La doctora Christine Forster, ex presidenta del Comité de Supervisión del Aborto (ASC, por sus siglas en inglés), le dijo al Comité de Justicia Seleccionado en 1995 que los consultores usaban motivos de salud mental para practicar abortos bajo demanda.
Las estadísticas publicadas recientemente en Right to Life por el Comité de Supervisión del Aborto, en virtud de la Ley de Información Oficial para los 20 asesores más activos, indican que se siguen practicando abortos bajo demanda. Hubo 13,285 abortos notificados en 2017 y hay aproximadamente un aborto por cada cuatro nacimientos vivos.
Otro consultor aprobó 1.150 abortos y rechazó solo ocho solicitudes de aborto por un total de $ 159,414 dólares (unos 138 euros)
Las estadísticas revelan que un «consultor certificador» aprobó el asesinato de 1.452 niños por nacer, por ello recibió unos honorarios de 227,138 dólares (unos 196 euros) por consultas breves con las mujeres que querían abortar. Este consultor rechazó solo cuatro solicitudes de aborto que incluirían mujeres que cambiaron de opinión y eligieron la vida para su bebé. Otro consultor aprobó 1.150 abortos y rechazó solo ocho solicitudes de aborto por un total de $ 159,414 dólares (unos 138 euros).
Un tercer consultor aprobó 838 abortos y rechazó ochenta. Esta es una tasa de rechazo sin precedentes, de casi el diez por ciento, que plantea preguntas muy importantes. ¿Se está esforzando este consultor por respetar plenamente los derechos de los niños por nacer?
En 2012 la Corte Suprema, en su decisión sobre el Derecho a la Vida, ordenó que la ASC, si bien no podían indagar sobre casos individuales de aborto, tenía el deber de hacer un seguimiento con los consultores certificadores sobre cómo acataban la ley con respecto a las solicitudes de aborto.
«Es la mayor tragedia de derechos humanos de nuestra era, contrariamente a las leyes de la humanidad»
Desde Right to Life preguntan qué medidas ha tomado ASC para investigar a los consultores sobre el continuo aborto ilegal bajo demanda que prevalece en Nueva Zelanda.
El Portavoz de la organización, Ken Orr, explica que «el Parlamento tenía la expectativa de aprobar esta legislación que protegería los derechos humanos de los niños por nacer y protegería la salud y el bienestar de las mujeres vulnerables que enfrentan un embarazo no deseado. Este objetivo fue consagrado en el título largo de la ley que dice: … los abortos pueden autorizarse solo después de la plena consideración de los derechos de los niños por nacer».
«Es la mayor tragedia de derechos humanos de nuestra era, contrariamente a las leyes de la humanidad. Las estadísticas revelan que los consultores certificadores han abdicado de su responsabilidad y su ética profesional para proteger vigorosamente la vida humana desde el mismo momento de la concepción», asegura.
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