La Asociación Española de Abogados Cristianos presenta una querella por prevaricación contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, por poner en el perfil oficial del cuerpo en Twitter la bandera LGTBI.
Solicita además medidas cautelares para obligar a la institución a quitar la bandera de sus redes sociales.
En la querella, la organización juristas denuncia la colocación de un “distintivo ideológico que representa al lobby LGTBI junto con el escudo de la Guardia Civil violando así no sólo la obligación de neutralidad ideológica de cualquier administración pública sino también violando el artículo 18 de la Ley Orgánica 11/2017 que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil”.
La querella señala que “vinculando una ideología a la propia institución de la Guardia Civil, la querellada estaría vulnerando no sólo el deber de neutralidad de la Institución Pública, sino las de todos sus miembros, a los que sin su consentimiento y en contra de la mencionada Ley 11/2007, estaría vinculando a una determinada ideología, en contra de su deber de neutralidad”.
También se cita como jurisprudencia en la querella la imposición de sanciones de Margarita Robles a un miembro de la Guardia Civil por hacer comentarios políticos en la red social Facebook.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “este gobierno no ha dejado de utilizar las administraciones públicas al servicio de su agenda ideológica desde que llegó al poder”.
10 procesos abiertos por colocación de banderas LGTBI
La Asociación Española de Abogados Cristianos asegura en su web que ha abierto al menos 10 procesos por colocación de banderas LGTBI en edificios públicos en contra de lo señalado por el Tribunal Supremo.
De ellos, surtió efecto inmediato el seguido contra el Ayuntamiento de Cádiz. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Cádiz admitió las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos y obligó este viernes al Ayuntamiento de Cádiz a retirar la bandera LGTBi colgada en uno de los mástiles de la fachada principal de su edificio.
El juez en su auto asegura que “no existen dudas en razón a la doctrina del TS sobre la materia”.
Abogados Cristianos ha presentado además una querella por prevaricación contra el alcalde de Cádiz, José María González “Kichi” por colgar en el Ayuntamiento la bandera arco iris en contra de lo que dicta el Tribunal Supremo.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos subraya que «lo dice la ley, lo ha dicho el Supremo, ahora otro juzgado… ¿Cuántas sentencias hacen falta para que algunos cumplan la ley?» y se muestra convencida de que “en este caso no hay dudas. Poner una bandera no oficial en un edificio público va en contra de la ley y así lo había dictado ya el Supremo”.
Castellanos pide que “los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados”. Y destaca además que “en este caso, es algo recurrente”. La presidenta de Abogados Cristianos recuerda que “el alcalde de Cádiz ya infringió la ley en el pasado y fue obligado por un juez a retirar una bandera republicana que colgó en la fachada del Ayuntamiento de la ciudad”.
Castellanos insiste en que “los mandatarios públicos están al servicio de todos los ciudadanos y no se puede permitir que utilicen los organismos públicos como sus chiringuitos particulares para hacer apología de una ideología”.
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