El 1 de junio de 2010 el Partido Popular, entonces en la oposición, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica 2/2010, conocida como Ley Aído, que supuso la consideración legal del aborto -la muerte provocada de un ser humano durante su vida prenatal- como un derecho absoluto durante las primeras 14 primeras semanas de vida prenatal y además como una prestación sanitaria pagada con dinero público, con independencia de si quien realiza el aborto es un centro público o un negocio privado. El Partido Popular entendía que eran inconstitucionales un total de 8 preceptos de la ley, así como su disposición final segunda.
Desde entonces, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, más de 10 años después y alrededor de un millones de seres humanos abortados en este tiempo para los que, tal vez, un pronunciamiento del máximo órgano de interpretación constitucional en España podría haber supuesto la diferencia entre la vida y la muerte.
Algunas personas creen que La Sexta da información.
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Suscríbete ahoraDerecho de petición
La Asociación Española de Abogados Cristianos considera, vistas las cifras de aborto en la última década, que «en esta tragedia hay un cómplice: el Tribunal Constitucional». que con su silencio «está consintiendo que se acabe con 262 vidas diarias en España», denuncian.
Por eso, este grupo de juristas especializados en la defensa de los derechos fundamentales en España se ha propuesto «usar la ley para acelerar este proceso», impulsando una campaña que moviliza a los ciudadanos para que, mediante el llamado derecho de petición, insten al Tribunal Constitucional a emitir una sentencia.
El derecho de petición es un mecanismo relativamente desconocido entre la ciudadanía en general, protegido por el artículo 29 de la Constitución Española, que permite a cualquier persona dirigirse a una institución pública, administración o autoridad sobre un asunto de su competencia.
En este caso, se trata de reclamar al Tribunal Constitucional un pronunciamiento, al entender que se han vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa y el principio de impulso de oficio y de celeridad en las administraciones públicas.
Asímismo, se alega que la inacción durante una década del Tribunal Constitucional causa «daños irreversibles de imposible reparación» debidos al «descomunal retraso del Tribunal Constitucional», puesto que en este tiempo se han producido más de 750.000 abortos «muertes que, de haberse declarado la inconstitucional de la ley recurrida, en tiempo razonable o, de
haberse estimado las medias cautelares solicitadas por los recurrentes en su escrito de demanda, se habrían evitado».
El escrito de derecho de petición se puede descargar en la web de Abogados Cristianos. Una vez relleno con los datos y firmado, la asociación pide que les sea reenviado para presentarlo ante el Tribunal Constitucional.
