La Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado al delegado del Gobierno en la Región, José Vélez, por la interrupción de una celebración religiosa en una Iglesia Evangélica de la ciudad de Murcia.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha abierto diligencias previas, según la Asociación, que denunció a Vélez por un posible delito de «interrupción de culto» recogido en el artículo 523 del Código Penal. Considera que los policías que llevaron a cabo dicha operación actuaron cumpliendo sus instrucciones.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraDesde la organización de juristas explican que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11 que «la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que «en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos».
Castellanos recuerda que «el de Murcia no es un caso aislado» sino que la Asociación ha presentado «más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares». Destaca por ejemplo la interrupción de una celebración en la Catedral de Granada o en la de Valladolid, así como en la Iglesia de San Genaro en Madrid, entre otras.
«Consideramos que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el estado de alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista», añade Castellanos, quien cree que «se trata de una persecución religiosa».
«La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa», ha concluido.
