La Comunidad de Madrid violó «los derechos fundamentales a la libertad de expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones y de comunicación, así como los derechos fundamentales a la libertad ideoiológica y religiosa, el derecho a la objeción de conciencia así como la violación del derecho fundamental a la libertad de enseñanza» al multar al director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que criticó las leyes de imposición LGTBI aprobadas en la Comunidad de Madrid bajo el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes.
Por otro lado, la sentencia subraya que la Administración descontextualizó las expresiones vertidas por el director Carlos Martínez en una carta enviada en el inicio del curso 2016-2017 a los padres de sus alumnos en la que critiaba la imposición de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid. Dicha misiva no fue contestada por ninguno de los padres de los alumnos aunque fue objeto de polémica por el uso que algunos medios realizaron de la misiva y la posterior denuncia de organizaciones LGTBI como Arcópoli.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraAsí queda reflejado en la sentencia firme, contrala que no cabe recurso, que se ha conocido hoy y que obliga a la devolución de la multa de 1.000 euros impuesta por la Consejería de Educación de la comunidad gobernada por el Partido Popular, más los intereses a su director.
La resolución también queda avalada por la propia Fiscalía, quien en ningún momento encontró ilícito penal alguno «al no rebasar los límites del derecho constitucional a la libertad de expresión y, concretamente a la difusión deideas u opinión, pudiendo revestir las manifestaciones contenidas en la carta del Director, expresiones desafortunadas e inapropiadas pero sin que de las mismas resulte discurso del odio o a la violencia».
El presidente de la Fundación Educatio Servanda titular del colegio, Juan Carlos Corvera, ha expresado a través de un comunicado su «satisfacción porque se ha reconocido el atropello de no menos de diez derechos fundamentales de las personas».
Al tiempo, Corvera señala su «agradecimiento a todos los que nos han ayudado económicamente a seguir adelante con unproceso judicial en el que hemos tenido que emplear más de diez veces el montante de la sanción».
En el momento de la polémica ápertura de expediente y posterior sanción, que ahora se comprueba ilegal, la asociación Hazteoir.org, también perseguida por las leyes LGTBI, lanzó una campaña de apoyo al Colegio Juan Pablo II y su director, que fue respaldada por más de 70.000 personas.
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