La Asociación Española de Abogados Cristianos presenta una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La organización de juristas acusa al magistrado en excedencia de un delito de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal, así como de dos delitos contra los sentimientos religiosos, uno de prohibición de culto (art. 522 del C.P.) y otro de interrupción de culto (art. 523 del C.P.).
La asociación presidida por Polonia Castellanos considera a Grande-Marlaska responsable «de las numerosas interrupciones de celebraciones religiosas que han tenido lugar en diversos puntos de España desde que comenzó el estado de alarma» ya que debido en este momento unifica todo el mando sobre los cuerpos policiales de toda España, incluidos los locales.
Castellanos, considera además que “los posibles delitos cometidos por el ministro cuentan con el agravante de discriminación”. A su juicio, “el gobierno está aprovechando el estado de alarma para imponer una dictadura anticristiana» al tiempo que confía en que este domingo «no se vuelva a vulnerar el derecho a la libertad religiosa”.
Desde la asociación de juristas se subraya que el propio Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11 que “la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.
Por todo ello, Polonia Castellanos asegura que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”.
“Se trata de una persecución religiosa”, incide, al tiempo que resalta que “la reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el estado de alarma para acabar con la libertad religiosa”.
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