Cuando todavía está en el recuerdo el esperpento ocurrido en Callosa de Segura -el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenó detener el derribo de la Cruz del pueblo, horas después de que el ayuntamiento la hubiera derribado, para días después permitir con la demolición pero conservando todas las piezas- otro caso parecido puede ocurrir en Castellón, con la cruz del Parque del Ribalta.
El ayuntamiento de la ciudad ha aprobado en un pleno extraordinario un presupuesto de 200.000 euros para la reforma de espacios urbanos, entre los que se encuentra la eliminación de la cruz que se encuentra en el Parque del Ribalta.
Por ello la Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo medidas cautelarísimas, de manera que se preserve el monumento y se evite un despropósito como el ocurrido en Callosa de Segura.
El ayuntamiento tiene pendientes varios procedimientos judiciales relacionados con el caso, pero ha anunciado para este año el derribo, sin esperar a la resolución del tribunal
Aunque el tribunal no las ha adoptado, sí que ha solicitado al consistorio de Castellón que especifique en la partida presupuestaria qué cantidad corresponde a la retirada de la Cruz, además de cuándo comenzarán las obras. Una vez conocido, se podrían solicitar de nuevo medidas cautelares o cautelarísimas en su caso.
En el caso de Castellón, como ocurría en Callosa de Segura, los ayuntamientos tenían pendientes procedimientos judiciales relacionados con el caso, pero en el caso de la población alicantina no fueron óbice para que el consistorio siguiera adelante con su ataque a los símbolos cristianos amparados en la Ley de Memoria Histórica.
Además, en el caso de la Cruz del Ribalta, no hay ninguna inscripción y ya en 1979, todos loa partidos políticos de la ciudad, incluidos el PSOE y el Partido Comunista decidieron dejarla y dedicarla a todas las víctimas de la violencia, hecho que demuestra que la intención de derribarla nada tiene que ver con un supuesto cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, sino con cierta aversión a lo cristiano.
La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado en una nota de prensa que espera que «la justicia llegue a tiempo y no pase como en Callosa, que después de iniciar el derribo del monumento, el TSJ de Valencia lo paraliza, para posteriormente cambiar de opinión».
Además, ha insistido en que confía en que «en esta ocasión no se cometa el atropello que se ha producido en Callosa».
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