Cada vez que la izquierda quiere lanzar una ofensiva para reclamar la titularidad de catedrales y parroquias para que pasen al Estado, acude al diputado socialista Antonio Hurtado para que pregunte en el Congreso al Gobierno. Y siempre pincha en hueso.
¿Por qué? Porque no hay caso. Porque jurídicamente, con la ley en la mano, la titularidad está clara. Lo que ocurre es que el PSOE, presionado por Podemos y organizaciones laicistas como Europa Laica, se ha fijado como objetivo repescar el laicismo agresivo del Gobierno Zapatero a fin de erradicar el cristianismo de la vida pública en España.
¿Cómo? Pidiendo que se revisen los acuerdos Iglesia-Estado; reduciendo la asignatura de Religión a una ‘maría’ irrelevante o sustituyéndola por enseñanza islámica; y cuestionando la titularidad de los templos para quitárselos a la Iglesia.
En una respuesta parlamentaria a Hurtado, el Gobierno ha señalado que el Ministerio de Justicia ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, entre las que se encuentra la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Este artículo fue derogado en 2015 y, a partir de entonces, esta práctica que permitía realizar la primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad, dejó de ser legal.
El Ejecutivo señala que todas las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia llevadas a cabo hasta la modificación de la Ley Hipotecaria «se han realizado al amparo de la ley y cumpliendo con la legalidad vigente en cada momento».
A partir del 25 de junio de 2015 -fecha en la que se modificó dicho texto- «para practicar inmatriculaciones a favor de la citada Iglesia, deberá acudirse a los medios inmatriculadores ordinarios», señala.
El Gobierno lo ha dejado claro: «no se entiende procedente realizar ninguna acción por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada»
«Pero las inmatriculaciones practicadas con anterioridad son plenamente válidas» y «los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley».
Por tanto, el Gobierno concluye que «no se entiende procedente realizar ninguna acción por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada».
Ya se vió con la ofensiva contra La Seo, lanzada por el alcalde de Zaragoza, el podemita Pedro Santisteve, que el empeño no tenía recorrido jurídico, y que todo obedecía a una maniobra política de la izquierda para presionar al Gobierno.
Pero periódicamente el PSOE desempolva la amenaza laicista y vuelve a plantear el tema.
Hurtado tiene un historial de rifirrafes con el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, tanto por la mezquita-catedral como por el matrimonio homosexual.
Fue muy crítico con el prelado cuando este escribió en una carta que «del abrazo amoroso de los esposos proceden los hijos y nunca como fruto de un aquelarre químico de laboratorio», subrayando que el papel del varón en la familia aporta «protección», mientras que a la mujer le corresponde dar «calor al hogar».
Hurtado reaccionó diciendo que, «con esta carta, el obispo de Córdoba se obstina en negar una sociedad plural como la actual, y adoctrina a sus fieles negando como alternativas vitales la fecundación artificial o las parejas entre personas del mismo sexo, y atribuyendo a la persona papeles contrapuestos y desiguales, según sea hombre o mujer».
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