El Gobierno del Reino Unido ha anunciado recientemente que va a iniciar el proceso legislativo para prohibir las llamadas «terapias de conversión», término con el que se pretende descalificar a la ayuda profesional y multidisciplinar que algunas personas con atracción hacia personas del mismo sexo solicitan de manera voluntaria.
A través de un comunicado oficial de la Oficina de Igualdad del Gobierno, se anuncia que «se introducirá legislación que proteja a las personas de la práctica coercitiva y abominable de la terapia de conversión».
No se trata de que no haya prohibiciones al respecto, que ya están vigentes, si no de «garantizar que se elimine de una vez por todas» cualquier fórmula de itinerario profesional o acompañamiento encaminado a reafirmar la heterosexualidad de los individuos que así lo deseen libremente.
Para ello, el Ejecutivo británico anuncia que se compromete a aumentar los fondos disponibles para las personas que considera «víctimas de la terapia de conversión».
La ministra de Mujeres e Igualdad, Liz Truss ha reivindicado el gabinete presidido por Boris Johnson como «líder mundial en derechos LGTBI» al tiempo que se ha comprometido a poner en marcha los trámites parlamentarios lo antes posible, no sin antes realizar una ronda de consultas con los grupos de presión LGTBI.
Esta iniciativa se añade a otras de calado como la imposición obligatoria de adoctrinamiento LGTBI en los colegios bajo pena de sanción a los centros que la rechacen.
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