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La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital. La Ley Celaá amenaza gravemente la libertad educativa muy en especial a los centros concertados, la mayoría de titularidad católica.

El Gobierno planea desacralizar el conjunto monumental, derribar la cruz y expulsar a la comunidad benedictina que custodia el Valle de los Caídos. La iniciativa de Hazteoir.org está dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Barcelona Juan José Omella.

Los obispos recuerdan que "la vida humana no es un bien a disposición de nadie" en un documento que valora el avance de la ley de eutanasia en el Congreso. La Conferencia Episcopal insiste en que la ley "no puede proponer la muerte como solución a los problemas".

Estas han sido las palabras del vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, quien ha hablado en Radio Cope sobre la intención de gobierno de publicar el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998.

A su juicio, la eutanasia y el suicidio asistido "conciernen al conjunto de la sociedad y sus instituciones" pues "el ser humano es un ser con los otros y para los otros". Si bien, consideran que en la proposición de ley socialista, este aparece "como aislado de los demás".

Varios templos de diferentes barrios de Madrid aparecen con pintadas en favor del aborto o recordando las palabras del Carde. Osoro en las que dijo que "la Virgen María también iría a la huelga". Además, algunas cerraduras fueron selladas con silicona.

'Reclutar' a Dios para causas que, por nobles  que sean, son siempre polvo y ceniza comparadas con lo que es el centro de la Iglesia -Cristo- es peor que blasfemia; es idolatría. Máxime cuando el Vaticano ya se ha posicionado contra el derecho de autodeterminación de Cataluña.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, ha reivindicado el diálogo como solución al conflicto catalán y ha pedido que se "eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que sitúen a las administraciones y partidos al margen de la práctica democrática".

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha defendido que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) "no cuestiona las exenciones fiscales de la Iglesia" y, por tanto, "no se puede elevar a categoría general".