El Boletín Oficial del Estado publicaba el 5 de mayo de 2016 la declaración de ‘utilidad pública’ de la Federación de Planificación Familiar Estatal.
Menos de un mes después, dicha declaración era revocada por el Ministerio del Interior, debido a que se había comprobado que la entidad se había financiado de forma irregular durante 7 años.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
Suscríbete a Actuall y así no caerás nunca en la tentación.
Suscríbete ahoraUn año y medio después, este martes 14 de noviembre, la Audiencia Nacional va a estudiar de nuevo si rehabilita tal condición a la filial española de la International Planned Parenthood Federation, una de las mayores organizaciones de la industria del aborto a nivel mundial.
El hecho de que no hayan pasado 2 años desde la declaración no es un dato menor. La Ley Orgánica 1/2002 de 22 marzo, reguladora del Derecho de Asociación establece en su artículo 32.2 que, entre los requisitos para el reconocimiento de la utilidad pública es que concurrran en la entidad solicitante «todos los requisitos, al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presenteación de la solicitud«.
La Federación de Planificación Familiar Estatal fue sancionada por la Consejería de Sanidad de Madrid en octubre de 2015 por financiación ilegal
Dado que la revocación de la declaración de utilidad pública fue el 30 de mayo de 2016 y, en el supuesto de que la Federación de Planificación Familiar Estatal hubiera reiniciado los trámites de nuevo una semana después, con todas las irregularidades solventadas, no se podría tomar en consideración la petición al menos hasta el mes de junio de 2018.
Pero más allá del requisito temporal, la Asociación Española de Abogados Cristianos, entidad que descubrió, denunció y demostró la financiación ilegal de la abortista filial española, detalla en un informe 5 motivos por los que el Gobierno no debería proceder a la declaración de utilidad pública de la organización pro aborto.
1.- Falta de transparencia y riesgo para la salud pública
La Federación de Planificación Familiar Estatal fue sancionada por la Consejería de Sanidad de Madrid en octubre de 2015 por financiación ilegal.
Interior, subraya, en la resolución que revoca la declaración de utilidad pública, que había vulnerado la ley en una norma «del ordenamiento de la actividad que justifica su propia existencia, es decir, una norma de la legislación sanitaria».
La Subdirección de Asociaciones autonómica afirmaba que «tal conducta es incompatible con la promoción del interés general, en este caso la protección del importante bien jurídico que es la salud pública».
El Ministerio destacaba también la falta de transparencia de la filial española de Planned Parenthood incidiendo en el hecho de que «no ha aportado toda la información sobre sus actividades y que precisamente la que se ha omitido ha sido objeto de sanción administrativa».
La Federación de Planificación Familiar Estatal colocó, durante siete años, 30 anuncios ilegales en su revista ‘Diálogos’, por los que se calcula unos ingresos de unos 40.000 euros
2.- Siete años de financiación ilegal
Sanidad de la Comunidad de Madrid sancionó a la abortista Federación de Planificación Familiar Estatal por financiación ilegal, al «beneficiarse de publicidad ilícita de fármacos sujetos a prescripción facultativa colocados en sus publicaciones generalistas».
La Organización Mundial de la Salud desaconseja la publicidad de fármacos sujetos a prescripción médica. Productos que, por otro lado, están sujetos a una estricta normativa publicitaria en la legislación que no permite su publicidad para medios no dirigidos expresamente a prescriptores o dispensadores de fármacos.
La Federación de Planificación Familiar Estatal colocó, durante siete años, 30 anuncios ilegales en su revista Diálogos, por los que se calcula unos ingresos de unos 40.000 euros. Dado que la entidad fue sancionada con una multa de 1.500, la Asociación Española de Abogados Cristianos denuncia la rentabilidad que les ha supuesto esta operación ilegal.
3.- Filial de una red de tráfico de órganos de bebés abortados
La Federación de Planificación Familiar Estatal es filial de la International Planned Parenthood Federation. Una de las mayores entidades a nivel mundial dentro de la industria del aborto.
El periodista David Daleiden destapó mediante una serie de investigaciones encubiertas cómo Planned Parenthood, además de fomentar el negocio del aborto, se ha lucrado mediante el tráfico de órganos y tejidos de bebés abortados.
Estos hechos son incontrovertibles, tal y como ha reconocido el Congreso de los Estados Unidos y el FBI está estudiando si este entramado supone un delito federal. Un escándalo que le ha costado a Planned Parenthood ver recortada de forma drástica su financiación pública y privada.
El sangriento negocio desarrollado por la matriz de la organización que el Gobierno de España estudia declarar de nuevo de ‘utilidad pública’ incluía modificar los procedimientos de aborto provocado en función de la demanda de órganos o tejidos que tuvieran.
Aunque la entidad no tiene relación orgánica directa con los establecimientos abortistas en España, también se beneficia financieramente de su actividad
4.- Contra el derecho de los padres a la libertad educativa
La Federación de Planificación Familiar Estatal propugna que la educación sexual debe introducirse en el sistema educativo, desde sus postulados, a partir de los 10 años, sin tener en cuenta el derecho de los padres a determinar la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Este objetivo de la entidad en cuestión, más allá de menoscabar la libertad de enseñanza, contraviene el criterio establecido por el Tribunal Supremo en 2009 en su sentencia sobre la polémica asignatura Educación para la ciudadanía.
El Alto Tribunal señala que las leyes «no autorizan a la Administración educativa, ni a los centros docentes, ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas«.
5.- Conflicto de intereses entre abortorios y farmacéuticas
La Asociación Española de Abogados Cristianos cierra su corolario de razones por las que el Ministerio del Interior no debería rehabilitar la consideración de ‘utilidad pública’ a la Federación de Planificación Famiiar Estatal señalando un conflicto de intereses en el que se halla incursa.
Aunque la entidad no tiene relación orgánica directa con los establecimientos abortistas en España, también se beneficia financieramente de su actividad. Según su última Memoria Anual, el 36% de sus fondos provienen de entidades privadas.
¿Cuáles son? Entre otras se citan los negocios abortistas El Bosque, Dator e Isadora de Madrid así como la Asociación de Clínicas Acreditadas para IVE (ACAI). No es para menos, si se tiene en cuenta que cuatro de cada cinco anuncios en la revista Diálogos corresponden a las empresas dedicadas a practicar los abortos.
El ex presidente de la Federación Estatal, Luis Enrique Sánchez, señalaba en la última Memoria Anual publicada que la retirada de la declaración de utilidad pública se había producido «de una forma más que irregular y al dictado de organizaciones ‘anti elección’» y manifestaba su deseo de que «más pronto que tarde consigamos que los tribunales resuelvan el recurso interpuesto contra aquella injusticia».
El actual presidente es el ginecólogo Guillermo González Antón.
