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Si Dios no lo remedia y se aplica la llamada Ley sobre de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género, de Cristina Cifuentes, los escolares de Madrid tendrán que aprenderse los diferentes tipos de sexo.

Para elaborar su ‘Plan integral de abordaje de embarazos no deseados’ la Comunidad de Madrid sólo cuenta con la sucursal española de la abortista Planned Parenthood. Abre ahora un periodo de consulta para la participación de los ciudadanos.

Su nombre es Lucía, y su petición es muy sencilla: que no retiren al colegio Juan Pablo II de Alcorcón su concierto educativo. Su petición viene dada por las amenazas que se han proferido por la culpa de la ley LGTBI que aprobó el gobierno de Cristina Cifuentes hace unos meses.

Ha sido la primera víctima de la controvertida Ley LGTB de Cifuentes. Su página ofrece ayuda a las personas que experimentan una atracción no deseada por el mismo sexo y trabaja indistintamente con quienes son gays y quieren seguir siéndolo y con quienes quieren dejar atrás la homosexualidad, pero respetanto escrupulosamente la libertad de cada cliente.

Aunque parezca mentira, esto es lo que a partir de septiembre puede ocurrir en cualquier aula de la Comunidad de Madrid tras la aprobación de la "ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género" el pasado mes de julio.

El grupo de influencia 'El Club de los viernes' dedicado a la defensa de las libertades civiles ha arremetido contra la ley LGTBI de Cifuentes en un artículo de opinión publicado en Libertad Digital con el que pretender destronar la imposición del colectivo de gais y lesbianas en la sociedad española.

Primero fue la ley de Transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid con la abstención del PP, y ahora llega al parlamento autonómico la Ley contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género en favor del colectivo LGTBI.

El PSOE ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley con la que busca legalizar en la Comunidad de Madrid la eutanasia regulando que las personas que se encuentren en el proceso final de su vida puedan rechazar intervenciones o tratamientos propuestos por profesionales sanitarios aunque ello conlleve "acortar su vida".

La Asamblea de Madrid ha reconocido abiertamente que ningún pediatra, psicólogo o psiquiatra fue consultado ni participó como experto en la elaboración de la ley de transexualidad aprobada el pasado mes de marzo pese a los aspectos médicos tan importantes y sus efectos en las personas.