La asociación Abogados Cristianos seguirá con su querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras reunir en seis horas la fianza de 12.000 euros que le exigía el Alto Tribunal para ir adelante en la acción judicial por delitos de prohibición e interrupción de culto y prevaricación con el agravante de discriminación.
La entidad de juristas considera al ministro responsable de las interrupciones de celebraciones sucedidas en distintos puntos de España durante la vigencia del estado de alarma. En concreto, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que el Gobierno, a través de su Delegación en Madrid ha anulado una sanción por reconocer que acudir a misa estaba entre los supuestos permitidos.
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Suscríbete ahora«El Gobierno está utilizando la situación con el coronavirus para imponer su agenda ideológica laicista. Se trata de un nuevo tipo de persecución religiosa», denuncia.
En concreto, los delitos por los que ha demandado a Marlaska son los de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal, así como de dos delitos contra los sentimientos religiosos, uno de prohibición de culto (art. 522 del C.P.) y otro de interrupción de culto (art. 523 del C.P.).
A juicio de los letrados cristianos, el ministro del Interior es «responsable de las numerosas interrupciones de celebraciones religiosas que tuvieron lugar en diversos puntos de España durante el Estado de Alarma», ya que además de su mando sobre la Policía Nacional, Marlaska tenía transferido el mando sobre las policías autonómicas y locales.
«Los posibles delitos cometidos por el ministro cuentan con el agravante de discriminación», estima Castellanos, ya que según el propio Reeal Decreto del Estado de Alarma en su artículo 11 permite la «asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres», aunque se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».
En definitiva, la represenante de Abogados Cristianos asegura que las interrupciones de ceremonias religiosas que tuvieron lugar durante las semanas de confinamiento fueron «un abuso por parte del Gobierno, que utiliza la situación con el coronavirus para imponer su agenda ideológica laicista».
A su juicio, esto es un «nuevo tipo de persecución religiosa» y denuncia que la reiteración en las interrupciones de cultos evidencian que no fue algo casual y que Marlaska «utilizó el mando único conferido por el estado de alarma para limitar el derecho fundamental a la libertad religiosa».
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