el punto de vista ético sino que ofrecen una concepción ideológica particular de la sexualidad y las relaciones afectivas».

Este es el motivo que por el que recomienda que los padres soliciten información previa, durante el curso escolar sobre qué actividades formativas van a recibir sus hijos en educación afectivo-sexual y otros temas que afectan a cuestiones moralmente controvertidas.

Para ello, deben entregar en las secretarías de los centros un formulario de solicitud previa de información y consentimiento expreso. «Con la Constitución Española en la mano, los padres pueden negarse a que sus hijos sean educados en valores y principios contrarios a los suyos» afirma Rubio.

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