El Partido Popular de Madrid aprobó en su pasado Comité Regional combatir el odio hacia las creencias de los católicos, cuyos ataques consideran «inadmisibles», tras una enmienda presentada por el diputado autonómico y alcalde de Alcorcón, David Pérez.
Según ha explicado Pérez en declaraciones a Europa Press, había solicitado en una enmienda que se «protegiera a los católicos de los ataques que sufren». A pesar de que en un primer momento, esta enmienda estaba encardinada en el apartado de «ataques a colectivos, como LGTBI», la coordinadora de la ponencia social y exalcaldesa de Aranjuez María José Martínez, «buscó otro encaje».
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Suscríbete ahoraAsí, Martínez incorporó una redacción a la Ponencia Social, ‘Madrid, una Comunidad al servicio de las personas’, en la que se ponía de manifiesto que «la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española garantizan, entre otros derechos fundamentales, la libertad religiosa y de conciencia, y el Código Penal regula el delito contra tales derechos».
PP de Madrid: «Consideramos inadmisible el acoso que supone para los sentimientos religiosos de los madrileños los cada vez más frecuentes ataques contra la religión católica»
«En consecuencia, consideramos inadmisible el acoso que supone para los sentimientos religiosos de los madrileños los cada vez más frecuentes ataques contra la religión católica que se evidencian desde muy diversas manifestaciones, y por ello debemos prestar la mayor atención a esta escalada», recoge el escrito aprobado por los populares madrileños.
Reducción del número de abortos
Este texto se une a las premisas aprobadas por los populares madrileños en la ponencia social, en la que reafirmaron la intención de emprender medidas políticas encaminadas a reducir el número de abortos de forma paulatina.
En este sentido, se aprobó «la reducción del número de abortos de forma paulatina» después de que la formación acordara con el alcalde de Alcorcón adaptar su enmienda, en la que solicitaba acabar de forma progresiva con el aborto.
En el texto resultante, la formación se compromete a adoptar políticas orientadas a «la reducción progresiva del número y los supuestos del aborto, con el objetivo de limitar al máximo una práctica que implica daños irreparables en términos humanos y sociales».
