Más de 60.000 personas se han sumado a una campaña que anima al presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan José Omella para que «defienda los tratados internacionales y la jurisdicción de la Iglesia Católica sobre este santo lugar, para que el Gobierno de España no expulse ilegalmente a los monjes benedictinos de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ni siga adelante con sus planes unilaterales de destrucción de un lugar sagrado».
A juicio de los firmantes de la petición, «el Gobierno de España no puede, ni debe, decidir el destino de un lugar sagrado, sin sentar un peligrosísimo precedente que afecta a la libertad religiosa y a los derechos de los creyentes españoles».
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraLa campaña fue lanzada hace una semana, tras los anuncios por parte del gobierno socialcomunista de España de los planes para la desacralización de la basílica, la expulsión de la comunidad benedictina y la probable destrucción de la cruz que presiden todo el complejo (más grande que el Cristo del Corcovado) y la mayor de Europa.
La iniciativa, impulsada en España por HazteOir.org, considera que «el Gobierno planea una orgía de venganza y destrucción sobre un lugar sagrado, y no podemos quedarnos impasibles» que se concretará en la expulsión de los monjes que rezan por el descanso de todos los fallecidos en la Guerra Civil Española y la reconciliación, desacralizarán la basílica de la Santa Cruz, «resignificarán» el monumento realizado por Juan de Ávalos y, finalmente, derribarán la cruz.
«El deseo de venganza es lo único que mueve a Sánchez. Y nuestra movilización, la de todos los cristianos y ciudadanos españoles de bien, es lo único que puede pararle«, argumentan desde la asociación, razón por la cual reclaman al órgano de coordinación de los obispos españoles que «defiendan y protejan la inviolabilidad de la basílica, a los monjes que la custodian y la permanencia de la cruz».
Recientemente, en una entrevista radiofónica concedida a COPE, monseñor Omella aseguró sobre los planes del Gobierno que “una cosa es lo que se dice y otra es mirar jurídicamente cómo es posible llevarlo a cabo”. Para el arzobispo de Barcelona, en todo caso este no debería ser un asunto prioritario para el Gobierno: “Pido a los políticos serenar a la sociedad y trabajar en lo que preocupa a la gente. ¿Tanto preocupa a la gente que los Benedictinos salgan de la abadía? Como todos, se han equivocado en cosas, pero están allí para rezar. Por tanto, busquemos lo que nos une. La reconciliación es posible”.
