El Juzgado de Instrucción de Orihuela ha admitido a trámite una querella de la Asociación de Abogados Cristianos contra el anterior alcalde de Callosa de Segura, Francisco Maciá (PSOE), y el que fue su teniente alcalde, Ismael Ballester (IU).
Ambos están acusados de un presunto delito de malversación, tipificado en el artículo 432.1 del Código Penal, por contratar «a dedo» con dinero público, a un abogado externo al equipo jurídico del ayuntamiento del municipio.
Ismael Ballester hizo uso de la defensa de este abogado en un juicio celebrado en octubre de 2018 por un delito contra el honor de Abogados Cristianos. La organización de juristas señala que “el abogado contratado con dinero público tiene despacho en el Barrio de Salamanca de Madrid y está muy vinculado al PSOE”.
Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos, resalta que “igual que en este caso vulneraron la ley con una contratación ilegal, hace ahora ya tres años que este mismo equipo de gobierno derribó la cruz de la plaza de la Iglesia con gravísimas anomalías que están saliendo a la luz en el proceso judicial que sigue aún en los tribunales. Esperamos que el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento de Callosa investigue las irregularidades con las que se llevó a cabo el derribo de la cruz”.
Historia de una resistencia popular en defensa de la cruz
En el año 2016, el gobierno de coalición formado por el PSOE y la alianza de grupúsculos comunista Izquierda Unida decidió derribar el monumento a la cruz situado junto a la Iglesia de Callosa de Segura amparada en la ley de memoria histórica.
El caso fue controvertido, no sólo por el propio hecho en sí, sino porque la parroquia ha defendido en todo momento que la cruz, situada en la plaza contigua al templo, pegada al edificio y rodeada por una valla, estaba situada en terreno privado.
Una buena parte de los vecinos del pueblo se constituyeron en custodios de la cruz y durante meses hicieron guardias para impedir el derribo del monumento. Finalmente, en enero de 2018, y con un dispositivo policial exagerado a todas luces para desalojar a los custodios, la mayoría de avanzada edad, la cruz fue derribada.
Durante meses, los custodios protestaron por el derribo de la cruz. Destacó por su perseverancia en esta tarea Teresa Agulló, una mujer octogenaria que vive frente a la iglesia y que proyectó durante semanas una silueta de la cruz derribada desde su casa. El precio, multas de 100 euros diarias por parte del Ayuntamiento, que fueron retiradas judicialmente tras una acción también defendida por Abogados Cristianos.
Teresa Agulló fue reconocida por su perseverancia en defensa de la Cruz por la asociaicón HazteOir.org en el año 2018.
Comentarios
Comentarios