El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha defendido que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) «no cuestiona las exenciones fiscales de la Iglesia» y, por tanto, «no se puede elevar a categoría general».
«No es una desautorización ni un cuestionamiento de las exenciones fiscales que pueda tener la Iglesia sino que se refiere a una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Madrid sobre un litigio y una obra concreta, no elevemos a categoría general», ha precisado Gil Tamayo este viernes 30 de junio en rueda de prensa en Madrid, tras la 242 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, tal y como recoge Europa Press.
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Suscríbete ahoraAdemás, ha precisado que en la sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que la exención fiscal del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de que disfruta la Iglesia Católica en España puede ser una ayuda de Estado ilegal si las actividades ejercidas tienen naturaleza económica, pero «no lo dice categóricamene». En cualquier caso, ha asegurado que la Iglesia quiere «cumplir con la legalidad».
En concreto, la exención sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es la única que se rige por los Acuerdos entre la Iglesia católica y el Estado pues se trata de un impuesto posterior a la Ley de Mecenazgo. Además, el Tribunal Supremo ratificó en una sentencia de 2014 esta exención de la Iglesia a raíz de que el Ayuntamiento de Zaragoza reclamara a Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl el pago de este impuesto por las obras de demolición de un edificio.
Más allá de este impuesto, el de Bienes Inmuebles (IBI), del que también está exenta la Iglesia, se rige por la Ley de Mecenazgo, por la que también quedan exentas de pagar este impuesto las fundaciones y los partidos políticos, entre otros, según ha recordado Gil Tamayo.
«Desamortización encubierta»
Por otro lado, sobre el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1998 que está preparando el Gobierno, Gil Tamayo ha reconocido que fue «una sorpresa» y ha pedido «no entrar en un clima de desamortización encubierta» ni que este censo se convierta en «un listado de bienes objeto de subasta».
«El bien de domino público es un monte que pertenece a una comunidad y pueden pastar o llevarse entre todos los empadronados las cuotas de resina»
«Nosotros lo hemos hecho con absoluto respaldo de la legalidad vigente y conforme a la ley, lo que no se puede es entrar en un clima de desamortización encubierta o manipulación del sentido del bien de dominio público. El bien de domino público es un monte que pertenece a una comunidad y pueden pastar o llevarse entre todos los empadronados las cuotas de resina«, ha explicado.
También ha puesto el ejemplo de una catedral, una iglesia o una casa parroquial y ha indicado que lo que ha permitido la inmatriculación es «darle forma» pero «no le ha dado la propiedad porque la propiedad ya existía«.
«Lo que no puede convertirse es en un listado de bienes objeto de subasta. No, aquí tenemos que ser serios, hay que saber lo que significa dominio público y lo que es el ámbito de la propiedad privada que es en este caso de una colectividad», ha subrayado.
La ley de libertad religiosa «funciona»
En cuanto a la iniciativa de ERC que fue aprobada este jueves en el Congreso para pedir al Gobierno que presente una nueva ley de la libertad religiosa el portavoz de los obispos ha opinado que la actual normativa «funciona», que están «satisfechos» con ella y que «las cosas que funcionan, hay que ayudar a que sigan funcionando».
«Las relaciones institucionales son de «satisfacción, colaboración e independencia»
Además, ha puntualizado que las relaciones institucionales son de «satisfacción, colaboración e independencia» y ha añadido que «lo nuevo por ser nuevo no es garantía de ser bueno». En todo caso, ha indicado que no es una decisión que deba tomar la Iglesia y que respetan las decisiones del Parlamento.
Por otra parte, entre los asuntos abordados por los obispos durante la reunión de esta semana de la Comisión Permanente, también ha destacado el Pacto Educativo. En concreto, la Mesa Eclesial para el diálogo educativo, en la que participan representantes de la CEE, de asociaciones de familia y confederaciones de enseñanza, ya ha celebrado tres reuniones. Si bien, los obispos no han mantenido más reuniones con el Ministerio de Educación.
Para Gil Tamayo, hay un «sentir común» sobre la necesidad de «mejorar la educación», ya que consideran que existe «un grado de insatisfacción generalizada»; y por otra parte, de «desideologizarla».
